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Francisco López Bárcenas

La represión del gobierno del estado de Chiapas en contra de los estudiantes de la Normal Rural de Mactumactzá tiene muchas lecturas y enseñanzas. Como sucede desde su fundación, las escuelas normales rurales continúan siendo la principal opción que los hijos de los indígenas y de los campesinos pobres tenemos para estudiar y salir de la ignorancia. La mayoría lo hace por vocación y siguen en la carrera, educando a los niños y jóvenes que, cuando sean profesionistas, conducirán los rumbos de la nación; otros agarramos nuestro rumbo y estudiamos otras profesiones: médicos, abogados, agrónomos, carreras todas ellas de orientación social.

Por la razón que sea, en el ánimo de los estudiantes normalistas está obtener conocimientos que los ayuden a orientar a sus pueblos. Por eso el magisterio democrático luchó por su protección legal. «El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales, en los términos que disponga la ley», dice ahora nuestra Constitución Federal.

Este hecho se desconoce desde el poder y si se conoce no se valora, así lo demuestran los embates de las décadas recientes contra las escuelas normales rurales que operan en el país. La agresión del 18 de mayo en contra de los estudiantes de la normal rural de Mactumactzá, Chiapas, es la comprobación del carácter autoritario y represor del gobierno del estado, encabezado por Rutilio Escandón. Quienes pensaron que por el hecho de haber llegado al puesto impulsado por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que surgió y creció con la promesa de cambiar las formas de hacer política, era razón suficiente para que usara como instrumento principal de política la negociación, se equivocaron; contradiciendo su discurso público y el mandato de la Constitución, actúa como el viejo régimen, atentando contra la institución formadora de maestros y reprimiendo a quienes se oponen a ello.

La agresión, grave en sí misma, empeora porque la respuesta gubernamental no es proporcional a las demandas de los estudiantes. Los jóvenes exigían y demandan que se haga pública la convocatoria para nuevos ingresos a la escuela y que el examen de admisión sea presencial y escrito en un cuadernillo, no en línea. Se trata de una demanda lógica y atendible en la coyuntura actual. Como ya dijimos, quienes aspiran a ingresar a la normal son hijos de indígenas y campesinos pobres, que viven en zonas rurales donde muchas veces no existe servicio de luz eléctrica y menos de Internet. Hacer el examen de admisión en línea es un despropósito por muchas razones: por falta de señal de Internet en las comunidades, porque existe, pero es cara dado el nivel de ingreso de las familias de las comunidades, porque está lejos de éstas y hay que caminar horas para llegar a un lugar donde se pueda acceder al servicio, porque para hacerlo se necesita una computadora que cuesta miles de pesos, el importe de meses de comida de una familia. Como sus demandas no eran atendidas, hicieron uso de su derecho a protestar y fueron reprimidos.

Las imágenes de la represión muestran jóvenes «gaseados» y golpeados por la policía estatal, con un saldo final de 93 jóvenes detenidos: 74 mujeres y 19 varones, acusados de los delitos que ningún estudiante se propuso realizar.

La diferencia de género también dice mucho. ¿Por qué detener más mujeres que hombres? ¿Por qué se defendieron menos? ¿Por qué fueron las que enfrentaron a la policía? No existen datos para una respuesta certera, pero sabemos que las mujeres tienen un papel importante cuando de defenderse, defender a sus compañeros o a sus pueblos se trata. También sabemos que la moral social condena más a las mujeres que a los hombres cuando caen en prisión.

Es muy probable que los agentes del gobierno estatal buscaran eso al detenerlas, lo cual se corroboraría con las denuncias de agresiones verbales y físicas, dirigiéndoles palabras ofensivas o ataques sexuales, realizando tocamientos obscenos en sus cuerpos. Eso ofende, y si la víctima es débil, la quiebra.

La mayoría de las personas detenidas han sido puestas en libertad condicional, es decir, estarán en sus casas durante el proceso, pero tendrán que acudir cada 15 días al juzgado a firmar. Esa medida, que a primera vista parece indulgente, resulta otra agresión, pues las personas «beneficiadas» con ella corren el riego de ser señalas como delincuentes, además de que implica la dedicación de tiempo y gastos para hacerlo. Como si el Estado quisiera escarmentar a los y las inconformes.

Por eso es importante la lucha por la libertad total de todos los detenidos, pero al mismo tiempo tener presente que la demanda continúa sin ser atendida: que el examen de ingreso sea presencial y con un cuadernillo, para que todos los que deseen realizarlo puedan hacerlo. Es apenas una forma de apoyar que las escuelas normales rurales sigan funcionando. La otra lucha pendiente es por su fortalecimiento. No hay que olvidar que es un mandato constitucional y una obligación del gobierno hacerlo.

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