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Tomado de jornada

Luis Hernández Navarro

Una enorme muñeca de seis metros de alto recorrió tres continentes el año pasado. La bautizaron como Lele, que significa bebé en otomí. Es una réplica de la tradicional muñeca de trapo que en 2017 fue nombrada patrimonio cultural del estado de Querétaro, elaborada por artesanas de Amealco de Bonfil.

Lele viajó a Madrid, Londres, Sidney, Shanghái y San Francisco, Los Ángeles y Montreal. Fue parte de un programa promocional auspiciado por el gobierno panista de la entidad no para difundir la cultura otomí, sino para promocionar la «marca Querétaro». Es una muestra de cómo en México políticos y empresarios aman las artesanías indígenas cuando lucran con ellas, pero aborrecen a las artesanas que las elaboran.

El pasado 17 de diciembre, Lele llegó al Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, en el marco de la Feria de la Muñeca Otomí. Se trató de un evento más cercano a la folclorización de la cultura de los pueblos originarios que a la reivindicación de su identidad. Después de todo, el indígena folclórico sirve a los negocios o a la legitimación política de otros.

La atención mediática que en su momento suscitó Lele contrasta con la limitada información sobre la toma de las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) por parte de la comunidad otomí en la Ciudad de México. Ambos hechos involucran a los otomíes. En un caso, se festeja la imagen pintoresca de los pueblos originarios; en el otro, se invisibiliza a sus integrantes de carne y hueso.

Pero la situación de la comunidad otomí es más grave que la simple banalización comercial o el menosprecio de sus demandas. Quienes viven en edificios o predios indígenas dentro de colonias de la clase media de la ciudad, como la Roma, padecen el racismo y la discriminación más pedestres. No son pocos los inquilinos acomodados que consideran que otomíes, mazahuas o triquis «afean» «su» barrio. Algunos han llevado el desprecio aún más lejos, ­agrediéndolos.

La lucha de la comunidad otomí por vivienda digna es parte de una larga historia de participación de los pueblos indígenas en las filas del movimiento urbano popular (MUP) en México. San Miguel Teotongo es una de las colonias más relevantes en la organización autónoma de pobres urbanos en la capital y durante años bastión de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ). Nació de un grupo de chocololtecos que, como cuenta Pedro Moctezuma, en 1970 salieron de Santiago Teotongo, en la Sierra Mixteca, para llegar a la Sierra de Santa Catarina, donde fundaron un nuevo asentamiento urbano, reinventando prácticas comunitarias (asambleas, faenas y duelos) (https://bit.ly/35tIXiN).

San Miguel, que tuvo que adquirir ese nuevo nombre en lugar de Santiago por presión de los fraccionadores, para diferenciarla del pueblo oaxaqueño, no es una excepción. En multitud de las nacientes asociaciones de posesionarios que se formaron a partir de la década de los setenta, los núcleos y dirigentes indígenas desempeñaron un papel fundamental. Sin embargo, diluyeron su identidad abierta y se asumieron dignamente con otros grupos poblacionales que se incorporaron a la lucha, como colonos o pobladores, rechazando el calificativo denigratorio de paracaidistas o precaristas.

Alguna vez Carlos Monsiváis dijo que el MUP, más allá de todas sus limitaciones, era «el gran civilizador del México de masas». Su lucha contra la exclusión y por una ciudad para todos fue fundamental para la transformación democrática del país. Su sustrato indígena dio al movimiento una consistencia y unas raíces que, en un primer momento parecen no haber sido valoradas a plenitud.

La irrupción del EZLN en 1994 permitió que este piso indígena aflorara de manera mucho más consistente a como se había expresado hasta entonces. Sin embargo, el MUP ya no vivía para entonces su mejor momento. La formación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido del Trabajo (PT) en 1988-89 metieron al movimiento en una dinámica fundamentalmente electoral. En su interior, se exacerbaron prácticas clientelares y corporativas, previamente existentes, pero relativamente contenidas por la democracia asamblearia. Muchos (no todos) de sus dirigentes se volcaron a obtener puestos de elección popular.

El zapatismo dio a diversos grupos urbano-populares otro horizonte de lucha distinto al electoral, emparentado con su proyecto original de construcción de poder popular. En muchas grandes ciudades emergieron reivindicaciones étnicas. La comunidad indígena otomí de la Ciudad de México y su lucha por una vivienda digna, por salud, educación y derecho al trabajo es expresión de esa nueva reconfiguración de las identidades que arranca de 1994. No en balde ha encontrado en el Congreso Nacional Indígena su espacio de articulación natural.

Durante la Marcha del Color de la Tierra de marzo de 2001, en la que se puso en el centro del debate nacional la enorme deuda del Estado mexicano hacia los pueblos originarios, un indígena de Copalillo, Guerrero, dijo a Hermann Bellinghausen: «A los ricos siempre les hemos pagado el precio de nuestra pobreza. Pero no venimos aquí a llorar porque nos cierran las puertas. Hoy somos la puerta». La comunidad otomí de la Ciudad de México que ocupó las instalaciones del INPI es hoy, como ha dicho ella, una puerta que abre la vía para el «Nunca más una ciudad sin nosotras y nosotros».

Twitter: @lhan55

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