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Campesinos de Coyuca se arman

Tomado de jornada

Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de febrero de 2021, p. 26

Coyuca de Catalán, Gro., Campesinos ecologistas de 32 poblados y rancherías del municipio de Coyuca de Catalán, en la región de la Tierra Caliente, solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Luis Cresencio Sandoval González, que investiguen la participación de supuestos elementos del Ejército que, junto con un grupo delictivo, hostigan a las comunidades, asesinan, desaparecen y desplazan a la gente para quedarse con sus tierras y explotar la madera de los bosques del ejido Guajes de Ayala.

El comisario Javier Hernández recordó: «Muchos campesinos eran amapoleros, pero debido al abandono y a la baja del precio en la goma de opio, muchos optaron por no sembrar más, y como ya no es lucrativo el negocio, los grupos delincuenciales optaron por derribar árboles y robar madera en toda la sierra de Guerrero; tal es el caso de los municipios de San Miguel Totolapan, Heliodoro Castillo y Chilpancingo».

Este grupo, agregó, «cuenta con el apoyo de elementos de la Sedena. Me refiero al mayor José Hernández Flores. Solicitamos al secretario de la Defensa Nacional que intervenga porque si no lo hace los enfrentamientos contra dichos militares que hacen labores de sicarios serán inminentes».

Recordó que son 318 los ejidatarios conforman el padrón de núcleos agrarios y que en el ejido viven más mil 600 personas. «Muchas de ellas ya se han armado para hacer frente a estas personas. Por eso hacemos el llamado a la Sedena y a la 35 Zona Militar en Chilpancingo para que se investigue al mayor José Hernández Flores, con base en (el Batallón 109) El Ticuí, en Atoyac de Álvarez».

Javier Hernández presentó en la asamblea a uno de los campesinos que se armó para la defensa de su comunidad y los bosques. «Mucha gente ha tenido que emigrar; tenemos miedo, pero debemos defendernos», dijo.

El recién llegado, con un fusil de alto poder al hombro, dijo: “La protesta de nosotros es por el saqueo de madera en rollo, actos cometidos por los lugartenientes de Chano Arreola (líder de un grupo delictivo). Me refiero a los hermanos Espino Cortés, quienes operan como grupo delincuencial en el Crucero del Aguacate”.

Hernández advirtió a los tres niveles de gobierno que «si no se atienden las demandas del ejido Guajes de Ayala habrá enfrentamientos, en este caso con los militares que están siendo utilizados como sicarios para hacer patrullajes».

A la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales le pidieron frenar la tala ilegal en zonas ejidales donde grupos delincuenciales «están acabando con nuestros bosques».

En nombre de unos mil 600 habitantes del ejido, el comisario Javier Hernández solicitó también al gobernador Héctor Astudillo que «ordene la búsqueda de nuestro compañero Elías Gallegos Coria y de su hijo, Fredi Gallegos García, desaparecidos el 16 de octubre de 2020».

Elías Coria “era presidente del consejo de vigilancia del comisariado ejidal de Guajes de Ayala; a él y a su hijo «se los llevaron los delincuentes y lamentablemente creemos que ya no están con vida. Por eso queremos que el gobierno ayude a dar con su paradero».

A Javier Taja, director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria de Guerrero, solicitó que «se construya una carretera, porque sólo tenemos 65 kilómetros de terracería».

Al alcalde de Coyuca de Catalán le pidió que «visibilice nuestro ejido y atienda nuestras necesidades en la sierra. En el ejido no hay casas de salud, salvo en El Pescado, donde atiende un enfermero apoyado por su esposa, que a pesar de estar embarazada permanece con él 20 días al mes. En los 32 pueblos tampoco hay energía eléctrica; los habitantes tienen que invertir 15 mil pesos para comprar paneles solares, pero la mayoría no tiene ese dinero».

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