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Tomado de telesurtv

Los detenidos, que mantienen huelga de hambre seca, habrían sido golpeados durante el traslado por la Policía chilena.

Efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros y del grupo antimotines de Gendarmería de Chile allanaron el módulo de la cárcel de Lebu donde 12 presos políticos mapuche cumplen 57 días en huelga de hambre, algunos de ellos en su séptimo día de huelga seca, para trasladarlos a la comuna de Concepción, la que se encuentra en cuarentena total por la pandemia.

El hecho se produjo alrededor de las 02H00 hora local, de este lunes, y fue transmitido en vivo a través de redes sociales por medios alternativos mapuches presentes en las afueras del establecimiento penitenciario.

Hasta el momento se desconoce si los huelguistas serán trasladados a la cárcel El Manzano o si serán llevados al Hospital Regional. Al encontrarse Concepción en cuarentena total, a diferencia de Lebu, el aislamiento de los presos sería más pronunciado al no poder recibir visitas.

Familiares de los huelguistas, presentes en el lugar informaron que el traslado no fue comunicado a los defensores de los detenidos, ni oficializado en forma alguna. También aseguraron haber visto por las ventanas de la cárcel cómo los comuneros eran golpeados por los uniformados a pesar de su gravísima condición de salud.

La agresión fue confirmada por algunos de los presos mapuche desde el interior del vehículo policial, al denunciar el violento actuar de Gendarmería.

De igual forma, Fuerzas Especiales de Carabineros reprimió con un carro lanzaaguas a los que, apoyando a los presos políticos mapuche, permanecían apostados en un campamento levantado a un costado del penal.

Al igual que los internos de Angol y Temuco, la huelga de hambre que mantienen los presos de Lebu es una medida extrema para exigir al Estado el respeto al Convenio 160 de la Organización Internacional del Trabajo, que Chile ratificó en 2009 y que el Gobierno de Sebastián Piñera se ha negado a cumplir.

Este documento, que versa sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, fue adoptado por la OIT en 1989. Su texto establece el consenso de representantes de Gobiernos, empleadores y trabajadores sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales dentro de los Estados-nación en los que viven y las responsabilidades de los Gobiernos de proteger estos derechos.

Asimismo, se fundamenta en el respeto a las culturas y las formas de vida de los pueblos indígenas y reconoce sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales, así como el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo.

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