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El gobierno de la CDMX presenta al Instituto Rosario Castellanos (IRC) como uno de los grandes logros de su gobierno. Sin embargo, este proyecto se ha cimentado sobre la base de la precarización de sus trabajadores.

Por Alejandro Hernandez

Tomado de izquierdadiario

Uno de los programas emblema del gobierno de la Ciudad de México, el IRC, parece un proyecto muy loable, pero quisiera señalar varias cuestiones de cómo funciona y qué condiciones da a sus profesores y administrativos.

Hay que empezar por decir que a los trabajadores de esta institución se les niega la posibilidad de acceso a un salario digno, a prestaciones sociales como salud y vivienda, y tampoco se respeta el derecho al descanso ni a las vacaciones que todo trabajador merece. De acuerdo con el testimonio de un profesor de dicha institución, él logró tramitar ante la Unidad de Transparencia (UT) el nombramiento bajo el cual se justifica el egreso presupuestal por salario en el IRC.

La respuesta fue contundente: UT le confirmó que su labor no era de docente, sino la de “promotor cultural”. Esa es la categoría con la que el IRC tiene contratados de manera oculta a sus profesores. Otro testimonio, en este caso de una profesora: al término del semestre, solicitó una carta o comprobante de su labor en el instituto, esto con el afán de poder integrar esa experiencia a su currículum e iniciar la búsqueda de trabajo, porque la estabilidad en el empleo tampoco figura en el IRC. La constancia le fue negada y su solicitud se diluyó sin ninguna explicación. Solo fue un “no”. Debo señalar que ambos profesores han solicitado mantener su identidad bajo el anonimato para evitar posibles represalias.

Además de lo anterior, los profesores tampoco tienen acceso a un horario de trabajo. En esta ocasión, el profesor que solicitó por escrito su horario de trabajo obtuvo como respuesta que: “él no laboraba formalmente en ese lugar”. El contrato que los profesores firman después de que inician sus labores señala que son únicamente “prestadores de servicios profesionales”, por lo que no existe ninguna relación de trabajo y no pueden (según el contrato) ampararse ni con el artículo constitucional 123, ni por la LFT.

A pesar de que la renuncia de derechos es contra la ley, este instituto -que ha sido uno de los grandes proyectos de la actual jefa de gobierno- considera que puede obligar a los trabajadores a firmar contratos a medio semestre, en los que se encuentran estas cláusulas. Además, se les niega el derecho a tener una copia del contrato.
Otras violaciones

Otra forma de explotación que se encuentra muy normalizada en el IRC es que, a pesar de que existe un pago correspondiente a un número determinado de horas de trabajo, la administración no respeta ni esas horas estipuladas, ni las funciones del docente, tampoco los fines de semana ni los tiempos de descanso individual. La exigencia de trabajos administrativos es muy frecuente fuera del horario de trabajo y en los fines de semana.

Asimismo, el docente debe forzosamente trabajar con sus propios recursos como computadora, luz, internet y, ahora, con las licencias de software adecuadas para las exigencias administrativas: zoom, meet. Si los docentes solicitan apoyo institucional para llevar a cabo las tareas señaladas, las autoridades lo niegan.

Desde la Dirección de Asuntos Académicos del IRC, envían instrucciones a los docentes como “usar el mismo link para todas las sesiones remotas, grabarlas, enviarlas al término de cada clase”, trabajo que no está contemplado dentro de las horas que el IRC paga como “servicios profesionales”. Además, tampoco brinda las licencias adecuadas para almacenamiento de recursos gráficos. Estas mismas autoridades han recomendado en varias ocasiones que se usen las cuentas institucionales de otras universidades como la UAM o la UNAM para que se pueda cumplir con las exigencias solicitadas.

Además de preparar planeaciones didácticas fuera del horario de trabajo, es necesaria la participación en juntas de trabajo. A pesar de no ser trabajadores según el IRC, los profesores y administrativos que se encuentran laborando en ese sitio fueron obligados a presentar la declaración patrimonial 2021. Aunado a eso, los contratos señalan que todos los materiales desarrollados por los docentes, generalmente fuera de su horario de trabajo, son propiedad del IRC; esto viola, además de la jornada laboral, los derechos de propiedad intelectual de los docentes.

La situación de los administrativos no es muy distinta. Sin embargo, la crisis económica agudizada por la Covid 19, el alto nivel de precarización y represión, así como la política pro patronal de las direcciones sindicales, han propiciado que sea muy difícil la organización de las y los trabajadores, y por ello, el temor a realizar tan quisiera denuncias al respecto. Tanto docentes como trabajadores administrativos temen perder estos empleos, aunque sean precarios y les nieguen sus derechos laborales.

Ante esta dura situación, que se repite en todas las universidades privadas, pero también públicas, veo indispensable que nos organicemos desde abajo, con el fin de proponernos pelear por cambiar nuestra realidad. Esto en el camino de unirnos a los millones de trabajadores que están en nuestras mismas condiciones, para luchar por nuestros derechos arrebatados y conquistar una vida, un trabajo, un futuro digno para nosotros y nuestros jóvenes.

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