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Tomado de jornada

Raúl Romero*

Durante la segunda mitad del siglo XX mexicano, los empresarios del crimen organizado fueron ganando un lugar significativo en la economía del país, en la estructura administrativa del Estado y también en la sociedad. No se trató sólo de un fenómeno local, sino de uno con alcances globales, y que, visto en esa magnitud, ha merecido la categoría de crimen organizado trasnacional.

Los empresarios del crimen organizado manejan una diversidad de negocios que incluye venta de armas, secuestro, extorsión, trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico de recursos naturales, lavado de dinero, tráfico de drogas y una veintena más de delitos. Para realizar todos estos negocios es necesaria una amplia y compleja red de corrupción que abarca diferentes estructuras del aparato de Estado y redes bancarias y empresariales. La información que ha salido a la luz con los Panama Papers y los Pandora Papers es apenas un esbozo del problema que protagonizan élites políticas, empresarios y figuras del ­espectáculo.

La estrategia militarista y de combate adoptada por el gobierno de Felipe Calderón en 2006, significó expandir una cruenta guerra a todo el territorio mexicano y a todos los sectores sociales. Con la guerra no sólo vino la tragedia y el dolor para millones de familias, sino también vinieron las ganancias para el empresariado criminal: incorporaron a jóvenes empobrecidos a la industria criminal y creció el negocio de las armas ilegales, miles de campesinos abandonaron la siembra de sus cultivos tradicionales y empezaron a sembrar mariguana y amapola, esto a la par de que el mercado de drogas exigía más mercancías y el dinero continuaba lavándose para incrementar las ganancias de las burguesías trasnacionales.

La llegada de un nuevo gobierno en 2018 a México abrió la esperanza en muchos para que esta situación cambiara. Sin embargo, a pesar de la aplicación de algunas medidas de inteligencia financiera y de anticorrupción, tanto los empresarios del crimen organizado como los escenarios y situaciones de guerra han continuado extendiéndose con sus asesinatos, sus desplazamientos y sus desapariciones forzadas. Lo que sucede hoy en Chiapas es prueba de ello, pero también pasa en Guerrero, Michoacán, Sonora, Guanajuato…

La expansión del empresariado criminal encontró en el corrimiento de las fronteras un incentivo para fortalecer su presencia en Chiapas: al volverse México un país de contención de personas migrantes, Chiapas, el estado por el que ingresan al día miles de personas en su camino hacia Estados Unidos, se volvió un punto clave para la trata de personas.

El cártel Jalisco nueva generación, el cártel del Golfo y el cártel de Sinaloa, los tres grupos que, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, tienen presencia en Chiapas, encontraron importantes aliados en cárteles locales y grupos de poder de la región amparados por partidos políticos y estructuras oficiales de gobierno. Asimismo, los empresarios del crimen organizado hallaron un terreno fértil para intereses en un estado en que el Ejército Mexicano financió, entrenó y dio armas a grupos paramilitares para combatir y cercar la rebelión zapatista y a comunidades solidarias y en resistencia. A estos grupos paramilitares se suman otros como la Orcao, grupo que con toda impunidad secuestra, incendia casas y dispara contra comunidades bases de apoyo zapatistas. La violencia narcoparamilitar hoy parece ser la continuación de la misma guerra del pasado, pero reforzada con nuevos actores.

Esta enredada amalgama entre empresarios legales e ilegales y aparato de Estado, que ha estado presente en todo el país y que hoy tiene a Chiapas al borde de la guerra civil, se combina con otros elementos como la crisis de las estructuras reales y formales de gobierno, los actos represivos que ha cometido el gobierno de Rutilio Escandón, así como la adelantada disputa por la gubernatura del estado hacia 2024.

A este complicado escenario hay que sumar que Chiapas es uno de los estados con mayor presencia de efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional, lo que no se ha traducido en la disminución del crimen organizado, sino todo lo contrario: los empresarios criminales hoy son capaces de enviar a sus ejércitos de jóvenes precarizados y explotados a desfilar disparando al aire en ciudades como San Cristóbal de las Casas, exhibiendo así su capacidad de movilización y poder de fuego.

Militarización, paramilitarización, crimen organizado, represión, impunidad y complicidad son algunos de los problemas que tienen a Chiapas al borde de la guerra. Mientras, los pueblos y sus organizaciones hoy intensifican sus procesos para sobrevivir como personas, como pueblos y como organizaciones, llegando al punto incluso de organizar grupos de autodefensa: su vida está en riesgo y no dudarán en defenderla ante el abandono cómplice de los gobiernos.

Chiapas está al borde de la guerra y ojalá, como cantaba Mercedes Sosa, no nos sea indiferente.

* Sociólogo. @RaulRomero_mx

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