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Por Luz Marina López Espinosa

Tomado de kaosenlared

El escenario es Colombia, aclaración imprescindible cuando se trata de explicar lo inexplicable, de entender la lógica que pueda tener el absurdo y la sinrazón. Sí. Porque es el referente claro del que hay que partir para la lectura de un episodio colombiano. La “democracia más antigua del continente”, pero donde más masacres se cometen. El “Estado de Derecho” más formalmente irreprochable, pero el mismo donde fundar un sindicato es más peligroso que asaltar un banco. La Constitución más garantista de los derechos humanos en el concierto universal según reclaman, pero el país donde más defensores de esos derechos asesinan. En el concierto universal también. Y podríamos seguir con un largo etcétera.

Precisión indispensable decía. Y sí, para poder asimilar el hecho de que el 9 de septiembre consagrado como Día Nacional de los Derechos Humanos, el Estado lo celebró. A su modo, claro está: discursos, menciones y quizás condecoraciones como manda el protocolo. Y también con masacre. Sí. Masacre, término muy de la cotidianidad colombiana, referida a los homicidios colectivos de cuatro o más personas en un mismo hecho. Y para que no quede duda de la perversidad del régimen colombiano, la de este día fue abiertamente oficial. Concretamente policial. No la cometieron esas “fuerzas oscuras”, esos “violentos”, ni esos “enemigos de la paz” trilladas muletillas del gobierno para esconder la autoría mediata o inmediata o su complicidad en ellas. Y con tan burda tautología dar por zanjada a su favor la cuestión de responsabilidades.

La celebración del día de los derechos humanos comenzó mal. Corrijo: comenzó muy bien, recuérdese que hablamos de Colombia. Un ciudadano corriente, ingeniero aeronáutico pronto a titularse de abogado, padre responsable de dos menores para cuyo sustento proveía manejando un taxi -¡estamos en Colombia!-, se tomó unas copas con unos amigos en su apartamento. Al terminárseles el licor, salieron a la tienda del vecindario a comprar más. Eso fue todo. Absolutamente nada más. Ese el crimen, la infracción, el motivo para que el Estado policivo y militarista de la república banana, iniciara su celebración de día nacional de los derechos humanos. El hombre, Javier Ordóñez de 44 años de edad, fue abordado en la vía pública inmediata a su residencia por un grupo de policías, con un grito tenebroso, santo y seña anunciante de un posible crimen: “¡Papeles!”. Ello ocurría en las primeras horas del 9 de septiembre.

Lo otro, lo que ocurrió, lo recogen los videos afortunadamente hechos por sus amigos. Que si no hubiera sido por ellos, el hombre habría aparecido portando una subametralladora en una mano, una granada de fragmentación en la otra, y a su alrededor volantes propagandísticos de un grupo terrorista. No. La cámara del teléfono móvil no dejó mentir. Y no es gratuita la alusión a la república banana. Lo sucedido fue para los policiales una orgullosa y mejorada réplica cuya fidelidad sólo la hace más inicua, del crimen que sus hermanos mayores cometieron con George Floyd. Tres policías encima del inerme y de por sí incapacitado hombre golpeándolo con furia y aplicándole una pistola Taser, mientras él suplicaba “no más por favor”. Ya agónico se lo llevaron a una instalación policial donde lo molieron a garrote hasta que murió de múltiples fracturas. En el cráneo nueve por lo pronto.

Era el comienzo de la celebración. En la noche de este día, ante la indignación pública que generó el video hecho viral, los jóvenes salieron a protestar. Primeramente en el lugar del crimen, donde como era apenas lógico, la justa ira se manifestó contra el minúsculo puesto policial de los homicidas, destruyéndolo. Después, se generalizó la movilización en los barrios de la ciudad. Esas ira e indignación, natural reacción del pueblo. Tratándose del día de los derechos humanos, se habría esperado una reacción policial un tanto contenida aun frente a las expresiones de violencia que también las hubo, máxime con tan nefando antecedente a sus espaldas. Pero no. La celebración del día nacional de los derechos humanos habría de ser completa. Los primeros informes hablan de diez jóvenes muertos y más de cien heridos. Una masacre. Todos a bala, ninguno armado ni en acto particular de violencia, quedando profusamente documentada con el feliz auxilio de los teléfonos móviles, la forma como la policía perseguía, garroteaba y disparaba en forma indiscriminada contra cualquiera que encontrara en la calle. Se vieron sádicas imágenes de policías pateando un cadáver y luego arrastrándolo en plan de desaparecerlo sin duda; policías disparándole a quemarropa a simples transeúntes, y otros acorralar a un ciclista que venía con sus aparejos de trabajo, tumbarlo y molerlo a palos. Ah! Y esa debilidad tan de ellos de sin reparar si es hombre o mujer, destruirle el rostro. “Parecía que estuviéramos en Chile”, decía la gente al ver esas imágenes. Como los chilenos decían “parecía que estuviéramos en Colombia” cuando miraban las de sus carabineros dejando ciegos a los muchachos movilizados. Es que las policías del mundo, guardia pretoriana del modelo de dominación, son iguales. Digo mal. Son la misma, una sola.

Y ni qué decir de la reacción oficial y periodística frente a un hecho que era noticia internacional y no se podía escamotear. La ya sabida, la de fórmula. Los diarios llenaron sus primeras páginas y los telenoticieros sus espacios con fotos y gritos de escándalo sobre el vandalismo de la turba protestante, y la brutalidad con la que esta trató a la policía y sus instalaciones. Y ministros, generales y desde luego el propio Presidente, fueron profusamente difundidos reprochando la criminal conducta ciudadana, enalteciendo “la gallardía” de la policía y encomiando a todos y cada uno de su hombres. Hasta llegaron a afirmar que lo que hubo fue un complot internacional contra las instituciones republicanas.

Tenemos entonces que así como el presidente Juan Manuel Santos inauguró su insólito Premio Nobel de Paz del 2016 con la masacre del Tindal en el municipio de Tumaco el 5 de octubre de 2017, entre diez y quince campesinos acribillados por la tropa cuando inermes defendían sus pequeños cultivos de coca de los cuales sobrevivían, igual el actual presidente Iván Duque -vaya uno a saber si en trance de ese honor-, conmemoró el Día Nacional de los Derechos Humanos con una masacre. Que este día 11 ya aumenta a quince. Y para que no quede duda de que son conductas que responden a una concepción totalitaria y violenta del poder obsecuente al capital y despreciativa de lo popular, ambos presidentes reivindicaron su matanza. La justificaron y exaltaron a sus autores.

No es el realismo mágico que patentó García Márquez, con el que se quiere hacer chiste y explicar festivamente las villanías que suceden en Colombia. Es el realismo trágico de un país gobernado por una casta corrupta, ambiciosa y profundamente apátrida, encubierta en los llamados “partidos tradicionales” –y sus nuevas etiquetas-, desde el día también de septiembre, en que sus ascendientes cuchillo en mano asaltaron el dormitorio del Padre Libertador en plan de darle muerte. No lo consiguieron, pero lograron que al poco tiempo muriera de pena moral. Y desde entonces, mandan con el despotismo y la arrogancia de quienes se saben al servicio y por ende bajo el abrigo del imperio más brutal que ha habido sobre la tierra.

Cuando como una burla sangrienta vemos las imágenes de ayer de jóvenes con el rostro amoratado y herido luciendo chalecos que los identifican como defensores de derechos humanos, sólo nos queda otra vez, repetir con el gran Pierre Gautier: “Este mundo donde las mejores cosas tienen el peor destino”.

Alianza de medios por la paz

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