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Estados Unidos, imperio por encima de toda leyEl poderoso Tribunal federal de Apelaciones de Washington DC respaldó el martes el poder del Presidente de los Estados Unidos para detener en Guantánamo a los “no-ciudadanos” que el gobierno estima son sospechosos de haber cometido actos de terrorismo.  Decidió que ese poder no tiene límites, e incluso está por encima de lo que dictamina el Derecho Internacional en conflictos de guerra.

El caso tiene que ver con Ghaleb Al-Nassar Bihani, un ex cocinero talibán que está detenido en la base militar de los Estados Unidos en Guantánamo.  Bihani alega que los EEUU tienen la obligación a liberarlo, porque el conflicto contra los talibanes terminó cuando Washington destituyó el gobierno afgano en el 2001.

También sostiene que su detención viola el derecho internacional porque no pertenecía a las fuerzas armadas de Afganistán, ni tampoco había cometido “un acto hostil directo” como disparar una arma de fuego.

El panel de tres jueces del tribunal federal en Washington, DC, declaró que la implementación de esa lógica “haría que cada campaña exitosa de una larga guerra se convierta en un preludio pírrico a una derrota… Los victoriosos tendrían la obligación de renovar las filas de los que sabotearan una naciente democracia”.

El tribunal establece que la decisión de liberar los presos de guerra es una decisión política que le corresponde al Ejecutivo y al Congreso, y no a los tribunales, porque solo ellos tienen la potestad para declarar que las hostilidades han terminado.  Además, el derecho internacional de la guerra, dice el tribunal, no limita la potestad jurídica del Presidente durante una guerra.

“Ya que el derecho internacionales de la guerra no ha sido implementado en los Estados Unidos por el Congreso, no puede servir como fuente de autorización legal en los tribunales”, dictaminó.

La Corte Suprema tiene ahora la oportunidad de decidir si acepta revisar el caso.  Si la decisión se mantiene, limitaría severamente los derechos que aparentemente habían ganado los detenidos en el fallo del 2008 de la Corte Suprema en el caso Boumediene v. Bush, que dijo que los jueces federales tienen jurisdicción para ventilar peticiones de habeas corpus de los detenidos.

El dictamen de 25 páginas fue redactado por la jueza Janice Rogers Brown y apoyado por el juez Brett M. Kavanaugh, ambos fueron nombrados por el presidente George W. Bush.

La Jueza Rogers Brown concluyó su decisión con estas reflexiones:  “La guerra es un desafío a la ley, y la ley tiene que ajustarse a ella.  Tiene que reconocer que las antiguas botas de vino del derecho internacional … no sirven para el vino amargo de las nuevas guerras“.

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