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Tomado de jornada

Marcos Roitman Rosenmann

La rebelión popular de octubre de 2019 marca el punto de inflexión en la política chilena. Su mayor éxito, lograr la convocatoria de un proceso constituyente que hoy se dirime entre el desencanto y la frustración. No olvidemos que el llamamiento fue hecho a regañadientes por los partidos del orden y su nuevo aliado el Frente Amplio, cuya cara es Gabriel Boric. El 15 de noviembre de 2019 firmaron el pacto por la «paz y una nueva Constitución» definiendo los límites sobre los cuales podría transitar la nueva Carta Magna. Una redacción capaz de mantener en pie el edificio neoliberal. Para lograrlo, se exigiría una mayoría de dos tercios de los convencionales para dar el visto a cada artículo propuesto. Así, bastaría un tercio de los delegados para rechazar una propuesta rupturista de los principios neoliberales. Las votaciones para la convención arrojaron unos resultados sorprendentes. La derecha obtuvo menos de un tercio de representantes, viéndose la posibilidad de formar consensos progresistas para romper el pacto de la traición. Pero la ilusión se ha ido al traste. Las alianzas en la convención recompusieron el cuadro. Lo impensable se hizo realidad. Los pactos se reditaron cuando los convencionales votaron su reglamento interno y mantener el quórum de los dos tercios. Así, la derecha, la ex concertación, el Frente Amplio, independientes no neutrales, logran el control real y cierran el paso a una redacción con efectos reales para la ciudadanía. Se podrán reconocer derechos, pero la economía de mercado pondrá límites al gasto público y de paso no permitirá la inversión en sanidad, vivienda, educación. Por otro lado, ni pensar que los convencionales determinen que las riquezas del país no puedan ser vendidas a extranjeros. Las trasnacionales tendrán carta blanca para explotar los yacimientos de cobre, litio y de paso repatriar sus beneficios vía tratados de libre comercio. La Constituyente camina desoyendo las voces que dieron lugar a la rebelión popular.

La rebelión plantea preguntas que a dos años siguen sin respuesta. La movilización no ha cuajado en un proyecto. La crítica a la corrupción, a los partidos políticos, a la represión del pueblo mapuche, al patriarcado, contra la violencia de género, el cambio climático, la privatización de la educación, la sanidad, la desigualdad social no ha sido suficiente para construir una alternativa; seguramente no era su objetivo. Pero la protesta, debió ser un punto de partida. Tal vez, las esperanzas se centraron en esa candidatura de independientes a la convención constituyente La Lista del Pueblo. Tuvo 24 constituyentes, hoy no existe. Se disolvió víctima de los males que combatía. El personalismo, la corrupción, la mentira, las malas artes políticas.

Las protestas en estos dos años, han tenido una constante, el grado de violencia con el cual se han empleado las fuerzas armadas y de carabineros contra los manifestantes. La gravedad de sus actuaciones se acrecienta. El uso indiscriminado del material antidisturbios ha significado decenas de muertos, lesiones oculares, violaciones y miles de detenidos. El Estado chileno no ha tenido límites para ejercer la represión. El mantenimiento del Estado de excepción, la militarización del Wallmapu, la aparición de paramilitares contratados por las empresas madereras para acosar e intimidar al pueblo mapuche, son los síntomas de la degradación y la perdida de legitimidad del gobierno. A pesar de ello, las protestas se han mantenido en medio de la pandemia. No es sólo Santiago, se desarrollan huelgas, paros de sanitarios, profesores, estudiantes, estibadores, pescadores, movimiento feminista y pueblos originarios. Es en toda su geografía.

La celebración de la rebelión popular busca mantener el sentido que llevó a millones de chilenos a tomar las calles clamando el fin de la Constitución pinochetista y una sociedad más justa. Hoy se suma a lo dicho, la demanda de libertad para los presos políticos detenidos durante la rebelión popular de 2019. Mientras, el partido del orden y sus nuevos aliados debaten sobre las elecciones presidenciales del 21 de noviembre, cuyos índices de abstención superan 50 por ciento. A pesar de ello, todo parece indicar que Gabriel Boric, candidato de Apruebo Dignidad y miembro del Frente Amplio, ocupará una plaza. Lo que se cuestiona es quién lo acompañará en segunda vuelta. La derecha se divide entre Sichel y el nazifascista José Antonio Kast. Por otro lado, está la democristiana Yasna Provoste, quien cuenta con apoyos entre las clases medias y sectores empresariales. En esta disyuntiva, es posible que una parte de la derecha apoye a Provoste para una segunda vuelta. En conclusión, a dos años de la rebelión popular, gane quien gane en las presidenciales, Chile seguirá bajo las leyes del mercado, gracias a una nueva Constitución que avalará su argumentario.

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