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Expropiado de jornada

Víctor M. Quintana S.

Aquello no fue un estallido aislado, ni mucho menos una ocurrencia de unos jóvenes idealistas. Fue una de las expresiones de todo un magma de inconformidades, agravios, proyectos revolucionarios, luchas sociales que bullían en el estado de Chihuahua desde principios de los 60: eso fue lo que sucedió en sábado 15 de enero de 1972: un grupo de jóvenes comunistas, autodenominados Los Guajiros, organizó un triple asalto a otras tantas sucursales bancarias de la capital del estado: dos al Banco Comermex, institución insignia de la burguesía chihuahuense, y otro a Bancomer.

Fue un ciclo de años rojos en Chihuahua: desde las luchas agrarias y tomas de tierras conducidas por la UGOCM a principios de los 60, y las movilizaciones de los estudiantes normalistas. La cerrazón gubernamental y la represión radicalizaron a los activistas que se fueron a la guerrilla y asaltaron el cuartel de Ciudad Madera el 23 de septiembre de 1965, encabezados por Pablo Gómez y Arturo Gámiz. Al ser ahogado el movimiento armado en sangre, retomó la estafeta el Movimiento 23 de Septiembre, liderado por Óscar González Eguiarte y Carlos Armendáriz Ponce. Se internaron en la sierra en 1968 y, tras varias acciones armadas, fueron ejecutados extrajudicialmente en Tezopaco, Sonora. Pero nada extinguió la llama de la rebelión ni en el campo, ni en las ciudades, ni en los centros de estudios de este estado norteño.

Para reclamar la continuidad con las gestas anteriores, los comandos de Los Guajiros llevaban nombres alusivos a las gestas que los inspiraron: Arturo Gámiz García, Óscar González Eguiarte y Carlos Armendáriz Ponce. Sólo en la sucursal Chuvíscar de Comermex hubo enfrentamiento armado con elementos del Ejército y ahí cayeron la guerrillera Adelina Gallegos, estudiante de derecho, y Mario Pérez. Sin embargo, el gobernador Óscar Flores desencadenó una feroz y letal represión contra los jóvenes. En días posteriores fueron ejecutados extrajudicialmente los jóvenes Diego Lucero Martínez, Inocencio Carrillo y Juan Gilberto Flores Díaz. Fueron detenidos José Luis Alonso Vargas, Francisco Javier Pizarro, Rosendo Muñoz, Héctor Lucero Martínez y Marco A. Rascón.

La violencia del gobierno de Óscar Flores, apoyado por el presidente Luis Echeverría, alimentó, sin embargo, uno de los ciclos más intensos de movilización social de izquierda, que hicieron que Chihuahua se convirtiera por unos años en el epicentro de la lucha revolucionaria del país. Apenas cinco días después del asalto, organizaciones estudiantiles de la Universidad Autónoma de Chihuahua, del Instituto Tecnológico, de las escuelas normales, colonias como la Francisco Villa, sindicatos como el de Aceros de Chihuahua, transportes Santa Fe, la democratizada sección 8 del SNTE, el Movimiento Revolucionario del Magisterio, Acción Revolucionaria Sindical y el Frente Auténtico del Trabajo conformaron una asamblea popular que luego devino en el Comité de Defensa Popular, que en los siguientes meses sería el foco de organización y de expresión de numerosos movimientos de protesta en el estado.

El impacto de la feroz represión a los jóvenes idealistas trascendió a los sectores de izquierda. En un memorable manifiesto el 26 de enero de 1972, el arzobispo Adalberto Almeida y Merino y los sacerdotes de la arquidiócesis de Chihuahua manifestaron su desacuerdo con las descalificaciones a la acción guerrillera esgrimidas por los medios oficiales y que se les considerara delincuentes.

Elaboraron un contundente análisis sobre la triple violencia que se da en estas situaciones de conflicto social: al origen, la violencia institucionalizada que apoya al poder del rico sobre el pobre, ahondando las diferencias sociales y haciéndolas connaturales. La violencia de respuesta que es una reacción social, que considera un deber de conciencia comprometerse por cualquier vía a la transformación de la situación opresora, a la que la estructura de poder responde con la violencia de represión para tratar «de controlar la situación», con alto costo de vidas humanas, de la dignidad de las personas y de los derechos fundamentales.

El obispo de Juárez, Manuel Talamás Camandari, y su clero se manifestaron en el mismo sentido una semana después. También lo hizo el Provincial de la Compañía de Jesús, Enrique Gutiérrez Martín del Campo.

Estas declaraciones vinieron a alimentar aún más la justa rabia de la sociedad chihuahuense y de todo el país. El 26 de julio de 1972, el Comité de Defensa Popular instaló un tribunal popular al que acudieron activistas de todo el país. El 2 de octubre de ese año el tribunal emitió su veredicto: se encontró culpables al presidente Luis Echeverría, al gobernador de Chihuahua, Óscar Flores Sánchez, y al conjunto del «gobierno de la burguesía mexicana» de cometer «múltiples crímenes, asesinatos y demás actos represivos contra el pueblo trabajador».

A 50 años de distancia, los sueños de Los Guajiros no lo fueron tanto. Aún perviven sus aportes a la gran corriente por la justicia y la democracia que la izquierda ha conformado en este país. Por eso hay que hacer memoria de ellos. También hay que hacer memoria de la impunidad de Óscar Flores, Luis Echeverría y los que pretendieron ahogar en sangre y tierra de sepultura a las y los soñadores. Esperamos que la nueva comisión por la verdad y la justicia tenga en cuenta todo esto.

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