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Por Anaid Velasco

Tomado de confrijolitos

Aunque mucho se ha escuchado de la reforma legal promovida por el titular del Poder Ejecutivo para cambiar las reglas del juego en la generación de energía eléctrica, ha habido muy poca resonancia sobre cómo compromete el presente y el futuro de los y las mexicanas en términos ambientales y de salud pública.

Se ha dicho que la reforma tiene origen en la necesidad de fortalecer el papel que tiene la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la generación de energía; que el marco legal previo favorecía al sector privado causando graves pérdidas económicas a la Nación; que los proyectos de energías limpias, además de causar despojo económico, han causado violaciones de derechos humanos a algunas comunidades indígenas y rurales. Aunque algunos de estos hechos han ocurrido en la realidad, particularmente en el caso de proyectos que han violado los derechos humanos de las comunidades, el marco legal vigente contempla instrumentos y mecanismos que pueden (¡y deben!) ser accionados para investigar y sancionar estas violaciones. No cabe duda que dichos instrumentos y mecanismos deberían ser objeto de una revisión profunda, pero esto ni siquiera fue contemplado en la reforma aprobada. Es importante mencionar que estas violaciones provienen tanto de proyectos del sector privado como de la misma CFE, que ha acumulado una gran cantidad de quejas en su contra por los daños sociales y ambientales que ha ocasionado con sus presas hidroeléctricas, tal como se señala en este informe.

Desafortunadamente, la información y la discusión pública sobre las consecuencias ambientales y sociales de esta reforma, que privilegia el uso de fuentes fósiles en la generación de energía eléctrica y por lo tanto tendrá efectos en la generación de más emisiones contaminantes (contaminantes criterio), con consecuencias graves de salud pública por el deterioro de la calidad del aire, ha sido mínima y se ha diluido frente al discurso del fortalecimiento de la soberanía energética. Así, la de por sí deteriorada calidad del aire que caracteriza a muchas ciudades del país se verá afectada por la suma de más contaminantes, lo que probablemente resulte en una mayor incidencia de enfermedades respiratorias y en casos extremos, muerte prematura.

Por otro lado, los cambios en las prioridades de generación a fuentes basadas en petróleo facilitados por la reforma, generarán más emisiones de gases de efecto invernadero, que son la causa del cambio climático. Los impactos de este fenómeno de escala global se observan ya en años recientes, incluyendo desplazamientos involuntarios y migraciones de poblaciones humanas, pérdida de cosechas y hambrunas e inundaciones, entre muchos otros.

Más que plantear los efectos de la reforma en el contexto del fortalecimiento a una empresa estatal, estos deberían de plantearse en términos de medio ambiente, salud y calidad de vida: ¿en dónde quedaron la responsabilidad y el compromiso de las autoridades de trabajar por una vida digna de las y los mexicanos?

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