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Tomado de jornada

Raúl Zibechi

Todos los años la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), de Argentina, emite un informe sobre lo sucedido en el último año. Mauricio Macri dejó el gobierno con mil 833 asesinatos en sólo cuatro años, un récord desde que se restituyó la democracia en 1983. Más de un muerto por día a manos del Estado.

Lo datos de Correpi (correpi.org) destacan que uno de cuatro asesinados por el Estado son menores de 25 años (43 por ciento) y la inmensa mayoría pertenecen a los sectores populares. Por el contrario, entre los mayores de 34 años el Estado produce, relativamente, pocas muertes, poco más de 10 por ciento de total de 7 mil 93 crímenes registrados en todo el periodo.

35 años de relevamientos sobre la violencia directa del Estado, son tiempo suficiente para observar tendencias de fondo.

En los primeros gobiernos de la posdictadura, los crímenes estatales sumaban 28 asesinados cada año, bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, entre 1983 y 1989. Con el de Carlos Menem, que abarca 10 años, de 1989 a 1999, el Estado incrementó más del doble sus crímenes, con un promedio de 69 al año.

El salto se comprende porque se trató de un gobierno crudamente neoliberal, que privatizó la casi totalidad de las empresas estatales, desmantelando el Estado y enfrentando, en consecuencia, amplias protestas sociales y sindicales. Apenas llegado a la presidencia, indultó más de mil 200 militares y civiles comprometidos en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

El segundo gran salto en los crímenes del Estado se produjo en los cuatro revueltos años, de 1999 a 2003, cuando se vivió el masivo levantamiento popular de 19 y 20 de diciembre de 2001 y el ciclo de movilizaciones de desocupados (los llamados piqueteros) con el telón de fondo de la mayor crisis económica, social y política en la historia argentina.

En ese periodo de masivas y radicales movilizaciones, el Estado asesinó entre 180 y 190 personas por año, la mayoría concentradas en 2001.

En los cuatro años que gobernó Néstor Kirchner, el promedio de crímenes del Estado ascendió a 240 por año y ya durante los ocho años de Cristina Fernández la cifra trepó aún más, hasta 332 asesinados anuales. La explicación de este crecimiento (de 180 a 330) es complejo de dilucidar, ya que ambos gobiernos enarbolaron un discurso en favor de los derechos humanos y durante varios años intentaron suavizar la represión.

Con el gobierno de Macri, recién finalizado, se produjo un aumento importante, con un promedio de 470 asesinados por año. Las cifras pueden incluso aumentar cuando se afinen los datos de 2019, hoy aún incompletos.

Bajo este gobierno la represión creció de forma desproporcionada. La ministra del Interior, Patricia Bullrich, consideró a todo el pueblo mapuche como terrorista, defendió los crímenes policiales y tuvo enfrentamientos muy duros con los organismos de derechos humanos.

En 2017 se produjo el crimen de Santiago Maldonado, emblemático de la represión de Macri, tanto por el cinismo de las autoridades negando la participación de la fuerza armada policial, como por la justificación del crimen. Lo cierto es que observando 35 años, concluimos que el Estado cada vez mata a más personas, que las cifras crecieron sin parar independientemente de los gobiernos (de 28 a 470 por año) y que nada indica que las cosas puedan cambiar, aunque el nuevo gobierno intentará reducir algo la cifra.

A la hora de preguntarnos por las causas de este fenomenal crecimiento, debemos hacer varias consideraciones que no únicamente valen para Argentina, sino que encontramos en realidades de toda América Latina.

La primera es comprobar que los Estados ya no son capaces de garantizar la vida de las personas, más allá de quien esté en el gobierno, como sostenemos hace tiempo (https://bit.ly/2sBUE6k). Lo que vienen haciendo todos ellos es, apenas, justificar los crímenes con discursos que eluden su responsabilidad. Si la violencia crece y no puedes detenerla, debes retirarte del poder.

La segunda es que debemos buscar las causas de fondo de esta escalada de muerte, permanente, constante y sin soluciones a la vista. No encuentro otras razones que no sean el extractivismo, la acumulación por despojo y sus megaproyectos, que buscan convertir la vida en mercancías desterrando a los pueblos que habitan los territorios que desean conquistar.

La tercera es qué hacer ante esta realidad en la cual el Estado y el capital están aliados en contra nuestra. Creo que una respuesta es la que dieron las mujeres zapatistas en el Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan. Como dijo la comandanta Amada en la inauguración, «en nuestras compañeras en este año no hubo ninguna asesinada ni desaparecida».

El Estado no nos dará seguridad, como no puede darnos dignidad. Cada vez es más claro que el sistema es lo que es, y que eso no depende de que se elijan «buenos gobiernos», como señalan algunos, porque ellos tampoco resuelven lo más fundamental: la vida.

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