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Tomado de jornada

Magdalena Gómez

Hoy se cumplen 25 años de la firma de los que serían primeros acuerdos entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el marco de la aún vigente Ley para el Diálogo, la Negociación y la Paz Digna en Chiapas, en cuya negociación el EZLN cedió la voz a representantes de los pueblos indígenas del país. Después de firmados, vino la crisis promovida por el gobierno, lo que motivó al zapatismo a declarar la suspensión del diálogo el 4 de septiembre de ese mismo 1996.

Hasta diciembre de 2000 el EZLN fijó condiciones para reanudarlo, una de las cuales fue que se aprobara la iniciativa que había elaborado la Comisión de Concordia y Pacificación. Conocemos el desenlace expresado en la contrarreforma indígena de 2001. Está muy claro que las distorsiones de la misma obedecieron a la continuidad de la visión de rechazar el derecho a la libre determinación y autonomía. En su exposición de motivos, los senadores señalaron su adhesión a la tesis de que el asunto de los pueblos indígenas se refiere ante todo a la pobreza, por ello agregaron el apartado B de continuidad de acciones del indigenismo: «El dictamen es, ante todo, un instrumento para promover la justicia entre y para los mexicanos, partiendo del hecho de aceptar que un grupo amplio de la población del país ha quedado al margen del desarrollo y bienestar al que tienen derecho».

También sabemos que el EZLN se replegó a la construcción de la autonomía en los hechos y 11 años después, bajo la evocación de que si en 1994 se cubrieron el rostro para ser vistos, el 21 de diciembre de 2012, para ser escuchados, realizó masivas marchas silenciosas en Chiapas, destacando de nuevo la entrada a San Cristóbal de las Casas. En ello el mensaje simbólico fue la pregunta «¿Escucharon?» Con tan impresionante demostración de organización, el EZLN reanudó la presencia pública y el diálogo ciertamente no con el Estado. Luego, el 30 de diciembre, en un comunicado denominado «El EZLN anuncia sus pasos siguientes», se abordó el propósito de construir puentes con los movimientos sociales y se enfatizó: «Reafirmaremos y consolidaremos nuestra pertenencia al Congreso Nacional Indígena, espacio de encuentro con los pueblos originarios de nuestro país». Se plasmó el desafío al Estado: «Queda entonces al gobierno federal, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, decidir si reincide en la política contrainsurgente que sólo ha conseguido una endeble simulación torpemente sustentada en el manejo mediático, o reconoce y cumple sus compromisos elevando a rango constitucional los derechos y la cultura indígena, tal y como establecen los acuerdos de San Andrés, firmados por el gobierno federal en 1996, encabezado entonces por el mismo partido ahora en el Ejecutivo».

No los vieron, no los escucharon. La respuesta, días después, fue la transformación de la Comisión para el Diálogo y la Negociación en Chiapas en una nueva Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, sin referirse a la Ley para el Diálogo y la Paz Digna en Chiapas ni a los acuerdos de San Andrés, mucho menos al EZLN. El gobierno actual no ha abordado los acuerdos, que forman parte de un diálogo suspendido. No se trataría sólo de modificar la contrarreforma de 2001 de manera unilateral, cuestión por lo demás ajena a las prioridades oficiales y también, hay que reconocer, a los planes anticapitalistas zapatistas en curso.

Para visualizar las razones del incumplimiento a los acuerdos de San Andrés hay que considerar, desde 2001, las numerosas concesiones forestales, mineras, en territorios indígenas y los mecanismos para otorgarlas, incluidos los megaproyectos en curso. En síntesis, en tiempos neoliberales, aún presentes, se ha operado una política de Estado antiautonómica, que hemos caracterizado como neoindigenismo de baja intensidad. Vale preguntarnos: ¿cuáles son los saldos de la nueva institucionalidad, en contraste con la autonomía y libre determinación enunciada en el ar­tículo 2 constitucional? Es frecuente que a los pueblos indígenas aún se les denomine grupos vulnerables en la lógica del «combate a la pobreza» que se ha constituido en caballo de Troya para dividirlos, para impedir el acceso al uso y disfrute de los recursos naturales en sus tierras y territorios y negar su carácter de entidades de derecho público, hoy tan retóricamente planteado.

¿Cuáles son los datos sobre criminalización de las crecientes movilizaciones de resistencia, al valorar la problemática indígena bajo un es­quema de seguridad nacional? Tras un año, ¿quién asesinó a Samir Flores? Estas interrogantes son ejemplo de la continuidad de la razón de Estado para sacarle el agua a la autonomía en una lógica contrainsurgente. Esto, bien lo saben los pueblos, sólo se enfrenta escalando la resistencia a nivel mundial.

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