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Gobiernos buscan justicia social luego de décadas de dictadura mediática
Directora general de Responsabilidad Social y Producción Nacional Independiente del Ministerio de Comunicación e Información (Minci), Dora Rojas
TeleSUR _ 23/10/2009 Los medios de comunicación como la radio y la televisión están diseñados para difundir información, transmitir ideas, servir de entretenimiento y ser formadores de opiniones, convirtiéndose así en una herramienta fundamental de integración y equidad para todos los ciudadanos de una nación.

En los años de 1970, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) creó la Comisión de Estudios de la Comunicación (CIC) que emitió un informe final aprobado en la Asamblea General de 1980, donde se planteó la necesidad de lograr una comunicación de masas de manera democrática en todos los países del mundo.

La Unesco consideró en el libro «Un solo mundo, voces múltiples» que «la comunicación es inevitablemente un fiel reflejo de la sociedad en la cual actúa».

Esta ley no busca coartar la libertad de expresión, su objetivo es hacer justicia social contra medios de comunicación corrosivos que su única intensión ha sido la de vender, para obtener beneficios económicos.

En la mayoría de los países del mundo, el espectro radioeléctrico ha estado bajo el control de grupos de empresarios, que no le han permitido a los pueblos tener acceso a los espacios de comunicación, este privilegio sólo lo han tenido aquellas personas con poder económico para gozar del derecho de manejar la información según sus intereses y conveniencia.

Los dueños de los medios olvidaron que la radio y la televisión representan uno de los principales pilares de la sociedad, y como tal, debe estar al servicio del desarrollo cultural, social, y educativo de los pueblos. Los industriales mediáticos hicieron uso de estos instrumentos para incrementar sus ingresos económicos y hacer campañas políticas en contra de gobiernos que buscan democratizar el espectro radioeléctrico con el fin de diversificar los contenidos que difunden los medios de comunicación.

La directora general de Responsabilidad Social y Producción Nacional Independiente del Ministerio de Comunicación e Información venezolano, Dora Rojas dijo recientemente en un taller de Responsabilidad Social que «antes nosotros teníamos el modelo de EE.UU., un modelo netamente comercial, porque los medios de comunicación estaban creados con fines económicos».

La radio y la televisión deben orientar e instruir a su público sin perturbaciones y traumas, pues sus principales usuarios son los niños, niñas y adolescentes cuyas posibilidades de crítica y de rechazo a los mensajes negativos son mínimas.

Lamentablemente, los medios de comunicación privados no persiguen fines educativos, ni instructivos, pues éstos «se contentan con informar lo menos posible y si es posible, no informar nada», como lo aseguró Antonio Pascuali, profesor de Comunicación Social en México.

Llega la democratización

Durante el 11 de abril del año 2002, los medios de comunicación privados venezolanos mostraron apoyaron y respaldaron al grupo golpista que quiso derrocar al presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Durante los sucesos de Abril, los canales se encargaron de tergiversar las imágenes que estaban siendo difundidas, hicieron llamados a la violencia, a través de los medios privados se hizo el llamado para cerrar el canal del Estado y los medios alternativos que estaban informando, no transmitieron las manifestaciones a favor del presidente Chávez, generando perturbación y confusión en la población del país suramericano. Asimismo, el derecho que los ciudadanos tenían a ser informados de forma veraz y oportuna se vio cercenado.

Como consecuencia de estas acciones, el 23 de enero de 2003 la Asamblea Nacional venezolana (AN) presentó el proyecto de ley sobre la Responsabilidad Social en Radio y Televisión, una ley que el Gobierno Bolivariano consideró justa y necesaria principalmente para la protección de los niños, niñas y adolescentes.

Posteriormente, en diciembre de 2004 es aprobada la ley para regular a los medios de comunicación en programación, publicidad, promociones e informaciones. El gobierno venezolano calificó esta regularización como la pieza determinante para construir una sociedad realmente democrática, participativa y protagónica.

Esta ley no busca coartar la libertad de expresión, su objetivo es hacer justicia social contra medios de comunicación corrosivos que su única intensión ha sido la de vender, para obtener beneficios económicos.

Por otro lado, una de las programaciones que más le ha generado dividendos a los medios de comunicación han sido las telenovelas, los prestadores de servicio han hecho uso de éstas de una manera excesiva, pues durante años los dramáticos han sido transmitido no sólo en el horario que legalmente les corresponde, sino que hicieron uso también del espacio que le pertenece a la población infantil y juvenil.

La directora de Responsabilidad Social comentó que «en varias oportunidades, las madres venezolanas se acercaron a la AN para denunciar que el horario infantil de los niños, niñas y adolescentes estaba siendo secuestrado por las telenovelas».

Asimismo, dijo que los medios privados «para burlarse de la ley, convirtieron las telenovelas en seriados y unitarios, pero que a la final eran novelas igualito», así como también en series juveniles, para ocupar el espacio televisivo, cuando el horario todo usuario debería ser utilizado para la difusión de programas culturales y educativos que le brinden herramientas útiles y positivas a los niños, niñas y adolescentes para sus vidas y no programaciones que les ocasionan perturbaciones y despiertan la curiosidad indebida.

Dora Rojas aclaró que «la ley no se ha logrado aplicar con todos sus fuerzas como se quiere (Â…) los cambios se han hecho, paso a paso, ha habido grandes avances, pero también retrocesos», porque «el Estado solo, se le hace difícil poner en práctica la normativa, por eso es importante el usuario, el pueblo, para que sea un apoyo al gobierno» y así pueda ejercer sus privilegios sobre qué es lo que quiere ver y denunciar a los medios cuando violen sus derechos.

