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Tomado de jornada

Luis Hernández Navarro

Hace 25 años se abrió un nue­vo horizonte para los pueblos originarios de Mé­xico. Los Acuerdos de San Andrés sobre Derecho y Cultura Indígena se convirtieron en el documento fundacional de una etapa de largo aliento en su lucha emancipadora; en parte medular de su proyecto estratégico e instrumento esencial para su reconstitución. El equivalente, por utilizar un símil histórico, al Programa del Partido Liberal Mexicano en la Revolución de 1910-17.

Pese al paso de los años y del incumplimiento gubernamental de lo pactado, los acuerdos mantienen su actualidad y respaldo. ¿Qué hace esto posible? Primero que todo, la ruta seguida para su elaboración. Como se explica en el documento Punto y seguido, los zapatistas convirtieron lo que pudo haber sido una negociación entre dos partes en un diálogo abierto, inclusivo e incluyente, «de cara a la sociedad y con la participación de las más amplias corrientes de opinión» (https://bit.ly/3dckliY).

San Andrés fue una sinfonía coral, interpretada en medio de una escenografía espectacular, en la que, convocados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se escucharon las voces de los más importantes dirigentes e intelectuales indígenas, al lado de religiosos, antropólogos, abogados, historiadores, filósofos y periodistas, que habían caminado al lado de los pueblos originarios durante décadas. Fue tal la convicción de su palabra, que, con frecuencia, los indígenas invitados por el gobierno hicieron eco de sus planteamientos.

La multiplicidad de lenguas que allí se hablaron pudieron haber desembocado fácilmente en la fallida construcción de una nueva torre de Babel. Sin embargo, el resultado final fue el opuesto: una extraordinaria síntesis que recuperó lo sustancial de las incesantes movilizaciones y reflexiones indígenas que sacudieron regiones enteras del país a lo largo de muchos años.

Un resumen así fue posible por la incuestionable autoridad ético-política de los zapatistas. Ellos fueron el fiel de la balanza para dirimir las más enconadas contradicciones entre sus asesores e invitados. En la negociación, se suscitaron intensos debates entre los convocados sobre temas como el alcance de los derechos humanos, la cuestión de género, las regiones pluriétnicas autonómicas o las formas de representación política. Pero, no obstante el encono que la discusión tuvo por momentos, la autoridad rebelde, sumada a su capacidad de escucha, jerarquización de lo esencial y resumen permitieron aterrizar lo discutido en los acuerdos y en Punto y seguido, con el consenso de la inmensa mayoría de los invitados.

Más allá del mosaico multiétnico del México profundo que se desplegó en toda su riqueza en los diálogos, las reflexiones desde el campo de los asesores rebeldes incorporaron una perspectiva internacional, especialmente latinoamericana. Se pusieron sobre la mesa las enseñanzas y debates por el reconocimiento de los derechos indígenas en la OIT (Convenio 169) y la ONU, así como en varios países americanos (Nicaragua, Colombia, Brasil, Ecuador). También, las experiencias de procesos de paz en Sudáfrica, Palestina, Guatemala, El Salvador, Perú y Colombia.

Los acuerdos no tienen como materia prima elementos exclusivamente nacionales. Están en sincronía (y en algunos puntos, pasos adelante) con las movilizaciones y reivindicaciones de los pueblos originarios y legislaciones de un ciclo de lucha abierto en la región entre 1984 (primer proceso de paz en Colombia) y 1992 (500 años de resistencia indígena, negra y popular). San Andrés fue una especie de pre-Constituyente para refundar el país. Estableció la necesidad de modificar la Constitución legal de la sociedad mexicana al añadir al principio de los ciudadanos el de los pueblos indígenas. Anunció, a su manera, la inevitabilidad de establecer un Estado plurinacional.

Los acuerdos anticiparon nuevas modalidades de expolio y explotación que perpetrarían el neoliberalismo y el neoindigenismo desarrollista. Buscaron levantar un muro de contención jurídica capaz de brindar protección a los pueblos originarios de la embestida para despojarlos de sus territorios y convertirlos en jornaleros sobrexplotados en las modernas fincas agroexportadoras. La expansión incontenible de megaproyectos, concesiones mineras, narcotráfico y agroindustrias desafían hoy su sobrevivencia, como ayer lo hicieron finqueros y terratenientes, grandes ganaderos, compañías madereras, caciques, políticos corruptos, distribuidores de trago y la construcción de grandes presas.

Más allá de la construcción de la autonomía sin pedir permiso que los zapatistas iniciaron en sus territorios, en nombre de los acuerdos, multitud de comunidades indígenas en el país han formado policías comunitarias y reconstituido sistemas de impartición de justicia propios, nombrado autogobiernos municipales al margen de los partidos, recuperado sus sistemas normativos internos, impulsado proyectos de educación alternativos, hecho florecer sus lenguas y culturas y forzado la aprobación de reformas legales.

Pese a que han transcurrido 25 años de su firma, los acuerdos de San Andrés mantienen su actualidad. Han sido y son parte de la sangre que corre por las venas de la insumisión indígena.

A la memoria de Ricardo Robles, el Ronco.

Twitter: @lhan55

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