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Tomado de jornada

Mario Patrón

La policía es reconocida por el pensamiento republicano como un elemento clave para el funcionamiento del sistema democrático. Sin embargo, esta idea se ha visto fuertemente contrastada en semanas recientes por las manifestaciones ocurridas en Minneapolis tras la ejecución de George Floyd, víctima de brutalidad policial; así como las ocurridas en Jalisco y otras entidades de México por casos similares, la policía ha vuelto a evidenciarse como una de las instituciones más cuestionadas ante la opinión pública.

Como efecto dominó, lo sucedido en el país vecino provocó una ola de exigencias ante los casos suscitados en nuestro país, en particular el de Giovanni López, que se convirtió en el más emblemático y detonó fuertes protestas en Guadalajara. La política de «cero tolerancia» decretada en Jalisco como medida preventiva ante la expansión del Covid-19 motivó la detención arbitraria de Giovanni y su posterior muerte, pero tanto el gobernador de dicha entidad, Enrique Alfaro, como el fiscal de Jalisco, se deslindaron de los hechos al aceptar públicamente que la policía obedeció otras órdenes que no correspondían con las que el Ejecutivo había mandado.Alfaro incluso terminó señalando que en Jalisco le «quisieron construir un Ayotzinapa». Curioso, pues también ahí las fuerzas policiales respondieron a «otras órdenes», tal como el primer informe del Grupo de Expertos (GIEI) lo expresa al enmarcar un contexto de macrocriminalidad en el que las instituciones de los distintos niveles de gobierno están corrompidas por vínculos con el crimen organizado.

El largo historial de abusos policiales y militares marcado en los años pasados por los casos de Atenco, el 1DMX, Ayot-zinapa, Tlatlaya y San Fernando, entre otros, se ha visto agravado por los casos recientes. Al de Giovanni en Ixtlahuacán se le suma el de Oliver López, ejecutado en Tijuana por un policía, quien, recargándose sobre su cuello, lo asfixió. Al de Alexander Gómez, quien fue asesinado mientras caminaba por la calle por disparos ejecutados sin justificación alguna por un policía. Diego Luna Paz, en Oaxaca, fue detenido junto a su hermano Juan Jaciel de manera arbitraria y asesinado después de que los policías los dejaran con un grupo de personas que los golpeó y arrojó por una barranca ante la vista de la policía. Carlos Navarro fue detenido arbitrariamente en Veracruz y declarado muerto por infarto horas después, a pesar de que su cuerpo mostraba marcas de una severa violencia física. Melanie, en la Ciudad de México, fue golpeada por policías durante una de las manifestaciones de protesta contra la violencia policiaca. Todos estos casos han ocurrido entre mayo y junio del presente año.

Pero los hechos, desafortunadamente, no acaban ahí. De acuerdo con el Inegi, en su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 67.9 por ciento de la población considera que las instituciones son corruptas. Entre 2001 y 2017 la CNDH acumuló 13 mil 262 quejas por detenciones arbitrarias; este 2020, tan sólo entre el primero y el 5 de junio recibió 21 quejas en el mismo rubro. En Jalisco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos reveló que en 13 por ciento de los registros de sanciones por no cumplir con las medidas preventivas sanitarias, se produjeron actuaciones desmesuradas por parte de la policía. Por su parte, la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca tiene documentadas dos muertes más en centros de detención municipal, y suma 120 quejas interpuestas por actuaciones de la policía en el transcurso del año.

Más preocupante resulta la situación si insertamos la presente crisis de las fuerzas policiales en la coyuntura de la militarización del combate a la criminalidad. A pesar de que el artículo 21 constitucional refiere que la seguridad pública descansará en instituciones civiles, la Ley de Seguridad Interior, la Guardia Nacional, y el reciente decreto que permite a las fuerzas armadas hacerse cargo de la seguridad, son muestra clara de que, por lo menos en los pasados tres sexenios, se ha apostado por el Ejército y la Marina y no por el fortalecimiento y democratización de las instituciones civiles de seguridad.

En semanas recientes hemos sido testigos de distintas muestras de descomposición policial, que se retratan en dos extremos. Uno el de la macrocriminalidad, que se expresa por la infiltración de las corporaciones policiacas que acaban respondiendo al crimen organizado, y, otro, la inoperancia total, por la cual gobiernos como el de la Ciudad de México y Veracruz han decidido no movilizar a su policía frente a manifestaciones violentas, por aceptar que no tienen la capacidad de intervenir mediante protocolos y estrategias basadas en el uso legítimo y gradual de la fuerza, así como en tácticas de intervención para el control democrático de multitudes.

Robert Varenik, experto en accountability policial refiere que la capacitación de las policías es una respuesta necesaria, pero insuficiente para garantizar su correcto ejercicio. Para el autor, la responsabilización policiaca tendrá que construirse a partir de una serie de modificaciones estructurales que doten de suficiente supervisión externa e interna al quehacer de la policía, así como un ejercicio constante de rendición de cuentas, de manera que la evaluación y publicitación de sus labores sea una práctica que mejore su servicio en el cuidado y preservación del orden.

Los hechos recientes subrayan la evidencia de que la agenda del estado de derecho pasa insoslayablemente por la democratización de las policías. Como ya se ha dicho, el modelo de seguridad asumido por los gobiernos anteriores y el actual ha puesto el énfasis en fortalecer a las fuerzas armadas en detrimento de las policías. El saldo de dicha estrategia es patente: después de 13 años de esta apuesta, nuestro país no sólo sigue sumido en la violencia sino que, además, nos ha dejado cuerpos policiacos debilitados y corruptos en un alto grado.

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