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Más de 40 organizaciones y colectivos se suman a la campaña internacional iniciada por la organización civil Las Abejas, quienes sufrieron la Masacre de Acteal en 1997, por la que 45 personas fueron asesinadas, para lograr el Informe de Fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que determine la responsabilidad del estado mexicano en este caso y permita la reparación integral de los daños causados.

Tomado de elsaltodiario

Quienes han recorrido las carreteras que conducen hasta Acteal (Chenalhó, México) desde la ciudad colonial de San Cristóbal de Las Casas, saben de la belleza y majestuosidad de esas imponentes montañas, atrapadas entre enormes nubes, y que justifican el nombre de la región como Los Altos de Chiapas. Unas tierras que podrían ser paradisíacas pero que llevan siglos sumidas en una guerra ininterrumpida contra los pueblos originarios. El rostro de la guerra ha ido cambiando y sofisticándose a partir de la aparición del movimiento zapatista en la década de los 90.

Si bien el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) surge en comunidades creadas ex novo en la Selva Lacandona, la organización también desarrolló bastiones fuertes en la región de Los Altos. Dichas “nuevas comunidades” en la Selva nacieron por la migración desde otras regiones, ampliando la frontera agrícola y creando así nuevos territorios cultivables ante la imposibilidad de acceder a ellos en sus comunidades de origen. Algunas de las figuras más emblemáticas del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN son semillas de estas tierras donde la bats’i k’op —palabra verdadera/lengua originaria— es mayoritariamente tsotsil. La Comandanta Ramona, de hecho, nació en esta región, en San Andrés Larráinzar, rebautizado por loas zapatistas como “San Andrés Sakam’chen de los Pobres”, lugar donde se firmaron los conocidos como “Acuerdos de San Andrés” (1996).

La creación de municipios autónomos zapatistas se había extendido a esta región desde finales de 1994 y de hecho, cerca de Acteal surgió en 1996 el municipio autónomo San Pedro Polhó, convertido tras las políticas contrainsurgentes en el asentamiento de desplazados internos más grande de Chiapas. Mientras se iniciaba un proceso de diálogo con el gobierno, de manera paralela la contrainsurgencia continuaba activa.

Es sabido que el Gobierno mexicano, presidido entonces por Ernesto Zedillo (del Partido de la Revolución Institucional-PRI) implementó lo que, utilizando términos militares, se calificó como Guerra de Baja Intensidad: una guerra donde las estrategias contrainsurgentes se centraron no solo en “descabezar” a la guerrilla sino en la técnica basada en “quitarle el agua al pez”. Es decir, destrozar el tejido social que, sin ser parte de la organización zapatista, acuerpaba al movimiento.

El Gobierno mexicano, presidido entonces por Ernesto Zedillo, implementó lo que, utilizando términos militares, se calificó como Guerra de Baja Intensidad: destrozar el tejido social que, sin ser parte de la organización zapatista, acuerpaba al movimiento

Para ello se armó a personas de las propias comunidades, se les instigó, llenándoles de odio y miedo frente a los zapatistas y las organizaciones de apoyo. Las regiones que, mayoritariamente, sufrieron esta estrategia de contrainsurgencia fueron Los Altos y la Zona Norte. En ambas, se configuraron grupos paramilitares, cuyos miembros pertenecían a las propias comunidades. En tsotsil llamados pojwanej (protectores). Una manera de encubrir después los ataques en supuestos conflictos intracomunitarios, profundizando los estereotipos que ligan lo indígena con lo salvaje y dejando el corazón de las comunidades herido para siempre. Tal y como organismos no gubernamentales y defensores de derechos humanos han mostrado, la operación de aniquilamiento estaba trazada en el conocido como Plan Chiapas 1994 donde la Secretaría de Defensa Nacional ordenaba ejecutar operaciones tácticas, de inteligencia, psicológicas y de asesoramiento, en la que se contemplaba “la organización de fuerzas de autodefensa”, más comúnmente conocidas como paramilitares. Y donde se afirmaba: “En caso de no existir fuerzas de autodefensa, es necesario crearlas”.

Cecilia Santiago Vera, psicóloga social chiapaneca y coautora de la obra Ahora apuestan por el cansancio explica que, después de un primer periodo en que el objetivo era exterminar a los indígenas subversivos, el siguiente estaba enfocado en destrozar la vida cotidiana de las comunidades. Defendiendo así una mirada psicosocial e integral, esta defensora habla de Guerra Integral de Desgaste, en la que tanto las estrategias como las consecuencias son mucho más amplias y complejas que el exterminio militar directo del enemigo.

Dentro de esas otras organizaciones “hermanas” de las zapatistas se encuentra la “Organización Sociedad Civil Las Abejas” (Las Abejas). Nacida desde los procesos pastorales de la iglesia liberacionista en 1992 —año de importantes movilizaciones indígenas en Chiapas y en toda Abya Yala— siempre se ha reconocido como una organización no-violenta que defiende sus derechos indígenas y su territorio desde un discurso y práctica donde la Palabra de Dios, los derechos humanos y la resistencia indígena han creado un espacio de lucha, en ocasiones, sorprendente y extraño para personas europeas crecidas en el ateísmo materialista. Dentro de las estrategias de lucha de esta organización son comunes las peregrinaciones y los ayunos.

