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Tomado de jornada

Gustavo Leal F.*

Como el conflicto de interés del ex presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), Carlos Noriega Curtis, hoy al frente de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público-4T y de Vela Treviño, responsable con Peña Nieto de la Unidad que ocupa Noriega Curtis, y hoy subdirector de Planeación/Finanzas del Infonavit, otra pieza neoliberal: Juan Lozano Tovar, se desempeña, con anuencia de la secretaria de Economía, Graciela Márquez en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Lozano gusta presentarse como abogado egresado de la Universidad Iberoamericana, becario Fulbright (Universidad de Maryland, Estados Unidos) con una carrera de más de 25 años en diversas dependencias del gobierno federal: Dirección General de Pemex-Fertilizantes; titular de la Unidad de Vinculación y luego Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (José Antonio González Anaya); coordinador de asesores de la Subsecretaría de Población y Servicios Migratorios (Secretaría de Gobernación); vocero del Instituto Nacional de Migración y secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Ha sido también alto ejecutivo en empresas globales.

La semblanza omite su camaleónica capacidad para ser priísta con Labastida; panista con Fox/Calderón, priísta nuevamente con Peña Nieto y, ahora, funcionario de la 4T! ¿Cómo llegó ahí? Gracias a su ex jefe en Petróleos Mexicanos (Pemex): Ernesto Acevedo –otro subsecretario de Graciela Márquez– quién, según 24 Horas El Diario Sin Límites (21/6/19), como director del Grupo Fertinal compró a sobreprecio una planta de fertilizantes al empresario Fabio Massimo Covarrubias y, además, participó como consejero principal de ProAgroindustria, subsidiaria de Pemex, que adquirió la planta chatarra Agronitrogenados a Altos Hornos de México (Alonso Ancira) con fuertes pérdidas para Petróleos Mexicanos.

Gracias a José Antonio González Anaya, entonces director del IMSS, Lozano pasó por la Secretaría de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social que evoca un opaco manejo de millones de dólares de cuotas obrero patronalesIMSS. De ese tiempo se recuerda, también, su aventura para completar la devastación neoliberal de los regímenes que garantizan derechos a sus trabajadores (Semana Nacional de Seguridad Social, Cámara de Diputados, LXII Legislatura, 2014). Y, con el mismo González Anaya, como director de Pemex, Lozano activó todavía un último intento para hundir el régimen de jubilaciones y pensiones del Contrato Colectivo de Trabajo de los petroleros.

Pero la semblanza también omite sus cargos en la Big Pharma como director de relaciones públicas de la firma Wyath, teniendo como jefe al director general, Carlos Abelleyra, también presidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica 2006-2008 (Canifarma) y asociado a presuntos actos de corrupción en licitaciones públicas del IMSS-Karam ( La Jornada, 11/11/10).

Pues esa pieza: Juan Lozano, resultó el responsable directo de que, a pesar de la 4T, los mexicanos sigan pagando patentes a la Big Pharma en el contexto del T-MEC. Como titular del IMPI y aliado con el senador Gustavo Madero (PAN), maniobró a favor de sus ex patrones de la Big Pharma, cuando la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial fue discutida al vapor en el Senado –antes de la visita AMLO a Washington. Pero perdió el primer round.

Los legisladores eliminaron la «cláusula Bolar» que otorgaba una garantía extraordinaria a los derechos individuales para los titulares de patentes farmacéuticas e instauraron a cambio un sistema multiclase para la protección de marcas ante registros excesivamente costosos. Aunque quedó abierto el segundo round: el reglamento de la nueva ley que deberá resolver el espinoso tema de la vinculación. Ahora el asunto está en manos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (Julio Scherer).

Con un reglamento ambiguo se puede seguir retrasando el otorgamiento de registros a los medicamentos genéricos. En Estados Unidos esto se aplica sólo para las patentes de medicamentos innovadores: ingredientes activos. Lamentablemente, el artículo 162 de la nueva ley, no es explícito en la materia y deja en manos del IMPI-Lozano la interpretación. Pudiera entonces suceder que Lozano no otorgara registros sanitarios, amparado en su interpretación de un reglamento que lo blindara ante la mínima posibilidad de que se invada una patente. Algo similar ocurre con los «segundos usos» en patentes que amparan los artículos 45 y 47 de esa nueva ley.

Si AMLO y la 4T quieren fármacos para todos, más vale que Graciela Márquez averigüe antes de contratar. Y aunque parte del daño, lamentablemente, ya está hecho, Julio Scherer puede aún velar por las grandes mayoría nacionales evitando que Juan Lozano, desde el IMPI, imponga nuevamente límites artificiales a los medicamentos que requiere México y cuyas patentes la Big Pharma desea seguir prolongando.

* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

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