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En sus 54 artículos y dos Protocolos Facultativos, esta normativa define los derechos humanos básicos que disfrutan infantes y adolescentes: a la supervivencia, al desarrollo pleno, a la protección contra influencias peligrosas, los malos tratos y la explotación; y a la plena participación en la vida familiar, cultural y social.

Lo más importante de la Convención es que existe, y es el instrumento jurídico de derechos humanos más ratificado (por todas las naciones, excepto Estados Unidos y Somalia), lo que obliga a los gobiernos a introducirlo en su marco jurídico y a aplicarlo, aseguró a Granma José Juan Ortiz Bru, representante de la UNICEF en Cuba.

—¿Cuál es la situación 20 años después?

Encontramos a cientos de millones de niños sin escuela, trabajando, en redes de prostitución infantil…, todavía existen gravísimas vulneraciones de derechos. Podríamos decir que presenciamos la esclavitud moderna: los niños sin derechos.

Pero tampoco podríamos afirmar que no haya cambiado nada la situación de la infancia en el planeta. Cada vez hay mayor presión en los gobiernos para que esta Convención se cumpla.

El hecho de que un niño hoy no pueda ir a la escuela es mucho más injusto que dos décadas atrás, pues el mundo actual se presenta con mayor desarrollo técnico, tecnológico, económico, tenemos más habilidades, muchos más recursos, pero seguimos vulnerando sus derechos.

Entonces, tenemos que generar un entorno protector de la infancia para que pueda desarrollarse en plenitud de defensa de sus derechos.

—¿Cómo marcha la aplicación de lo dispuesto en la Convención en América Latina?

La situación de América Latina es, en cifras, mejor que en Asia o en África. Pero el problema en esta región son las grandes bolsas de exclusión que hay. Por ejemplo, el 96% de la población indígena y el 92% de los afrodescendientes viven en la pobreza.

El desequilibrio y abandono social han generado que hoy la infancia y la adolescencia no solo sean receptoras, sino generadoras de violencia; estamos viendo el fenómeno de bandas de menores armados que cometen delitos.

—¿Cómo valora la situación de la niñez y la aplicación de la Convención en Cuba?

En término general solo puedo hablar muy bien. Cuba tiene una peculiaridad desde hace muchos años: tener a la infancia como una prioridad política. Aquí los entornos protectores se crearon, se potenciaron y se intentan mantener al máximo los valores defendidos a nivel de familia, comunidad, de país. ¿Cuál es el resultado de eso? Pues que de los millones de niños sin escuela, sin salud, en bandas organizadas, en redes de prostitución… ninguno es cubano o cubana.

Esto es un gran logro, sobre todo porque Cuba no es un país rico; además de estar bloqueado, aquí no hay uranio, ni diamantes; pero como ha habido una prioridad política se han logrado resultados.

Desde nuestro punto de vista esa es la demostración de que es falso el argumento de que para proteger a la infancia se necesita mucho dinero. Para proteger a la infancia se necesita mucha voluntad política.

—La Convención cumple dos décadas, ¿qué perspectivas ve en su cumplimiento?

Necesito ser optimista, y lo soy en base a la evolución que ha tenido. El siglo XXI nos exige una rehabilitación constante de la Convención, que es un instrumento jurídico para la sociedad, y esta no es la misma de hace 20 años. Mientras haya países y gentes que lo consideren una prioridad, el mundo irá mejor. Y este país es una demostración. En el informe sobre el progreso de las naciones publicado recientemente, lo que pedimos es crear un entorno protector en cuanto a la infancia y yo creo que Cuba es un modelo de eso; perfeccionable, como todo, pero es ya un entorno protector.

Afirmó José Juan Ortiz Bru, representante de la UNICEF en Cuba, en entrevista ofrecida a Granma por el aniversario 20 de la Convención sobre los derechos del niño

Lourdes Pérez Navarro
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En 1989 los dirigentes de la comunidad internacional coincidieron en la necesidad de poner en vigor un instrumento jurídico destinado exclusivamente a los menores de 18 años. Así nace, el 20 de noviembre, la Convención sobre los derechos de los niños.

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