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Tomado de jornada

Magdalena Gómez

En la complejidad de la crisis nacional en torno a los frentes de violencia, destaca la necesidad de atender a sus dimensiones e incluso a su localización e impacto. Todo depende de dónde nos coloquemos y ciertamente de que no generalicemos. Distinción que resulta muy difícil si la mirada va desde los pueblos y comunidades indígenas, así no seamos parte de ellos, pero el respeto a sus derechos es inherente al mundo al que aspiramos.

La narrativa es prácticamente opuesta si desde el poder se asume que los hechos cotidianos y demostrables de agresión, despojo y criminalidad, exacerbados en una determinada región, no son significativos para el país, pues en éste hay paz y gobernabilidad, se dice, suponiendo con ello estabilidad y control.

Detrás de una postura semejante está la convicción de que si se reconoce que algo va mal lleva implícita la acusación de que todo está mal y aún peor que antes. En esta polarización nos encontramos si acercamos el lente a la situación de emergencia que se está viviendo en diversas regiones del país. Sólo un ejemplo dramático y presente es el de Pantelhó, Chiapas (además Simojovel, Chenalhó, Aldama, entre otros en la misma entidad). Ante las evidencias del crimen, el pasado 5 de julio, de Simón Pedro Pérez López, defensor de derechos humanos, catequista y ex presidente del grupo Las Abejas de Acteal; las incursiones armadas en contextos de enfrentamiento con la Guardia Nacional de grupos de la delincuencia organizada, cuyos líderes están identificados y ligados también a expresiones partidistas, con las que se han hecho del control electoral de los municipios, algunos provienen del paramilitarismo y gozan de impunidad ante la inacción y o complicidad de las instancias responsables de garantizar la seguridad (véase el análisis certero de Luis Hernández Navarro en La Jornada, 11/7/21). Con el saldo del desplazamiento más reciente : la huida para salvar sus vidas, de alrededor de 2 mil habitantes indígenas, que se encuentran desprovistos de todo tipo de protección. Ante ello, en su conferencia mañanera del 15 de julio, el Presidente de la República afirmó que «el problema es muy focalizado, pero no es una situación generalizada en México; afortunadamente hay paz y tranquilidad hay gobernabilidad», al asegurar que se está trabajando de manera conjunta con el gobierno de Chiapas para regresar la seguridad a la región y frenar los brotes de violencia. Indicó –sin explicarlo– que no se trata de conflictos que vienen de tiempo atrás que son cosas nuevas. Lo nuevo es la presentación pública el pasado 7 de julio del grupo de autodefensa El Machete, que denunció la ausencia del aparato de procuración e impartición de justicia en ese rincón de los Altos de Chiapas, donde durante casi 20 años quedaron en la impunidad los asesinatos y despojos.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha enviado mensajes de alerta al considerar que la estrategia de militarización del Estado mexicano en los territorios de Chenalhó y Pantelhó pone en riesgo la libertad e integridad personal, garantías judiciales y el libre tránsito de la población tzotzil y tzeltal, además, les profundiza el miedo y el terror que los llevó a la actual situación de desplazamiento forzado interno .

A este clima de violencia no escapa la provocación al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El pasado 11 de julio un grupo llamado «Guardianes de la Reserva Huitepec Alcanfores» incursionó en la zona de Huitepec, en San Cristóbal de las Casas, donde habitan desde hace 15 años bases de apoyo del (EZLN). Pretenden tomar posesión de 102 hectáreas del sitio, bajo el argumento de que va a proteger el ecosistema, aun cuando desde hace 15 años las comunidades zapatistas las tienen como áreas de conservación. El promotor de la incursión será por tercera ocasión presidente municipal de San Cristóbal de las Casas y ha sido un activo antizapatista desde 1994.

Ciertamente el actual gobierno, autodenominado de la 4T, tiene una pesada herencia de impunidad por parte de los grupos de delincuencia organizada y las complicidades desde los sectores oficiales; sin embargo a tres años, la estrategia de seguridad, con sus escasos resultados, no se compadece de la grave situación que se vive en algunas regiones del país. Bien se haría en analizar las fundadas evidencias que el Centro Pro de Derechos Humanos ha colocado en su informe titulado Poder militar: la Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense, donde alerta sobre las implicaciones de la renuncia en los hechos a hacer de la Guardia Nacional una fuerza civil. Pareció señal de conciencia, no a la defensiva, la afirmación del Presidente de la República el pasado 15 de julio: «Si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno». ¿Será?

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