Asimismo, señaló que los dueños de medios opositores al Gobierno Bolivariano han satanizado la ley haciéndoles creer a los venezolanos que por medio de esta normativa «la libertad de expresión va hacer censurada, ellos la llaman la ley mordaza».

El proceso de regularización del espectro radioeléctrico se ha hecho a pasos lentos, pero seguros, porque como reza una frase religiosa «un  templo no se construye en tres días».

El Gobierno Bolivariano ha iniciado un camino importante hacia la libertad comunicacional, con la democratización del espectro radioeléctrico. A través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) se logró aumentar el poder popular, al brindarle a la ciudadanía la posibilidad de acceder a una frecuencia radioeléctrica que sea explotada socialmente.

Por su parte, la presidenta de Radio Nacional de Venezuela, Helena Salsedo definió a la comunicación como «un derecho humano» que «nos pertenece a todos». Asimismo, expresó que «esas frecuencias no deben seguirlas asumiendo grupo de latifundios de la comunicación, sino que debe ser prioridad del pueblo (…) representa un gran desafío para el Gobierno venezolano, para poder cumplir con el discurso reiterado por el presidente (Hugo Chávez) de darle poder al pueblo», subrayó.

Igualmente, añadió que «el Estado venezolano no será cómplice de quienes pretenden perpetuar el monopolio radioeléctrico en el país, por lo cual impulsa una reorganización del espectro y promueve una asignación justa de las concesiones» radioeléctricas.

Deberes y derechos para todos

Todo derecho tiene un deber y todos los ciudadanos tienen deberes y derechos en la sociedad, donde se determinan las relaciones sociales entre todas las personas que integran un país.

Con la democratización del espectro radioeléctrico se logra la creación de medios de comunicación comunitarios, la ampliación de emisoras radiales y la figura del productor nacional independiente, con el fin de eliminar el latifundio mediático, así como también lograr la participación del pueblo y de los medios como integrantes de una sociedad.

La democratización le da el derecho a los medios de estructurar libre, pero responsablemente la selección de su programación, sin restricciones u obligaciones más que las establecidas en las leyes de Telecomunicaciones y de Responsabilidad Social, siempre y cuando recuerden que, para obtener este derecho tienen que cumplir cabal y consecuentemente con su deber.

Una de las sociedades que sufrieron severamente el dominio que los grupos oligarcas implantaron a través de los medios, fue la comunidad indígena, pues ésta estuvo totalmente excluida del mundo de la comunicación.

El Gobierno Bolivariano en su lucha por hacer justicia social en la nación a través de la iniciativa de democratizar a los medios, logró que la comunicación llegara a los nativos de la nación, para rescatar los valores autóctonos entre los 22 pueblos originarios que hacen vida en el país.

Héctor Pérez, director de la emisora comunitaria indígena Cuhuaina 88.9 FM en Piaroa, estado Amazonas (sur), indicó el pasado 12 de octubre durante la celebración de la Resistencia Indígena venezolana, que la programación de esta radio es diferente a la radio comercial. «Nuestra misión es preservar valores culturales de nuestros pueblos y comunidades indígenas que habían decaído. Por eso nuestra misión es rescatar esos valores», expresó.

Por su parte, Guadalupe Rodríguez, coordinadora de la emisora comunitaria «Al Son del 23», consideró en una entrevista para un medio de comunicación de la capital venezolana (Caracas), que la iniciativa del Estado de renovar el espectro radioeléctrico «ha permitido que los venezolanos tengan verdaderos espacios para debatir y ser protagonistas de la nueva historia que comenzó a escribirse hace 10 años, de la mano del presidente Hugo Chávez».

Argentina dice presente en la democratización

Por su parte, la nación argentina también se hace presente en el proceso de democratización del espectro radioeléctrico, cuando el pasado 11 de octubre se aprobó en una histórica votación la Ley de Comunicación Audiovisual que busca «romper con la dictadura» mediática de los medios que se encargaron de monopolizar las comunicaciones en ese país.

Tras la aprobación de la ley, grupos de empresarios mostraron su descontento, pues los privilegios financieros de los cuales gozaban con la ley de medios aprobada durante la dictadura de Jorge Rafael Videla del año de 1976, se verán afectados al notar la reducción económica que les generará la nueva normativa, pues la legislativa otorgará el 33 por ciento del espectro radioeléctrico al sector comunitario sin fines de lucro.

Por otro lado, Argentina vivió una terrible censura en los medios de comunicación. El Gobierno de Videla a través del comunicado Nº 19 del 24 de marzo de 1976 señalaba lo siguiente: «se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o al terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta diez años, el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes, con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de la Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales.»

Por su parte, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, afirmó que «en estos seis años se han tomado muchas decisiones y se han adoptado políticas muy fuertes e impensables en materia económica y social».

A su vez, dijo que «esta ley (Ley Audiovisual) es de la Coalición Democrática, de las organizaciones libres del pueblo, de los actores y de los periodistas».

«Incansablemente todos ellos lucharon para llegar a estos resultados. Les agradezco a los periodistas que se dedican a esa noble profesión y que siempre fueron críticos. Pero supieron separar el instrumento de la democracia que excedía la pertenencia a un sector político y apoyaron la norma», dijo la mandataria durante la promulgación de la ley, en el Teatro Argentino de La Plata (sudeste).

Cuando la nueva ley comience su plena y total marcha, Argentina gozará de una democracia comunicacional bajo los derechos humanos y el pluralismo de los medios.

El impulso de medios democráticos de la mano de gobiernos  progresistas, ha permitido a los pueblos crecer y desarrollarse en el ámbito comunicacional y así reivindicar su condición como ciudadanos, a tener acceso y participación justa, equitativa, equilibrada y de igualdad bajo la verdadera libertad democrática social.

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