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Tomado de jornada

Gloria Muñoz Ramírez

En 2018, la defensora ñuu savi Irma Galindo Barrios denunció la existencia de un aserradero que destruía el bosque de su comunidad, en la Mixteca oaxaqueña, con los permisos de autoridades federales y la aceptación de las autoridades locales y comunitarias. En 2019 interpuso la querella por el hostigamiento y persecución en su contra por parte del presidente municipal Heriberto Nicanor Álvaro Galindo y del comisariado Crescenciano Sandoval Quiroz. En noviembre de ese mismo año su casa fue incendiada. Hoy, ella está desaparecida.

El 27 de octubre pasado fue la última vez que la ambientalista fue vista en la comunidad de Mier y Terán, municipio de San Esteban Atatlahuca. Dos días antes, junto a otros pobladores, acudió a la puerta del Palacio Nacional, en la Ciudad de México, para exigir audiencia con el Presidente, pero no fueron recibidos e Irma escribió lo siguiente en su cuenta de Facebook: “Entendí más bien que cada quien hace lo que quiere y más con los indígenas. Creo que no entienden que en Oaxaca preparan el campo para desaparecernos a todos.

“Entonces, ¿qué sigue? La tristeza ya no cabe dentro de mí, me alegro de ver a mis vecinos defensores natos de naturaleza y gritar la consigna ‘El bosque no se vende, se ama y se defiende’. Hasta la victoria siempre.”

Días antes de su desaparición, personas no identificadas perpetraron un ataque armado en el que hubo varias víctimas perdieron la vida, 25 casas incendiadas y más de 300 personas desplazadas de las comunidades Ndoyonoyuji, Guerrero Grande, Mier y Terán, todas del municipio de San Esteban Atatlahuca, Tlaxiaco, de acuerdo con información del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas. El día 29 de octubre Galindo debía asistir a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en la Ciudad de México, pero nunca llegó.

«Sólo les creen sus mentiras al presidente municipal, les envían recursos que usan para comprar armas y matarnos y si hay organizaciones o colectivos que quieren ayudarnos también los criminalizan, los amenazan, los hostigan y los condicionan», acusó Galindo, de 41 años, el último día que fue vista.

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