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Sin duda, la participación ciudadana es esencial para la construcción democrática. Una democracia participativa debe ser la aspiración de toda sociedad humana. Pero una democracia participativa verdadera, construida desde abajo, y no una simulación que explota la figura de la participación ciudadana de manera mezquina.
El mal gobierno de López Obrador se ha caracterizado, fiel imagen del mismo Obrador, por la simulación y la tergiversación para siempre interpretar a modo todo lo que le venga bien, lo que «le caiga como anillo al dedo» para la imposición de su voluntad, o mejor dicho, de la voluntad de quienes realmente gobiernan México. Así, hemos visto cómo manipuló una supuesta encuesta para apoyar su capricho de cancelar el aeropuerto de Texcoco e imponer el de Santa Lucía. Y no, no es que apoyáramos el aeropuerto de Texcoco, lo rechazamos, pero al de Santa Lucía lo rechazamos también, pues se trata de una imposición que pasa sobre la voluntad de los pueblos. En esa consulta, dirigida, se planteaba en realidad la disyuntiva aeropuerto sí o sí, pues así lo exigen los intereses capitalistas. Las voces de los pueblos fueron despreciadas, silenciadas, desprestigiadas. Qué decir de las encuestas a modo en torno a los megaproyectos neoliberales del PIM, el Tren mal llamado Maya y el corredor transístmico. Simulación, cooptación, represión, desaparición y asesinato para imponer los resultados deseados, volando todas las condiciones para una consulta en los términos que lo marca el Convenio 169 de la OIT.

Ahora toca el turno a la mezquina manipulación de los ideales de justicia del pueblo en torno a la figura de los muy lesivos y corruptos expresidentes, verdaderos traidores a la Patria, extranjeros nacidos en nuestro país, como los califica la asociación cívica Mexicanos Unidos en varios de sus comunicados. Desde luego que existe una sed de justicia que hace previsible una amplia participación en una largamente anunciada consulta para juzgar a esos criminales. El problema es que no se puede llevar a juicio a nadie como resultado de una consulta. Esa manipulación maniquea, pues reduce la justicia a un asunto de encuestas, solo propicia un lenguaje y actitudes de odio irracional e invita a pasar por alto la ley, como parece ser un deporte del que gusta el ciudadano presidente. La ley se aplica, no se consulta. En un país donde esa realidad solo se ejerce en contra del propio pueblo, en tanto que a los poderosos y a la clase política se le exime de ella, como no sea por venganzas, resulta absolutamente preocupante tal nivel de maniqueísmo, que aunado a las continuas campañas de odio a opositores y la creciente y descarada militarización del país, solo puede llevarnos a escenarios como los vividos en la vieja Europa de hace un siglo.

El deseado e inaplazable juicio a los expresidentes y demás funcionarios implicados en los múltiples delitos contra los intereses nacionales debe ser resultado del ejercicio de la ley. En este sentido, el Artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales es muy claro, al señalar que

«Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de la Policía.

Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a los imputados, si hubieren sido detenidos en flagrancia. Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes.»

En el caso concreto de los ex presidentes Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponc de León, existe la denuncia penal presentada el 21 de abril de 2005 y a la cual se le asignó la averiguación previa AP.1681/DDF/2005, en tanto que contra Vicente Fox Quezada y Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa se levantó la denuncia el 30 de noviembre de 2012, a la cual se asignó el número PGR/VEIDCSPCAJ/M-II/108/2012.

Ante la inoperancia de la PGR, se interpuso un escrito ante la FGR, a cargo del fiscal Alejandro Gertz Manero el 4 de noviembre de 2019 solicitándole continuara con los procedimientos que incumplieron sus antecesores. La respuesta se emitió en febrero de 2020, informando que el caso lo habían turnado al Delegado de la FGR en la Ciudad de México, ante quien se presentaron miembros de la citada organización, siendo atendidos por conducto de un funcionario que, por vía telefónica interna, informó que el oficio girado por el fiscal «lo habían extraviado», por lo que en ese momento se le entregó una fotocopia del mismo y el funcionario se comprometió a atender la petición y a comunicarse con los quejosos sin que hasta la fecha lo haya hecho.

Ahora, estamos peor; el Ciudadano Presidente de la República ha afirmado públicamente que no existe denuncia o acusación alguna contra los ex presidentes que fungieron en el cargo de 1982 a 2018 y que para poder denunciar a esos personajes se debe llevar a cabo una consulta popular, cuya realización, según el Instituto Nacional Electoral, costaría más de mil millones de pesos. Esto nos parece absurdo, legalmente innecesario y sumamente oneroso para la hacienda pública; negar la existencia de las acusaciones que la asociación Mexicanos Unidos presentó oportunamente; que el Ejecutivo Federal pretenda realizar una Consulta Popular para decidir si se cumple o no lo que es un mandato Constitucional y, además, gastar en esto el dinero que debe ser utilizado racional y prioritariamente para resolver los problemas que más afectan a la mayoría de la población.

Lo expuesto le fue dado a conocer al fiscal Gertz Manero en un segundo escrito entregado en sus oficinas en noviembre de este 2020, solicitándole ordenar al funcionario que corresponda, reanude la investigación de los hechos denunciados y que fueron cometidos por los mencionados ex presidentes de la República y, en su momento, sean consignados ante los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación, para que se les juzgue en México.

A continuación, se exponen copias de lo presentado al fiscal:

Nos preguntamos ¿cómo es posible que al sr. fiscal le honren con el reconocimiento como investigador SNI (SNIF, les digo yo) al más alto nivel, figura reservada para académicos investigadores, cuando no investiga ni las denuncias que lo obligan en función de su cargo?
¿Será una confabulación para imponer el circo de la consulta?
¿El objetivo de la consulta será realmente buscar el castigo de los delitos cometidos por los ex presidentes y sus equipos de trabajo, o será una medida para buscar fortalecer la imagen del titular del ejecutivo federal?

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