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Tomado de jornada

Luis Hernández Navarro

El terror regresó a Tila, Chiapas, de la mano del resurgimiento del grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia. Uno tras otro, se suceden ataques armados, asesinatos, cercos y todo tipo de agresiones contra los 836 ejidatarios que recuperaron sus derechos territoriales.

Entre 1995 y 2000, Paz y Justicia asesinó en la zona norte de Chiapas a más de 100 indígenas choles, expulsó de sus comunidades al menos a 2 mil campesinos y sus familias, cerró 45 templos católicos, atentó contra los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera, hurtó más de 3 mil cabezas de ganado y violó a 30 mujeres. Equipados con armas de alto poder, los paramilitares controlaron caminos, administraron recursos públicos y ocuparon curules.

El grupo civil armado contaba con el apoyo del general Mario Renán Castillo, jefe de la séptima Región Militar. El vocero castrense confesaba –según escribió Jesús Ramírez Cuevas– que «esa organización es un orgullo del general» (https://bit.ly/3mik0gy). Días antes de que el militar dejara el cargo, fue despedido por los líderes de Paz y Justicia, con palabras de agradecimiento cómplice. «Nunca lo olvidaremos, señor. Todo lo que usted hizo por nosotros, obliga a la gratitud», le dijeron.

Paz y Justicia fue actor central en la guerra de baja intensidad que el gobierno de Ernesto Zedillo orquestó contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Buscó controlar territorialmente el estratégico corredor que comunica las Cañadas chiapanecas con Tabasco y descarrilar, por medio de la violencia, el proceso autonómico chol.

El 2 de julio de 1997, el gobierno chiapaneco acordó entregar a Desarrollo, Paz y Justicia 4 mi­llones 600 mil pesos, «para impulsar proyectos agroecológicos y productivos». El documento fue firmado por los jefes paramilitares, el entonces gobernador Julio César Ruiz Ferro y Uriel Jarquín, subsecretario de Gobierno del estado. El general Mario Renán Castillo lo signó como testigo de honor (Masiosare, 21/12/1997).

Más allá de sus vínculos militares, la iniciativa para formar Paz y Justicia provino de las asociaciones ganaderas de Salto de Agua. Se fundó en marzo de 1995. Sus operadores políticos fueron dirigentes priístas de Tila. Según un informe del CDHFBC (https://bit.ly/3mhvTn9), Salto de Agua, Palenque y Playas de Catazajá son, en la Zona Norte de Chiapas, los municipios en los que mayores propiedades privadas existen y en los que ejidos y comunidades agrarias representan el menor porcentaje de la propiedad de la tierra.

Su principal jefe, hoy preso pero antes diputado del PRI, Samuel Sánchez Sánchez, explicó que la creación de Paz y Justicia obedeció a la «radicalización en la orientación de los simpatizantes de zapatistas y perredistas en los ejidos y comunidades (de Tila, Sabanilla, Salto de Agua y Tumbalá)».

Sus integrantes eran parte de Solidaridad Campesino-Magisterial (Socama), organización originalmente formada por parte del equipo dirigente de la sección 7 del SNTE proveniente del grupo Pueblo, encabezada por Manuel Hernández, Jacobo Nasar y Pedro Fuentes, y un grupo disidente de la CNC, dirigido por Germán Jiménez. El grupo, que tomó su nombre del sindicato polaco Solidaridad, se vinculó estrechamente con luchas campesinas en la entidad. Sin embargo, comenzó su deriva progubernamental, a raíz de la detención de sus principales líderes en 1986. Con la llegada de Carlos Salinas a la Presidencia se convirtió en el relevo de las organizaciones campesinas oficialistas y, a partir del levantamiento zapatista de 1994, en incubadora de grupos paramilitares (https://bit.ly/3hvViWq).

La reconstitución de los choles como pueblo y la construcción de su autonomía tiene tras de sí una larga historia. Una historia que, en su fase «moderna», abarca la lucha por la terminación del mosojüntel («el tiempo en que fuimos mozos»), contra la opresión kaxlana y de las grandes compañías productoras de café, la reforma agraria cardenista que permitió la recuperación de la tierra, el regreso a la producción campesina de básicos, la formación de una iglesia autóctona, la organización de cooperativas cafetaleras para apropiarse del proceso productivo, el levantamiento zapatista, la lucha electoral (1994 y 1995), la reconquista de los ejidos y la formación de gobiernos autónomos.

Al comenzar el nuevo siglo, Paz y Justicia cayó temporalmente en desgracia. Primero se pelearon entre sí por los recursos económicos. Luego, algunos de sus dirigentes fueron detenidos. Sin embargo, lograron recomponerse en la región con la cobertura del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En los hechos, quienes han atacado al ejido Tila son el ex presidente municipal Arturo Sánchez Sánchez y su hijo Francisco Arturo Sánchez Martínez, hermano y sobrino respectivamente de Samuel Sánchez Sánchez, que continúa preso. También, el actual alcalde Limbert Gutiérrez Gómez, del PVEM, así como el delegado regional de Paz y Justicia, y el secretario técnico del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, Óscar Sánchez Alpuche, asociado a Ismael Brito Mazariegos, secretario de Gobierno de la entidad (https://bit.ly/3mjT93S).

La reactivación de Paz y Justicia en el norte de Chiapas y su política de terror no son un hecho aislado. Otros grupos paramilitares han resurgido en Chenalhó, Chilón, Oxchuc y Ocosingo inmediatamente después del anuncio zapatista de la expansión de sus gobiernos autónomos y su rechazo a la construcción del Tren Maya. La guerra de contrainsurgencia continúa.

Twitter: @lhan55

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