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Tomado de jornada

Magdalena Gómez

El Congreso Nacional Indígena cumple hoy 25 años de un caminar activo en defensa de las tierras y territorios de los pueblos indígenas que lo integran. Como sabemos, inició hermanado con el horizonte que abrió el zapatismo y bajo el principio de autonomía de los pueblos indígenas y de sus movimientos. Las luchas actuales contra el despojo dan suficiente evidencia de lo que han declarado las comunidades zapatistas: «No nos conquistaron». Hoy, en el día del «descubrimiento», tampoco hay resonancia ni centralidad de la figura de Cristóbal Colón. Ya en América Latina liderazgos indígenas han destruido sus estatuas. Acá es el gobierno de la Ciudad de México que por estos días se encargó de retirarla por impresentable, pero sólo para ubicarla en otro espacio lejano a la avenida que concentra movilizaciones.

Así que hoy vale enfatizar que el signo dominante para los pueblos indígenas es el de la resistencia a los megaproyectos que por sí mismos denuncian continuidad antes que ruptura o transformación alguna. Basta enumerarlos. Dos impulsados por el gobierno actual: el llamado Tren Maya sobre cinco estados del sureste, al que le dan batalla comunidades de la región y cuyos amparos logrados no son respetados, sin hablar de la muy cuestionable consulta aplicada para validarlo; el Corredor Trans­ístmico, para conectar el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, con el de Coatzacoalcos, Veracruz. Por otra parte, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala, que se oponen hace nueve años al Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluye dos termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto, y que fueron golpeados con el asesinato de uno de sus líderes, Samir Flores Soberanes, quien ya es emblema del movimiento indígena. También continúa su lucha por la restitución de tierras la comunidad nahua de Ostula, Michoacán. La comunidad otomí radicada en la Ciudad de México, que hoy cumple un año ocupando las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) para exigir su derecho a la vivienda digna. Algunas de estas luchas han sido criminalizadas, el saldo de asesinatos y la impunidad que les envuelve son una constante. Tenemos el espejo de Chiapas, donde comunidades sufren ataques paramilitares, desplazamientos forzosos, asesinatos y desapariciones al amparo o inacción del gobierno estatal.

Hasta aquí se han enunciado conflictos generados por decisiones en la llamada 4T o por continuidad de otros que son avalados por la misma.

Debemos anotar un proyecto anunciado hace un año y formalizado el pasado 28 de septiembre, que pareciera abrir una postura oficial distinta al abordar con enfoque de derechos colectivos un plan de resarcimiento histórico que incluyó la petición presidencial de perdón, así como una serie de propuestas en torno a la tierra, el agua, la infraestructura urbana, creación de una universidad entre otras, con una inversión de 11 mil millones de pesos. Hablamos del Plan de Justicia para la Tribu Yaqui. Dicho plan tiene múltiples problemas de fondo que ya han sido tratados en estas páginas por Francisco López Bárcenas, quien describió la trayectoria indigenista de las décadas previas para intervenir los gobiernos tradicionales y nombrar gobernadores duales, esto es, impuestos o a modo. Luis Hernández Navarro ofreció los testimonios de quienes fueron excluidos en el plan referido y suplantados por los gobernadores duales. No se puede asumir que los coordinadores de dicho plan no sabían lo que está en juego. En todo caso el día de la ceremonia Cuauhtémoc Cárdenas puntualizó el significado de la exclusión de la cancelación del Acueducto Independencia, la nula mención de la justicia para los crímenes de Tomás Rojo y Luis Urbano, las divisiones dentro de la tribu yaqui y las experiencias previas de planes fracasados. La Guardia Tradicional de Vícam y sus cobanoa están por difundir un comunicado que da cuenta de que no se respetaron sus mecanismos de gobierno propios, de las contradicciones aun jurídicas que se muestran en las propuestas sobre el distrito de riego, las tierras que se ofrecen, pero sobre todo la exclusión de la cancelación del Acueducto Independencia. En suma, proponen que los compromisos sean viables y que participen los ocho pueblos con sus autoridades tradicionales.

En la ceremonia del 28 de septiembre hubo un recuento de los atropellos que sufrió la tribu yaqui en el pasado, sin dar cuenta de las modalidades contemporáneas, cuando se tienen los decretos del presidente Lázaro Cárdenas de restitución para los yaquis de sus tierras y aguas. Ahí está la clave para que el gobierno decida replantear una problemática compleja y enfrentar intereses creados. El pasado domingo Mario Luna alentó a la tropa de Vícam a no darse por vencidos; les dijo que cuando termine este sexenio seguiremos siendo yaquis, cuando venga otro sexenio también. Resistir es el camino, sin plazos.

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