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Tomado de jornada

Ana María Aragonés

Nuevamente el gobierno de Estados Unidos (EU) rehúye su responsabilidad de proteger a los migrantes en busca de refugio y asilo, y decide que México debe continuar con el programa Quédate en México. La respuesta de Andrés Manuel López Obrador fue aceptar y señalar que «se trata de un asunto social, humano, moral». Es comprensible que el Presidente ponga en el centro del argumento a los migrantes, cuya vulnerabilidad se incrementa ante posibles deportaciones, pero no se entiende que sea «para ayudar a Estados Unidos». Está evadiendo su responsabilidad y compromisos internacionales y debe denunciarse, no tiene ninguna justificación y se trata de una clara injerencia en la política migratoria mexicana. Utiliza el poder, es decir, la capacidad para que otros actúen de acuerdo con sus intereses a través de la coacción y la amenaza de la fuerza pasando por encima de todo compromiso colectivo.

Es bastante clara la forma en la que EU ha tenido injerencia en la política migratoria de México. Habría que recordar que inmediatamente tras la firma del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), en la que supuestamente se concretaba la posición de México como «socio», en 1996 se promulgó la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante (Act 1996), con el fin de reforzar los controles fronterizos, se autorizó la construcción de un muro en la frontera con México, se incrementó la Patrulla Fronteriza y se endurecieron los requisitos para que los migrantes regulares accedieran a servicios médicos. Ley que sigue vigente. En 2005, se pone en marcha el programa denominado irónicamente Fronteras Inteligentes con la excusa del combate al terrorismo y desde entonces las autoridades mexicanas permitieron que EU impusiera un política migratoria orientada hacia la securitización de las fronteras por medio de la Alianza para la Prosperidad y la Seguridad de América del Norte (Aspan). Para 2006 se profundizaron aún más las políticas de seguridad fronteriza a partir de la Iniciativa Mérida.

En 2011 y 2012 se produjo un cambio muy importante. México reconoce los tratados internacionales relacionados con los derechos humanos, se promulga la Ley de Migración que supone una gestión de la migración basada en los derechos humanos, a diferencia de una gobernanza basada en la seguridad nacional y la soberanía como sucede con EU. Al mismo tiempo, en la XXI Cumbre del Grupo de Río, llamada Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, celebrada el 22 y 23 de febrero de 2010 en Playa del Carmen, se decidió la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que heredaría las propuestas del Grupo de Río que busca establecer un ente de convergencia de todos los países de la región de América Latina y el Caribe.

Llama la atención que sólo dos años después de estas nuevas realidades, EU presiona a Enrique Peña Nieto en 2014 para que se aplique el Programa Frontera Sur, un endurecimiento de los controles migratorios con un incremento de la presencia policial y militar en la zona fronteriza.

Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se plantea un nuevo modelo para la migración centroamericana. Impulsar el desarrollo y las oportunidades desde una perspectiva regional para atacar las causas estructurales del fenómeno migratorio y poder así revertir los flujos migratorios. Para ello se acuerda con la Cepal un Programa Integral de Desarrollo para el llamado Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) y el sureste de México. Se esperan inversiones de diversos países y la aceptación de EU. El eje de su política fue la no criminalización de la migración, respeto de sus derechos humanos, visas humanitarias, se iniciaron procesos de asilo, visas de trabajo y se les permite el tránsito por el país. La respuesta de Donald Trump fue fulminante: control fronterizo o se aplicarían aranceles progresivos a los productos mexicanos. Ante la amenaza, el gobierno tuvo que hacer cambios radicales a la política migratoria y lo más cuestionable fue el despliegue de la Guardia Nacional. Al taponar los movimientos los traficantes de personas hacen «su agosto».

Es claro que EU ha impuesto sus condiciones porque puede ejercer el poder, que al estar tan desigualmente distribuido en el capitalismo, como señala Wallerstein, no puede alterarse a partir de la lucha por el mismo poder. La propuesta es transformar la correlación de fuerzas a partir de la integración de los países latinoamericanos y del Caribe, aprovechar los organismos regionales como la Celac, el Marco Integral Regional de Protección y Soluciones (Mirps) y la Cepal para hacer efectivos los derechos humanos, la cooperación y el consenso, la solución negociada de las controversias, y alcanzar el ansiado desarrollo, la igualdad y la libertad de movimientos.

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