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Tomado de jornada

Magdalena Gómez

El 26 de septiembre, desde Palacio Nacional, tanto el Presidente de la República como el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el titular de la Unidad Especial de Investigación del caso Ayotzinapa de la FGR y, de manera virtual, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) ofrecieron información y valoraciones relevantes en ocasión del informe en torno a la investigación de los hechos acaecidos entre el 26 y 27 de septiembre de hace seis años, esto es, la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. No obstante, hay que destacar, las madres y los padres de dichos estudiantes, ahí presentes, no obtuvieron la anhelada información sobre el paradero de sus hijos, por la que han caminado en esa larga noche que para ellos significan estos seis años de búsqueda incansable. A nombre de los progenitores de los 43 jóvenes desparecidos de Ayotzinapa, la señora María Martínez Ceferino afirmó: «Venimos por más, pero hasta hoy no tenemos nada»; saludaron algunos de los avances hechos en la actual administración, pero llamaron a las autoridades a «apretar el paso» para encontrar verdad y justicia.

La relatoría de acciones, capturas y procesos en curso tanto a integrantes de grupos delictivos como a policías municipales y federales cómplices, conforman el entramado de que en Iguala, Guerrero, el gobierno peñanietista cometió un crimen de Estado y parte central de ello fue la construcción del andamiaje jurídico para sustentar la falsa verdad histórica. El fiscal especial para el caso destacó la detención de la Ministerio Público Federal, quien presuntamente falseó la actuación del ex director de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón para oficializar la «verdad histórica».

La determinación de que sí hubo intervención del Ejército y de la Policía Federal y la ubicación de restos de al menos un estudiante fuera del basurero de Cocula permite asegurar que la verdad histórica del gobierno peñista ha colapsado (de que en ese lugar fueron asesinados y quemados los estudiantes), aseguró Alejandro Encinas. Afirmó que, con la judicialización de soldados, de policías ministeriales, de ministerios públicos federales y de integrantes del cártel Guerreros Unidos se comenzó a romper el «pacto de silencio» que había impedido avanzar en el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala. Concluyó que «la única verdad es que no hay verdad».

La FGR, afirmó su titular en mensaje virtual, ha establecido con base en indagatorias, que en la administración pasada «el gobierno de la República se convirtió en el operador de un encubrimiento generalizado sobre lo sucedido con los estudiantes». Enfatizó: «ya no cabe la menor duda de que el gobierno anterior, en todas sus instancias, desde la cúspide del poder hasta los operadores más elementales, encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar con impunidad y con escándalos mediáticos una trama que ahora se ha logrado exhibir con toda su crudeza y realidad». Dijo que los estudiantes desaparecidos quedaron en medio de un choque de intereses de grupos de la delincuencia organizada, que se disputan el municipio de Iguala, por ser un centro de distribución de la droga que se produce en la sierra de Guerrero, se envía a la Ciudad de México y se trafica a Estados Unidos.

Concluyó con una revelación sin aclarar si pesa sobre ello una de las órdenes de aprehensión: To­más Zerón, ex jefe de la AIC, hoy prófugo, robó más de mil millones de pesos del presupuesto de la en­tonces PGR con anuencia de sus superiores.

Por su parte, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) consideró que el desafío «sigue siendo romper los pactos de silencio y encontrar el paradero de los estudiantes» (vía remota Francisco Cox Vial, integrante del GIEI).

El Presidente de la República confirmó que se ha retirado el boicot para esclarecer la responsabilidad del Ejército la noche de Iguala: «Se han otorgado órdenes de aprehensión contra militares, que se van a ejecutar; cero impunidad; el que haya participado y se le demuestre va a ser juzgado». No habrá protección para nadie, pues «se va a llegar hasta los niveles más altos». A los padres de los 43 normalistas desaparecidos ofreció disculpas en nombre del Estado por la gran injusticia y «atrocidades» cometidas contra sus hijos, reiteró que estamos ante una gran injusticia cometida por el Estado mexicano. Es un asunto de Estado. El proceso está en curso, debe lograr resultados por las víctimas y la sociedad; dos años ha requerido sólo desenredar la madeja de Ayotzinapa y los factores develados ameritan fortalecer la voluntad política, con acciones de Estado; el entramado estructural de corrupción e impunidad que operó en Iguala está presente en el país y aflora en los otros miles de desapariciones.

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