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Tomado de jornada

Carlos González García*

Santa María Ostula es una comunidad nahua de origen prehispánico localizada en el municipio de Aquila, Michoacán, en la región de la costa sierra colindante con el océano Pacífico. Esta comunidad resulta paradigmática por varias razones: es propietaria de algunas de las playas más hermosas del Pacífico, habiendo sobrevivido, junto con las comunidades de El Coire y Pómaro, tanto a la cruenta guerra de conquista española como a la campaña de exterminio porfiriana que llevó a la destrucción de comunidades tan importantes como Coalcomán.

Ostula pudo a lo largo del siglo XIX sortear tanto la política desamortizadora de Melchor Ocampo como la Ley sobre el Reparto de Bienes Comunales, expedida en 1851 por el gobierno del estado, y la famosa Ley Lerdo (1856), que prohibió la propiedad comunal, así como la ofensiva neocolonial del porfiriato apoyada en la circular local de 1887 con el fin de remarcar la falta de personalidad jurídica de las comunidades indígenas. Es el caso que en la actualidad conserva la mayor parte de sus tierras comunales y de su organización interna vinculada a la tierra comunal y su cuidado.

Aún más: el 29 de junio de 2009 recuperó una significativa franja de tierras comunales lindantes con el Pacífico que le habían sido despojadas por rancheros y narcos de La Placita; y en menos de un mes levantó el nuevo poblado de Xayakalan. Lo anterior fue posible a partir de una férrea organización sustentada en sus estructuras tradicionales y en el despliegue de una disciplinada guardia comunal que, refundada en el histórico Pronunciamiento sobre la Autodefensa Indígena del Congreso Nacional Indígena, logró rechazar los violentos ataques perpetrados por sicarios del crimen organizado.

El atrevimiento de la comunidad ha llevado a que desde 2009 hayan sido desaparecidos seis comuneros, incluido Francisco de Asís, presidente del comisariado de bienes comunales; y asesinados 36 más, la mayor parte por el sanguinario cártel de Los Templarios. Así, la comunidad tiene otorgadas medidas cautelares desde 2010 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El de Ostula es, sin duda, uno de los conflictos más agudos en el país y tiene como telón de fondo los inmensos intereses que codician sus tierras y las de las restantes comunidades de la región. Playas casi vírgenes, paisajes paradisiacos, intrincados caminos que comunican con el océano aptos para el tráfico de mercancías ilegales y una cadena montañosa pródiga en maderas preciosas, oro, hierro y otros minerales, amén de ubicarse entre los estratégicos puertos de Manzanillo, Colima, y Lázaro Cárdenas, Michoacán, hacen de la región uno de los lugares más apetecidos por los grandes capitales. De hecho, la empresa Ternium –segunda acerera a escala mundial– tiene títulos de concesión minera sobre más de 5 mil hectáreas pertenecientes a Ostula, muchas en las tierras materia de conflicto; y cárteles del narcotráfico, como Los Templarios han sentado sus reales en tiempos anteriores y actuales en toda esa región.

El conflicto agrario y social narrado tiene su componente legal: un dilatado juicio, con número de expediente 78/04, ante el Tribunal Unitario Agrario 38, con sede en la ciudad de Colima, en el que los sedicentes pequeños propietarios de La Placita demandaron, desde 2004, se fije el lindero entre los terrenos comunales de Ostula y la pequeña propiedad. En este juicio y en el recurso de revisión del mismo ante el Tribunal Superior Agrario, se han emitido sentencias que pasan por alto las graves irregularidades contenidas en la resolución presidencial de Ostula, que omiten el estudio correcto de las periciales desahogadas en el juicio y que, por supuesto, favorecen a los pequeños propietarios de La Placita. Resulta particularmente grotesca la resolución que a principios de enero del año pasado emitió el Tribunal Superior Agrario en el expediente 308/2019-38, pues, dicha determinación judicial es frívola y superficial.

Ante la sentencia del Tribunal Superior Agrario, la comunidad interpuso, como último recurso legal, el amparo directo número 203/2020, que se radicó en el segundo tribunal colegiado en materias administrativa y de trabajo, con sede en Morelia. Pero ante la gravedad del caso y la profundidad de los agravios que giran a su alrededor, el pasado 21 de junio solicitó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación –tribunal que para nada se ha distinguido en proteger los derechos e intereses indígenas– atraiga el asunto conforme a sus facultades y resuelva en definitiva y con justicia tan doloroso asunto. Profundizar heridas en un México de por sí destrozado por la violencia y la inequidad o generar un poco de paz y justicia será decisión de este máximo tribunal.

Mientras, Ostula, sumida en el escepticismo hacia las corrompidas instituciones del Estado mexicano, refuerza su identidad territorial y su organización autónoma.

* Abogado de Ostula, integrante del Congreso Nacional Indígena

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