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Tomado de jornada

Ana de Ita*

Este 2021 se cumplen 50 años de la creación de la Zona Lacandona, mediante un decreto presidencial de Luis Echeverría Álvarez que otorgó más de 614 mil hectáreas para 66 familias lacandonas o mayas caribes. Este decreto es hasta la fecha fuente de numerosos conflictos por el territorio. De un día a otro, el decreto convirtió en invasores a 5 mil tzeltales y ch’oles que anteriormente habían establecido 38 colonias; 17 estaban legalizadas como ejidos, pues contaban con resoluciones presidenciales, y las otras 21 estaban tramitando sus papeles.

Pese a la orden de desalojo, los 17 ejidos constituidos decidieron permanecer y defender su tierra, mientras las otras 21 colonias fueron obligadas a reubicarse en dos nuevos centros de población: Frontera Echeverría (actualmente Frontera Corozal) para las ocho comunidades ch’oles, y Doctor Velasco Suárez (actualmente Nueva Palestina) para las 13 comunidades tzeltales. Se trasladaron a pie, en mula, en tractores, dejando atrás sus casas que fueron incendiadas para evitar su regreso y cafetos en producción, que representaban años de trabajo, a cambio de títulos de posesión como comuneros lacandones. Así, la comunidad lacandona, dueña por decreto del territorio, quedó integrada por lacandones o caribes, tzeltales y ch’oles.

Este gran territorio debía ser deslindado y marcar sus límites con una brecha, en 120 días según marcaba la ley, pero esto no ocurrió debido a la resistencia de los ejidos formalmente constituidos que decidieron impedirlo e hicieron de su lucha contra la brecha un eje de su organización, a través de la Quiptic Ta Lecubtesel, una unión campesina tzeltal, fundada por 18 ejidos de las cañadas de San Quintín y Patiwitz.

Para complicar aún más las cosas, el presidente López Portillo decretó en 1978 un área de protección forestal, la Reserva Integral de la Biósfera Montes Azules con 331 mil 200 hectáreas, superpuestas en 70 por ciento a las dotadas a la comunidad lacandona y en disputa con el resto de pobladores. La Reserva Montes Azules afectaba, además a ejidos que el decreto de la comunidad lacandona no había tocado.

La lucha contra la brecha fue una demanda toral de la Quiptic, que en 1980 formó, junto con otras cinco organizaciones, la Unión de Uniones Ejidales y Grupos Campesinos Solidarios y en 1988 al ampliar aún más sus miembros constituyeron la ARIC Unión de Uniones. Muchos de los integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional fueron miembros de la ARIC.

La comunidad lacandona, en su carácter de dueña legítima por decreto del territorio, fue utilizada como instrumento del gobierno para denunciar, demandar y desalojar a supuestos invasores y destructores de la selva. En la región se creó una espiral de venganza y violencia entre las comunidades indígenas. Pero a partir de 2008, los comuneros lacandones decidieron en asamblea general de comuneros apostar por el diálogo y reconciliación con las comunidades colindantes, apelando a su identidad indígena y autonomía para resolver los conflictos agrarios que había provocado el decreto. Con recursos propios, sin ningún apoyo y con la oposición del gobierno y de las organizaciones de conservación, la comunidad lacandona impulsó acuerdos con las comunidades vecinas. Estos acuerdos buscan evitar más confrontaciones y violencia, resolver los problemas entre pueblos indígenas, reconocer las posesiones de las comunidades asentadas en el territorio de la comunidad lacandona, a cambio del compromiso de cuidar y conservar juntas la selva. Durante los últimos 14 años, han logrado establecer acuerdos agrarios con 50 ejidos que han significado recuperar al menos 15 mil hectáreas para la comunidad lacandona.

El acuerdo número 50 se firmó el 10 de marzo de 2020, con la emblemática comunidad tzeltal de Amador Hernández. El ejido contaba con resolución presidencial desde 1969, antes del decreto de la comunidad lacandona y se mantuvo en lucha contra la brecha como integrante de la Quiptic ta Lecubtesel. Logró una ampliación en 1989 como parte de la ARIC Unión de Uniones. Bastión zapatista a partir de 1994, el Ejército Mexicano le expropió 3.5 hectáreas para construir un cuartel militar. Fue hostigada por el Ejército Mexicano diariamente a finales de los 90, pero resistió con métodos de desobediencia civil de manera ejemplar.

El acuerdo agrario firmado entre Amador Hernández, integrante de la ARIC Independiente y Democrática, y la comunidad lacandona le reconoce al ejido la posesión de mil 800 hectáreas que la dotación y ampliación no habían considerado, en tanto que el ejido devuelve a la comunidad lacandona 2 mil 100 hectáreas tomadas.

La comunidad lacandona y los 50 ejidos colindantes que han firmado acuerdos agrarios, a diferencia de hace 50 años, demandan el trazo de la brecha que pondrá fin a medio siglo de conflictos agrarios entre pueblos indígenas hermanos.

* Directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano

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