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El juicio militar de la cooperante española Juana Ruiz Sánchez, detenida por el ejército israelí el 13 de abril cerca de Belén, en los territorios ocupados, fue aplazado este miércoles hasta el 7 de julio. Juana está acusada de financiación de un partido que Israel considera terrorista. Ella insiste en que al final la pondrán en libertad y en su entorno denuncian que durante la detención se han cometido numerosas irregularidades.

Por Eugenio García Gascón.

Tomado de losotrosjudios

La única particularidad del caso de la cooperante española Juana Ruiz es que se trata de una ciudadana extranjera. Por lo demás ha ocurrido exactamente lo que sucede de manera cotidiana con los palestinos de los territorios ocupados por Israel en la guerra de 1967, a quienes se priva de sus derechos fundamentales sin que nadie se atreva a poner coto a los excesos del ejército.

Juana, de 62 años, fue detenida en la madrugada del 13 de abril en su domicilio de Beit Sahur, en el área de Belén, justo al sur de Jerusalén, por una veintena de soldados que se la llevaron a una prisión israelí siguiendo instrucciones de los servicios secretos del Shin Bet que afirman haber reunido pruebas que la implican en la financiación de las actividades del Frente Popular para la Liberación de Palestina.

El FPLP es un partido de orientación marxista fundado por el cristiano George Habash que durante décadas ha participado en la lucha contra la ocupación, por lo que Israel y varios países occidentales lo consideran una organización terrorista. Se trata de un grupo relativamente pequeño que está integrado en la OLP y cuyas actividades en la resistencia son limitadas.

Afincada en Palestina desde 1984, Juana trabaja desde hace años en el campo de la cooperación humanitaria y ha representado a distintas ONG españolas que ayudan a los palestinos especialmente en el área de la sanidad. También ha colaborado con la cooperación española del ministerio de Exteriores en este terreno.

El Shin Bet sospecha que Juana desvió dinero procedente de donaciones extranjeras para financiar al FPLP. La fiscalía militar formuló la acusación formal el 6 de mayo, aunque su abogada, Gabi Lasky, no ha podido entrevistarse con ella para preparar el juicio del miércoles hasta solo un día antes, lo que ha contribuido a su indefensión.

En una conversación telefónica, el marido de Juana, Elías Rismawi, dijo hace unos días desde Beit Sahur que la familia no pertenece al FPLP y que una prueba de ello es que si así fuera, los soldados también lo habrían detenido a él el mismo día. El matrimonio tiene dos hijos de 30 y 35 años que residen en España.

Aunque la Fiscalía ha permitido que la abogada examine el sumario elaborado por el ejército sobre la investigación del Shin Bet, no le ha proporcionado el tiempo necesario para escuchar la versión de Juana, por lo que la defensa se encuentra en una situación precaria. Finalmente, a petición de la defensa, el juez militar decidió el miércoles aplazar la vista hasta el 7 de julio. La familia espera que la abogada pueda pronto entrevistarse con Juana para preparar la defensa.

Este tipo de incidentes ocurren a diario con la población palestina sometida a una ocupación militar permanente y que continuamente denuncia los juicios que se celebran en centros militares de Cisjordania sin suficientes garantías antes de cumplir sus condenas en cárceles del interior de Israel, una circunstancia que forma parte de la banalidad de la ocupación. El caso de Juana solo es distinto en la medida de que un país occidental se interesa por lo que le ocurre.

En la actualidad hay más de 4.000 palestinos “prisioneros de seguridad” encarcelados dentro de Israel, de los que varios centenares se hallan en situación de “prisión administrativa”, es decir no han sido acusados formalmente de ningún delito específico, por lo que no pueden defenderse.

Juana es coordinadora de proyectos de la ONG Comités de Trabajos para la Salud y el sumario la acusa de participar en actividades de una organización ilegal, de formar parte de la junta directiva de una organización ilegal, de recibir e introducir dinero fraudulentamente en los territorios palestinos y de recibir dinero con falso propósito de varios países donantes de Europa.

La abogada Begoña Lalana, portavoz de la familia en España, considera que el aplazamiento es natural puesto que el ejército no ha permitido a la abogada Lasky comunicarse con la cooperante, aunque lamenta que el juez militar no haya accedido a liberarla. Hasta el martes, todas las peticiones de Lasky para comunicarse con ella fueron denegadas y Lalana espera que esto cambie a partir de ahora.

“Se han cometido numerosas irregularidades”, señala Lalana en relación con las garantías procesales, “aunque ahora se encuentra mejor porque está ingresada en un centro penitenciario de mujeres del norte de Israel y puede relacionarse con otras reclusas, a algunas de las cuales está enseñando español. A su marido, que el miércoles la vio más animada, no le han permitido visitarla. Por su parte, Juana considera que al final la pondrán en libertad porque no ha cometido ningún delito”.

Fuente: Público.es

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