Por ello, en 1997, en plena escalada de amenazas paramilitares en la región, se convocaron tres días de ayuno y oración por la paz, precisamente en “Los Naranjos”, uno de los campamentos de desplazados situados en la comunidad de Acteal. Lo que pasó el día 22 de diciembre ha sido narrado incansablemente por sus supervivientes, como una manera de tejer la memoria de un pueblo que precisamente quiso ser exterminado.
Acteal: en busca de la otra justicia- Lekil Chapanel

Acteal está abierta siempre a visitantes. Allí mismo existe un Campamento Civil de Observación de Derechos Humanos, coordinado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), que pretende garantizar la presencia de observadores internacionales durante todo el año. Un reto más que complicado ante la actual situación de pandemia global. A los pies de la carretera se erige un memorial del horror vivido en esas tierras. Bajando unas empinadas escaleras se llega al espacio donde tiene su sede la mesa directiva de Las Abejas, el panteón, la iglesia. Todo el espacio ha cambiado mucho desde el 22 de diciembre de 1997.

El 22 de diciembre de 1997, el grupo paramilitar Máscara Roja persiguió y asesinó a 45 personas: 19 mujeres, 8 hombres, 14 niñas y 4 niños, ante la inmovilidad de los puestos policiacos y los militares próximos

Ese día, mientras se oraba y ayunaba en una pequeña ermita para pedir paz ante el clima de violencia, el grupo paramilitar Máscara Roja irrumpió con sus armas en un ataque prolongado durante horas. Ante la inmovilidad de los puestos policiacos y militares próximos, los paramilitares persiguieron y asesinaron a 45 personas: 19 mujeres, 8 hombres, 14 niñas y 4 niños. Algunas de las mujeres embarazadas sufrieron la extracción de sus fetos, una vez asesinadas, una reconocida práctica kaibil (cuerpo sanguinario del ejército guatemalteco). Además, 26 personas quedaron heridas de manera permanente, la mayoría menores de edad. No solo se asesinó, sino que se torturó, mutiló, practicando técnicas de ensañamiento, en particular con las mujeres, nunca antes vistas en Chenalhó. Ya entonces se pretendió construir una “verdad histórica” (oficial) a través del Libro Blanco sobre Acteal (1998) de la Procuraduría General de la República en la que se ocultaban las mutilaciones y se zanjaba el asunto como conflictos intercomunitarios.

El Frayba ha acompañado el proceso de defensa jurídica y psicosocial de esta organización tsotsil junto con otras organizaciones nacionales e internacionales, así como muchas personas anónimas que, de manera puntual o permanente, han llegado a visitar o a participar en alguna de las conmemoraciones que, de manera incansable, desde hace décadas, se celebra el día 22 de cada mes.

La organización Las Abejas ha experimentado la esperanza en la lucha por la verdad y la justicia por lo sucedido, así como también las divisiones internas, el desgaste y los conflictos que todo intento humano organizativo padece. En 2014, una escisión dio lugar a la creación del grupo “Consejo Pacifista Sembradores de Paz” conformado también por sobrevivientes de la Masacre pero fuera de la organización autónoma de Las Abejas y, por tanto, de su pertenencia a espacios organizativos del país como el Congreso Nacional Indígena (CNI).

El próximo 3 de septiembre se ha anunciado que este grupo escindido firmará un pacto de “solución amistosa” con el gobierno de México, argumentando el desgaste que ha supuesto esperar la respuesta de las instancias internacionales. La mesa directiva de Las Abejas no comparte esta estrategia y aunque han defendido el respeto por esta opción, reivindican la necesidad de esperar la conclusión del litigio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La CIDH está a punto de emitir el llamado Informe de Fondo en el que debe concluir si los hechos investigados representan violaciones a los derechos humanos

Ahora mismo el caso se encuentra en la “etapa de fondo”, es decir, la CIDH está a punto de emitir el llamado Informe de Fondo en el que debe concluir si los hechos investigados representan violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Declaración Americana de Derechos Humanos y decretar las recomendaciones pertinentes al estado mexicano. Sorprende que, justo en este preciso momento, el estado haya ofrecido la llamada “solución amistosa” que conllevará programas sociales para quienes se incluyan en este pacto.

En una rueda de prensa realizada el pasado 12 de agosto de 2020, Las Abejas recuerdan el largo camino recorrido en búsqueda de justicia y memoria. Dentro de los momentos más duros que han tenido que vivir, cuentan cómo en el año 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación –la máxima instancia judicial en México— liberó a quienes estaban procesados como responsables materiales de la masacre por “irregularidades en el debido proceso”.

