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Tomado de jornada

John Saxe-Fernández

El «¿quién pompó?» que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador en relación al affaire Lozoya Austin significa que, como bien dice Fabrizio Mejía, las respuestas «no son el punto de llegada, sino el punto de partida». Es algo más grave que todo un proceso mayor de saqueo y transferencia de riqueza, bienes, paraestatales, territorios y recursos naturales públicos a favor de privados de dentro y fuera con firmas como Odebrecht en medio de sobornos. Es mucho más que todo eso: lo recuerda Bernardo Bátiz con el pensar de Mario de la Cueva a mano: el complejo petroeléctrico es parte de la esencia de la nación.

Su «ajuste estructural privatizador bajo la línea fondomonetarista» es, como dijo un político español conservador, «cosa de colonias». El caso Lozoya debe ser transparente. La opinión pública movilizada en 2018 lo demanda y exige respuestas alentada por el «deben comparecer todos los involucrados» de AMLO.

El diseño entreguista de lo energético viene de los años 80. Es asunto estudiado por Emilio Krieger, autor, entre valiosos aportes, de Violaciones presidenciales de la Constitución” (Grijalbo, 1996). La Iniciativa de Decreto 2013, fue aprobada por el Prian a espaldas del pueblo, –pero tanto los elementos básicos de su contenido como su enfoque y consecuencias se advirtieron décadas antes gracias a juristas como Krieger, Samuel del Villar e ingenieros y técnicos, entre quienes destaca Francisco Garaicochea Petrirena, de Grupo Ingenieros Pemex, Constitución de 1917, quienes junto a juristas e investigadores de la UNAM advirtieron sobre los desvíos constitucionales, riesgos a la seguridad nacional y vulnerabilidades técnicas, institucionales y geopolíticas de la energía en manos corruptas que para el Estado mexicano es virtual estatocidio.

En 2011 se publicó en dos volúmenes Reforma energética: anticonstitucional, privatizadora y desnacionalizante, (Cosmos Editorial México, 2011) Los capítulos fueron coordinados y compilados por O. Sarahí Ángeles Cornejo, visionaria investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc-UNAM). La temática abordada fue amplia. Desde los puntuales estudios históricos de Lorenzo Meyer, al mal manejo de Cantarell, de la geopolítica a la reconversión industrial como cobertura privatizadora en Pemex al histórico anexionismo de Estados Unidos hacia México y Canadá, equiparando el TLCAN con la compra de Luisiana (1803) y de Alaska (1867). Recuérdese que en su momento, 12 de agosto de 2013, cuando Peña Nieto presentó la Iniciativa de Decreto 2013, se trataba, como lo advertimos en tiempo y forma, de la «iniciativa de decreto: insostenible» de todo un programa energético regresivo contra la Constitución y la soberanía nacional ( La Jornada 13/8/13). Los legisladores de PRI y PAN aceitaron con bonos la «conversación» para el asalto a los artículos 27 y 28 de la Constitución vigente. (Roberto Garduño, «Bonos para diputados aceitaron la reforma energética de Peña en 2013», La Jornada 26/7/2020).

En 2013, las encuestas mostraron que siete de cada 10 consultados rechazaron la privatización/extranjerización petrolera, regresión disfrazada de reforma energética. Cinco años después, la gente se movilizó en las elecciones, Peña tocó una fibra de identidad bien articulada por Gilberto López y Rivas en su «Denuncia de hechos a través de los cuales se configura el delito de traición a la patria» ( La Jornada 27/9/13). Ese asunto lo destaqué en Flexibilización constitucional y el reingreso a México de las petroleras nacionalizadas por Lázaro Cárdenas, en Jaime Cárdenas G. (coord): Reforma Energética, II-Jurídicas UNAM, 2015) mencionando un documento dirigido a los legisladores y firmado por destacadas figuras del país en el que se asienta que el presidente Enrique Peña Nieto “…incurre en los delitos señalados por los artículos 108 párrafo segundo constitucional y el 123 fracción primera del Código Penal federal, porque compromete nuestra soberanía, pone en riesgo nuestro desarrollo como país libre e independiente y constituye un hecho aun más grave de lo que fue la entrega de Texas durante el siglo XIX”. (p. 183-184). También Bernardo Bátiz, ex procurador general de Justicia del Distrito Federal, recordó que la iniciativa de EPN conlleva lo que para el jurista Mario de la Cueva son «decisiones políticas fundamentales» contenidas en la Carta Magna, «pero que no están sujetas a cambios por el constituyente permanente, porque son parte de la esencia misma de la nación» («Traición a la Patria» La Jornada, 4/11/12) como sería cambiar el sistema democrático por uno monárquico, suspender las garantías individuales o finiquitar la separación de la Iglesia y el Estado. Es en ese rango de normas al que pertenecen los artículos 27 y 28, por ser, petróleo y electricidad en el texto constitucional vigente, «áreas estratégicas de la economía que no pueden ponerse en manos particulares y obviamente, mucho menos en manos de empresas extranjeras» ( idem).

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