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Gloria Muñoz Ramírez

Los 17 normalistas de Mactumactzá, Chiapas, fueron excarcelados, pero no liberados, al igual que sus 74 compañeras quienes, además, fueron abusadas sexualmente sin que hasta el momento haya ningún responsable tras las rejas por esas agresiones. Fue la presión ejercida por sus compañeros, familiares y colectivos de profesores en diferentes estados lo que los y las puso en las calles, pero tendrán que continuar su proceso jurídico, no podrán participar en actividades políticas y tendrán que acudir a firmar periódicamente, con el riesgo latente de ser reingresados al penal de El Amate, como amenazó la Fiscalía de Chiapas.

Los y las futuras maestras rurales no están en libertad. Lo estarán no sólo cuando los absuelvan de todos los cargos, sino cuando, por fin, logren que el Estado deje de atacarlos y renuncie a tratarlos como delincuentes. Las jornadas de protesta que se iniciaron el 18 de mayo pasado para exigir exámenes presenciales para el alumnado mayoritariamente indígena y rural, no han terminado. No los conoce quien piense que con la represión va a callarlos. Tampoco quien imagine que se van a quedar solos, pues aunque grandes sectores de la sociedad los ignore, se tienen a ellos mismos y, por principios fundamentales, no se abandonan.

Así sucedió en la Normal Rural Carmen Serdán, en Teteles, Puebla, donde el fatídico 43 volvió a imponerse. Fueron 43 estudiantes detenidas en una movilización en la que exigían el esclarecimiento de la muerte de dos compañeras. Fueron liberadas, pero sus familiares desconocen los términos y condiciones de su excarcelamiento.

Las estudiantes de Teteles desmintieron al gobernador de Puebla, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, quien las acusó de «iniciar las agresiones contra los policías», cuando en realidad hubo excesiva fuerza pública y violentaron sus derechos.

Las normales atacadas insisten en mesas de diálogo. No viene de ellas la violencia, aunque sí la protesta y la exigencia de que se resuelvan sus demandas educativas, tales como que no se reduzca la matrícula de ingreso, porciones alimentarias justas y arreglos a la infraestructura escolar.

Resisten 17 escuelas normales rurales en el país y en todas se siembra el pensamiento crítico, por eso las quieren desaparecer los gobiernos en turno.

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