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Yadira Borrero-Ramírez y Mauricio Torres-Tovar*

Desde hace tres semanas, Colombia figura en la actualidad pública internacional. Una intensa movilización y protesta social cunde a lo largo de su territorio, con una muy alta participación de jóvenes que aportan con creatividad, innovación y alegría, nuevos repertorios de protesta, decididos a sostenerse en ella hasta que efectivamente consigan cambios demandados hace mucho tiempo. Sin embargo, una intensa represión policial y parapolicial ha producido ya múltiples violaciones de derechos humanos, perpetradas especialmente en los propios barrios populares y ahí donde se han bloqueado vías.

Así, Colombia asume hoy el ritmo de las más recientes movilizaciones y protestas emprendidas en Chile, Ecuador, Bolivia y Perú, tomando la estafeta de este momento en que la región se caracteriza por su alta resistencia social y la exigencia de cambios de fondo, ante el agotamiento de un modelo excluyente de sociedad y de un sistema político que opera en favor de los intereses de las élites, imperantes por décadas.

Esta movilización social surgió a finales de 2019 con el denominado Paro Nacional, en un proceso desacelerado por la pandemia de coronavirus y hoy retomado con ímpetu, a pesar de que el país atraviesa el peor momento de su crisis sanitaria, producto del Covid-19 y de su manejo gubernamental inadecuado.

Como gota que derramó el vaso, el estallido social fue desencadenado por la pretensión del gobierno de Duque de imponer una reforma tributaria que gravaría una vez más a los sectores más pobres y a la clase media, en un contexto social y económico muy precario, de décadas atrás y que la pandemia profundizó.

Sin embargo, las demandas no estaban circunscritas al retiro del proyecto de reforma tributaria, que se logró tumbar gracias a la gran movilización social, sino que han ido mucho más allá, en torno a tres demandas centrales: la primera, por una democracia política sustantiva y directa, manifiesta en lemas como «A MÍ NO ME REPRESENTA NADIE», «QUEREMOS TENER NUESTRA PROPIA VOZ», «DAR LA VOZ A QUIENES NUNCA LA HAN TENIDO», que reflejan la pérdida de legitimidad de los partidos políticos y las instituciones del Estado, incluyendo sus fuerzas armadas.

Una segunda demanda es el cese total a la violencia estatal y paraestatal, utilizada en la historia de Colombia para «resolver» conflictos sociales y diferencias políticas. Esta generación de jóvenes se resiste a ser silenciada por las fuerzas estatales. Y una tercera exigencia es cambiar el modelo de desarrollo extractivista que desde finales de la década de los 80 desarrolló las orientaciones de la banca multilateral, vendiendo activos del Estado, privatizando los pocos desarrollos del Estado social y favoreciendo un crecimiento económico caracterizado como «pro-rico».

En síntesis, se está demandando un modelo que ponga en el centro el cuidado y florecimiento de la vida toda: de ahí la defensa del ambiente, del agro, de la soberanía alimentaria, de la paz, de los derechos a la salud, la educación, el agua, la pensión, el trabajo digno, y el cierre de brechas territoriales, generacionales, étnicas, de género y de orientación sexual, todo ello configura el horizonte ético de este enorme proceso social. Hoy el movimiento en las calles exige un país donde todos y todas tengamos el mismo derecho a desarrollar nuestros proyectos de vida.

Los jóvenes, principales protagonistas de la movilización, no aceptan la perpetuación de las profundas inequidades sociales, étnicas, territoriales y de género. Los gritos multicolores se alzan para exigir que pare ya la injusticia, la violación de los derechos humanos, el futuro sin esperanza. Las viejas élites se resisten a aceptar el cambio, la redistribución y el reconocimiento a los invisibilizados de siempre.

La represión a la movilización y protesta social ha sido brutal. Según la ONG Temblores, se han denunciado 2 mil 387 hechos de violencia policial, de los cuales hay 43 víctimas de homicidio, 33 con agresiones oculares, 18 por violencia sexual, 384 lesionados por violencia física, 146 por armas de fuego y mil 139 detenciones arbitrarias.

Hasta hoy no se avizora una solución de este conflicto, en tanto la movilización social ha entendido que, si cesa ahora, sin una negociación clara que realmente lleve a cambios y no a simples declaraciones gubernamentales como estrategia de desmovilización, se va a perder lo andado.

La dinámica impone fortalecer el reconocimiento y la unidad del campo subalterno, incrementar la presión internacional para defender y proteger los derechos humanos, y presionar para que el gobierno de Duque opte por una salida democrática al conflicto social, lo que aún no parece darse, pues la respuesta ha sido criminalizar la protesta social.

* Asociación Latinoamericana de Medicina Social Sección Colombia

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