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El megaproyecto de la administración de López Obrador generó grandes preocupaciones entre los investigadores

Tomado de infobae

Afectaciones negativas en 10 Áreas Naturales Protegidas, destrucción irreparable de 1,288 sitios arqueológicos, vulnerabilidad de derechos de 146 mil indígenas, empleos precarios y temporales, y predicción de aumento en trata de personas y tráfico de drogas forman parte del resumen del documento Territorios Mayas en el paso del tren: situación actual y riesgos previsibles, elaborado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para el análisis de riesgos en los territorios en los que está proyectado el Tren Maya.

A finales de septiembre de 2019, el Conacyt formó un equipo de 30 investigadores con el fin de estudiar las afectaciones a lo largo de los 1,500 kilómetros que comprende el proyecto: las estaciones, las ciudades y pueblos por los que pasará el tren.

Después de la convocatoria de la consulta, el consejo apresuró a los expertos para entregar los resultados del análisis bajo la idea de difundir los hallazgos antes del proceso.

De acuerdo a una investigación realizada por El Universal y a fuentes cercanas de este medio, un primer resultado del análisis fue enviado entre el 10 y 12 de diciembre, pero en lugar de difundirlo a secretarías y al público, fue detenido.

La investigación completa incluye cinco documentos de 60 cuartillas cada uno, más un resumen ejecutivo que se hizo llegar a la Presidencia de la República.

Ante ello, la División de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dijo que los votantes sólo apoyaron la obra por la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas, pero que ésta no cumplía con los estándares internacionales.

Uno de los investigadores, bajo anonimato, explicó que en el documento faltaba información sobre el proyecto, la cual salió a la luz tras la consulta. “Nos pusieron tiempos muy breves para cumplir con esa fecha, pidiéndonos que entregáramos algo. Y lo hicimos, pero ahí se paró. Nos dijeron que era muy tarde y que ahora no querían sacarlo antes de la consulta para no influir”, afirmó.

Sin embargo, el Conacyt prometió difundirlo en otras dos ocasiones. Nunca lo hizo.

De ese modo, de acuerdo con los resultados del documento, el proyecto del Tren Maya tendrá afectaciones en 10 ANP, entre ellas: Balam Kin y Balam Kú (Campeche); el Parque Nacional de Palenque (Chiapas); Yum Balam, Manglares de Nichupté y Uaymil (Quintana Roo).

Por otro lado, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) registra alrededor de las zonas contempladas para el proyecto 197 localidades indígenas con 143 mil personas de pueblos originarios “que serán afectadas por la construcción y funcionamiento del tren”, se lee en el documento.

En cuanto a los sitios arqueológicos, están en riesgo 1,288. De acuerdo con el informe, “Tendrían una afectación directa que, atendiendo a los cálculos de pasajeros y carga del tren, podrían implicar la destrucción irrecuperable de vestigios culturales, daño físico, adulteración o uso turístico excesivo”.

Además, para que pequeños propietarios aporten tierras para el Tren Maya, se propone el esquema FIBRA (Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces), un fideicomiso que cotizará en la bolsa, en el que las comunidades pondrían las tierras y los inversores el dinero. Sin embargo, los investigadores aseguran que esta inversión se podría perder, ya que “la tierra no podrá ser recuperada, a menos que los propietarios tuvieran el capital suficiente para comprar la totalidad de los certificados bursátiles o los inmuebles construidos encima».

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