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Tomado de jornada

Gloria Muñoz Ramírez

Antes de decidir tomar las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en la Ciudad de México, la comunidad otomí habitaba tres inmuebles en colonias del centro de la capital: la Juárez y la Roma. El temblor de septiembre de 2017 los sacó a la calle y en dos campamentos vivían desde entonces, en condiciones precarias, cubriéndose de la lluvia con lonas y viviendo el desprecio de los vecinos de estas colonias de clase media.

Este año la pandemia les tocó en la calle. El mensaje de «quédate en casa» no es para quien no la tiene, y a la gravedad de su situación se sumó la prohibición de las ventas en la calle. Pero siguieron resistiendo intercambiando muñequitas Lele por despensas. Solicitaron antes y exigen ahora la regularización de los predios que habitan desde hace más de 20 años, pero a la indiferencia gubernamental siguieron los golpes en 2018.

El pasado 12 de octubre tomaron de manera organizada y pacífica las oficinas del INPI. Nadie en el gobierno se dio por aludido. Los y las otomís, que además forman parte del Congreso Nacional Indígena (CNI), red de pueblos en la que Adelfo Regino, titular de la dependencia, participó hace más de 24 años, emplazaron entonces a las autoridades a establecer un diálogo directo e integral con la comunidad.

Ofrecer disculpas (o pedirlas), acción recurrente y al parecer importante para el actual gobierno federal, fue lo que hizo el titular del INPI al reconocer que no se dado salida a sus peticiones y por el uso de la fuerza pública contra ellos. Pero no es una disculpa lo que quieren los pueblos originales de este país, tampoco dádivas ni reivindicaciones palaciegas del copal y sus artesanías. Respeto a sus formas organizativas, dejar de imponer megaproyectos sobre sus territorios, fin del hostigamiento militar y paramilitar sobre sus comunidades, alto a los asesinatos de defensores del medio ambiente, son algunas de sus demandas nacionales. Las urgencias locales también son claras: vivienda digna, espacios para vender sus artesanías sin ser perseguidos y garantías de su derecho a la salud y educación, entre otras exigencias que con un poco de voluntad política podrían cumplirse de inmediato.

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