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Expropiado de jornada

Magdalena Gómez

En unos días culminará en la Ciudad de México la marcha que salió el pasado 25 de abril de la comunidad wixárika de Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan, de los municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco, para exigir al Presidente de la República, la ejecución de las diversas sentencias a su favor logradas a lo largo de 16 años, que ordenan la restitución de más de 11 mil hectáreas de tierras ocupadas por ganaderos de la región. La marcha de cerca de 200 comuneros, fue un acuerdo de asamblea desde el pasado marzo. Se trata de la inédita decisión de organizar una movilización al caminar 800 kilómetros para mostrar al país y al mundo la falta de acceso a la justicia, pese a que lograron que los tribunales agrarios reconocieran que las tierras invadidas pertenecen de manera ancestral a su territorio comunal. Como señaló Silvia Ribeiro, tras recomendar el texto de Ramón Vera Herrera, Evangelina Robles y José Godoy ( Ojarasca, mayo 2022), desde 1953, en una resolución presidencial se reconoció que esas tierras son de las comunidades wixaritari, afirmando a su vez un título virreinal de 1718, que reconoce al pueblo wixárika como su legítimo dueño ( La Jornada, 21/5/22). Por todo ello ordenaron los magistrados agrarios la restitución, sin que a la fecha se hayan ejecutado completamente tales sentencias definitivas; si acaso 2 por ciento, han indicado. Como lo han reiterado, denunciado y probado en las instancias judiciales, se trata de 81 ganaderos mestizos, que han invadido y en consecuencia ocupado 10 mil 448 hectáreas en la zona de Huajimic, municipio de La Yesca, Nayarit. Mientras otras 800 hectáreas han sido invadidas en Puente de Camotlán, del mismo municipio. Justamente en el texto referido de Ojarasca se retoma la experiencia de gobiernos anteriores con el programa denominado focos rojos, con el que proponían incluso pagar indemnizaciones a los invasores para que salieran, sin establecer plazos ni tomar medidas para que dejaran la tierra, con el riesgo de que la siguieran ocupando y con más dinero. Todo lo cual generó desconfianza entre otros en el caso wirrárikas.

El Congreso Nacional Indígena (CNI) respalda activamente la que denomina larga marcha por la dignidad y la conciencia wixárika y ha expuesto el recuento de la lucha jurídica y política detrás de esta decisión de emprender el camino para exigir justicia directamente en Palacio Nacional. Autoridades que participan en la referida marcha, con una comisión, avanzaron el pasado 16 de mayo a la Ciudad de México para realizar, en el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, una conferencia de prensa en compañía de su abogado Carlos González, quien de nueva cuenta retomó la trayectoria jurídica de la defensa territorial de los wixaritari. Lo destacable y novedoso de dicho ejercicio de comunicación fueron los mensajes políticos. En primer lugar denunciaron que a esa fecha no se habían comunicado con ellos desde Palacio Nacional; en seguida declararon que no son fifís, ni conservadores, son pueblos originarios y, como retomó Gloria Muñoz ( La Jornada, 21/5/21) indicaron que detrás de esta movilización no hay más que su derecho. Ni un partido ni grupo político los dirige. Y concluyeron con una advertencia: no se moverán de la capital del país sin respuesta satisfactoria a sus demandas. Antes que eso, es posible que caravanas de otros pueblos se sumen y hagan presencia en la Ciudad de México, con sus denuncias. Está en curso la estrategia de los Planes de Justicia para algunos pueblos indígenas, el relativo a los yaquis es el central con la participación directa del Presidente de la República, quien el pasado fin de semana en Sonora avaló esbozos de planes para los mayos, los seris y los guarijíos y ordenó recursos adicionales al de los yaquis.

Como antecedente para las comunidades wirrárikas, el pasado 23 de marzo recibió el Presidente a algunos representantes de centros ceremoniales, autoridades tradicionales y comuneros wixaritari de Jalisco, Nayarit y Durango. Plantearon respeto a sus sitios sagrados, en especial al de Wirikuta, en San Luis Potosí. Casi de inmediato y tras una rápida ceremonia para él y su esposa, se comprometió a proteger y conservar los sitios sagrados. Ese día anunció que elaborarían un plan de justicia para el pueblo huichol o wixárika de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas. Más que una esperanza para la marcha que está por arribar a la Ciudad de México, este anuncio es motivo de preocupación, pues, como expresaron en un comunicado del CNI, para ellos no significa nada la promesa de que sus demandas serían incluidas en un «nebuloso» plan de justicia. Seguramente les viene a la mente la experiencia de los llamados focos rojos y también la que resultó en agresión poco antes de la llamada 4T, por parte de los ganaderos invasores en un intento de ejecución de una de las sentencias. La respuesta inmediata que exigen, va por el imperio de la justicia.

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