Una cuestión nada nueva y que ya ha sucedido en algunos de los casos judiciales más emblemáticos, como en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (Guerrero). Frente a la imposibilidad de lograr justicia en las instancias nacionales decidieron profundizar en dos vías: una de ellas, el litigio frente a la CIDH y otra, construir desde los pueblos de abajo la otra justicia, la Lekil Chapanel –justicia buena/digna— en la que los autores intelectuales y materiales reconozcan el crimen cometido y se adopten las medidas necesarias para garantizar la “no repetición”.

Catarina Méndez, sobreviviente de la Masacre tras recibir siete impactos de bala, argumenta en contra del acuerdo amistoso: “No quiero cambiar por dinero mi sangre”

En este comunicado reafirman que nunca se conformarán con una “justicia a medias”: “Si nuestras hermanas y hermanos masacrados no renunciaron a su lucha pacífica en el momento de ser privados de su vida, ¿con qué dignidad podemos hablar en su nombre, si dejamos de luchar por su memoria y justicia a cambio de cosas materiales?”. Catarina Méndez, sobreviviente de la Masacre tras recibir siete impactos de bala, argumenta en contra del acuerdo amistoso: “No quiero cambiar por dinero mi sangre”.
Carta de la Sociedad Civil Internacional

Organizaciones de solidaridad de México y de otros países (Australia, Alemania, Estado español, Francia y Suecia) se han sumado a la campaña #InformedeFondoYa de Las Abejas, solicitando a la CIDH, a través de una carta enviada el 24 de agosto de 2020, que escuche a la organización y emita su informe concluyente sobre el caso. Un clamor por encontrar justicia ante una tragedia que nos rememora la herida colonial no sanada. El historiador Jan de Vos llegó a afirmar que Acteal evocaba la matanza en el cañón del Sumidero, a principios de la época colonial.

Las recomendaciones no atendidas por el Estado podrían abrir la puerta a que el caso llegase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La CIDH es un organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) pero sin carácter jurisdiccional, a diferencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que implica que los efectos del Informe de Fondo en los que la CIDH determine si han existido violaciones de derechos humanos y establezca las recomendaciones pertinentes hacia el Estado, no tiene carácter jurisdiccional y, por tanto, no son obligatorias. A pesar de ello, frente al patrón de impunidad reinante representaría un aliento de reparación en la lucha por la verdad, la memoria y la justicia no solo para la organización de Las Abejas, sino para una sociedad en la que el principio de “no repetición” parece una utopía inalcanzable. Además, las recomendaciones no atendidas por el Estado podrían abrir la puerta a que el caso llegase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Es importante que se reconozca que Acteal no fue un caso aislado o excepcional, sino parte de una estrategia de guerra contra los pueblos originarios en Chiapas que, por otra parte, ya ha sido reconocido por la propia CIDH en el Caso 11.564 Gilberto Jiménez Hernández y Otros (La Grandeza). En la carta dirigida a la CIDH, las organizaciones firmantes, encabezadas por la Asamblea de Solidaridad con México de Valencia (España), muestran, por un lado, su preocupación por el desgaste que la organización está sufriendo por los 15 años de litigio ante esta instancia interamericana, por lo que conminan a la Comisión a emitir el informe de Fondo durante el presente año; por otro, muestran su preocupación respecto a que el acuerdo de solución amistosa, con solo una parte de las víctimas de la masacre, genere la imagen de punto y final sobre lo acontecido en Acteal.

Acteal no fue un caso aislado o excepcional, sino parte de una estrategia de guerra contra los pueblos originarios en Chiapas que, por otra parte, ya ha sido reconocido por la propia CIDH

Esta campaña coincide con un periodo en el que los desplazamientos forzados provocados por grupos paramilitares siguen marcando el día a día en la región. Más de 100 familias están desplazadas del municipio de Aldama (colindante con Chenalhó) debido al asedio constante provocado por un grupo de corte paramilitar que opera desde la comunidad Santa Martha de Chenalhó.

En el último comunicado de Las Abejas, con motivo de la conmemoración de la masacre el pasado día 22 de agosto de 2020, afirman que esta situación “es consecuencia directa de la impunidad de la guerra de contrainsurgencia en Chiapas y en el Caso de la Masacre de Acteal.” Y señalan dos factores fundamentales: la impunidad entendida como un premio hacia los paramilitares, y unido a ello, la falta de decomiso de armas. En una dura crítica al Presidente López Obrador (AMLO), consideran que en nada difiere de los anteriores gobiernos en cuanto a la política “de crear y administrar conflictos que parezcan intercomunitarios con el objetivo de romper el tejido social y comunitario de los pueblos originarios, y así imponer sus megaproyectos”.

AMLO anunció, incluso antes de su toma de posesión, la implementación de una justicia transicional, promesa que ha ido deshaciéndose, cual castillo de arena. Las Abejas marcan con su caminar una hoja de ruta a todos los pueblos que no dejan a la memoria “volar libre como el viento”: verdad, justicia, reparación y no repetición.

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