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Tomado de La Jornada

Por: Alejandro Madrazo Lajous*

En sus alegatos – entregados el día 8 de agosto de 2008 – la ALDF planteó los argumentos a favor de la despenalización de las mujeres que interrumpen su embarazo. El proyecto del Ministro Aguirre fue publicado el día 15 de agosto de 2008, apenas ocho días después de la entrega de los alegatos. En él no se analizan, ni se pondera, ni mucho menos se refutan los argumentos de la ALDF. El Ministro Ponente se limita a afirmar en repetidas ocasiones que el derecho a la vida es ilimitado y supremo y descarta cualquier argumento que acote su afirmación. Es preocupante que ni siquiera se hayan tomado en cuenta los argumentos de la ALDF, pero en particular preocupa que no se hayan tomado en cuenta los derechos fundamentales de las mujeres.

A la ALDF y a las mujeres el Ministro Ponente ni las ve ni las oye. Tampoco ve ni oye a las más de 11 mil mujeres que hasta la fecha han ejercido su derecho a decidir en nuestra ciudad.

En particular, es indispensable que los siguientes temas y argumentos se consideren y se discutan durante la deliberación que lleve a cabo la Suprema Corte:

I. Los derechos fundamentales de las mujeres

A) El derecho a la libertad reproductiva. El artículo 4o constitucional consagra el derecho a “decidir de manera libre” sobre el número y espaciamiento de los hijos. En consecuencia, la Constitución establece que en ningún caso la maternidad puede ser impuesta y en todo caso debe ser elegida y aceptada.

B) Los derechos a la salud y a la vida. La salud y vida de las mujeres eran puestas en riesgo por la penalización de la interrupción del embarazo. Antes las mujeres recurrían a procedimientos clandestinos, carentes de las mínimas medidas de seguridad e higiene. Antes de la reforma se presentaban un promedio de más de 14 muertes y 22,537 complicaciones – muchas graves, como perforaciones de útero y sepsis – anuales. A un año de vigencia de la despenalización se había presentado un solo caso de muerte por procedimientos practicados en las instituciones de salud del GDF y no se había presentado una sola complicación grave.

C) El derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Sin libertad para controlar el propio cuerpo no puede ejercerse laç libertad en los demás ámbitos. En específico, el derecho a la libertad reproductiva consagrado en el artículo 4o, implica el control sobre las funciones reproductivas de su cuerpo, ya que la reproducción, en el caso de las mujeres, tiene lugar en su cuerpo.

D) El derecho a la igualdad sustantiva. El derecho a la igualdad que nuestra Constitución consagra (artículo 1o y 4o) implica no solo iguadad formal, sino también igualdad sustantiva. Sin el reconocimiento pleno del derecho a controlar su propio cuerpo, y sin el marco legal que instrumente dicho derecho, la mujer se encontrará siempre en una condición de subordinación frente al hombre, especialmente si el Estado y el hombre son quienes deciden qué debe suceder o no en el cuerpo de la mujer.

II. El Legislador, no la Suprema Corte, es el órgano facultado para decidir cuándo es necesario utilizar al derecho penal.

No existe, en los 136 artículos de la Constitución, pasaje alguno que establezca una obligación constitucional a cargo del Legislador de penalizar a las mujeres que interrumpen su embarazo. Por el contrario, nuestra Constitución establece un sistema penal fundado en el principio de la absoluta necesidad de la intervención penal, según el cual “la intervención penal del Estado sólo estaría justificada en tanto que resulte necesaria para el mantenimiento de su organización política en un sistema democrático.” (1)

El Legislador es el órgano facultado para valorar cuando es necesaria una intervención penal, esto es cuándo han fallado todos los demás medios con que cuenta el Estado para proteger un bien y si existe la necesidad de recurrir al extremo del derecho penal. El proyecto del Ministro propone que la Suprema Corte sustituya al Legislador y genere un nuevo tipo penal de aborto, distinto a todos los tipos penales que han regulado la interrupción del embarazo antes y después de la reforma.

III. El producto de la concepción no es persona y en consecuencia no puede ser titular de derechos fundamentales.

Sólo las personas son sujetos de derechos y obligaciones y, en consecuencia, sólo las personas pueden ser titulares de derechos fundamentales. Ni la Constitución, ni la legislación secundaria, ni la doctrina, ni la jurisprudencia le atribuyen personalidad al producto de la concepción. Para ser persona se necesita capacidad de goce y se necesita contar con los atributos de la personalidad como nombre, domicilio, patrimonio, estado civil y nacionalidad. El producto de la concepción no tiene ninguno de los atributos de la personalidad hasta que no nace, por lo que no puede ser considerado persona para efectos jurídicos y, en consecuencia, no puede ser titular de derechos fundamentales.

1 Bustos Ramírez, Juan J. y Hormazábal Malarée, Hernán, Lecciones de derecho penal. Parte general., Editorial Trotta, 2006, pág. 94.

* Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y delegado de la ADLF en las controversias constitucionales.

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