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Tomado de jornada

La empresa Gas Natural Fenosa apostó «a una decena de pistoleros» en los terrenos donde se realizan los trabajos y el domingo 19 agredieron a balazos a Celestino Bartolo quien logró huir.

Rosa Rojas
Publicado: 21/05/2013 14:15

 

Hombres armados intentaron asesinar a Celestino Bartolo Terán y secuestrar a su hija, Sara Bartolo, así como a María del Carmen Sánchez Martínez, los tres integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) que se opone a la construcción en Juchitán, Oaxaca, del parque eólico Bii-Hioxo por parte de la empresa Gas Natural-Fenosa (GNF).

Al denunciar lo anterior, la APPJ y la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), informaron que a raíz de que el sábado 18 de mayo se bloqueara el acceso al sitio de la citada construcción por el lado del camino que va a Unión Hidalgo, GNF apostó «a más de una decena de pistoleros que actúan como ‘guardias blancas’ en los terrenos donde se realizan los trabajos», y que el domingo 19, esos individuos, «que se encontraban al interior de una camioneta blanca suburban propiedad de la empresa Gas Natural Fenosa» agredieron a balazos a Celestino Bartolo Terán, quien logró huir a caballo.

Detallaron las organizaciones citadas que el lunes 20, alrededor de las 14.30 horas, Sara Bartolo, quien participa en el campamento de la APPJ que bloquea el paso de los empleados de GNF en Juchitán por el lado de Playa Vicente, recibió una llamada de presuntos sicarios en la que le indicaron que tenían en su poder a su amiga Carmen y le exigían que levantaran el campamento y se entregaran ella y Carlos Sánchez, del equipo de Radio Totopo, o de lo contrario no volvería a ver a su amiga. Indicaron que Carmen logró zafarse de sus captores y huir abordando un mototaxi.

La APPJ y la APIIDTT indicaron que Celestino Bartolo es un indígena zapoteca, quien desde el año 2007 está en la lucha contra Unión Fenosa. En 2009 después de denuncias y movilizaciones, él y otros campesinos binnizá lograron la anulación de los contratos con la empresa. Sin embargo, ahora GNF no está respetando las tierras de sus compañeros y «pretende apropiarse de terrenos comunales de Juchitán en complicidad con los coceistas Mariano López Santana, Alberto Reyna Figueroa, Héctor Sánchez y los priistas Porfirio Montero Fuentes y Daniel Gurrión Matías, quienes controlan un grupo de sicarios encabezados por Francisco López Chente»alias Chicu chente.

Ambas organizaciones responsabilizaron a la empresa española GNF, al gobierno estatal de Gabino Cué y al Gobierno Federal «de la violencia y conflictividad  que se vive en el Istmo de Tehuantepec, al imponernos este megaproyecto eólico sin respetar nuestros derechos como pueblos indígenas» así como de la integridad  física, moral y sicológica de Celestino Bartolo, de Sara Bartolo, de Carmen Sánchez y de todos los  que están organizados y en la resistencia contra el megaproyecto eólico en el istmo de Tehuantepec.

Exigieron asimismo el respeto irrestricto al derecho de los pueblos indígenas a la consulta, al consentimiento previo, libre e informado y la cancelación inmediata de dicho megaproyecto, en especial del proyecto de GNF,  Bii Hioxo en tierras comunales de Juchitán de Zaragoza.

Por otra parte, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (UCIZONI) informó que este lunes el Relator Especial de la ONU para los Pueblos Indígenas, James Anaya, recibió en sus oficinas de Nueva York, Estados Unidos, a una comisión de integrantes de la Alianza de Mujeres Indígenas de México y Centroamérica y de la Red de Jóvenes Indígenas de Centroamérica y México, quienes presentaron una denuncia contra los gobiernos federal mexicano y estatal de Oaxaca,  por las graves violaciones a los derechos de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec por la imposición de parques eoloeléctricos.

Las denunciantes hicieron entrega a Anaya de un escrito donde se señalan diferentes violaciones a los derechos de las comunidades istmeñas, mismas que no han sido informadas ni consultadas y que han sido criminalizados y perseguidos los campesinos y pescadores que se han venido oponiendo a estos proyectos.

En el documento se hacen además señalamientos en contra del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y las empresas trasnacionales Mareña Renovables y Gas Natural Fenosa «por utilizar medios ilegales y sobornos para contratar tierras bajo condiciones leoninas, las cuales significan un despojo disfrazado de legalidad», indicó UCIZONI.

Agregó que Anaya comento a las comisionadas que ya ha emitido recomendaciones sobre este tema al gobierno mexicano y ha expresado su preocupación por la gran cantidad de quejas expresadas por los pueblos indígenas en torno a la violación a su Derecho a la Consulta.

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