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Tomado de jornada

Magdalena Gómez

En estos tiempos en que se declara como hecho la llamada Cuarta Transformación, vale la pena reflexionar sobre las implicaciones de la detención en Puebla, como virtual preso político, del líder comunitario Miguel López Vega, concejal del Congreso Nacional Indigena (CNI) e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala, opositor al gasoducto y la termoeléctrica en Huexca. Asimismo, es periodista comunitario de Radio Zacatepec y está incorporado al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación (SG).

Su participación más reciente está ligada a la protesta de la comunidad de Santa María Zacatepec, una de las tres juntas auxiliares del municipio de Juan C. Bonilla contra la decisión del Comité Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue) de entubar las aguas industriales del Parque Ciudad Textil Huejotzingo, que desembocarán en el río Metla­panapa. Ha sido firme la postura comunitaria en defensa del río, y sólidas las razones para impedir su contaminación. Precisamente el pasado 24 de enero Miguel López Vega entregó al gobierno de Puebla la minuta de acuerdos de la asamblea comunitaria efectuada una semana antes, en que destituyeron por usos y costumbres al presidente de la junta auxiliar de Santa María Zacatepec, y el pueblo eligió a un nuevo representante para continuar con la defensa del río. Fue detenido al salir de la oficina de gobierno y trasladado a la Casa de Justicia en Tlaxcalancingo, Puebla, y al día siguiente, recluido en el penal de San Miguel, acusado de obstrucción de obra pública, daños a las vías de comunicación y uso de explosivos, sin que se presentaran pruebas, salvo las declaraciones de dos trabajadores del Ceaspue. De entrada, se observa que es arbitrario el uso de figuras penales para individualizar procesos penales en el caso de conflictos y movilizaciones producto de decisiones comunitarias. Particularmente grave es la acusación sin pruebas del uso de explosivos. Estos tipos penales resultan incompatibles con el conjunto de derechos humanos y en especial con los relativos a pueblos indígenas, se prestan a la discrecionalidad de los intereses políticos y económicos en juego.

En cuanto se supo de la detención, organizaciones campesinas y sociales, comerciantes y pobladores de Santa María Zacatepec, bloquearon la carretera federal México-Puebla para exigir la liberación, lo cual fue retirado, previa asamblea comunitaria, para asistir a una mesa de diálogo con el gobierno del estado, que se deslindó de la criminalización, lo cual por lo menos habla de la necesidad de investigar a la Ceaspue y al personal de la fiscalía del estado.

Fue clave la reacción inmediata del CNI y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias Capítulo México (Amarc Mx) y organizaciones de la entidad, así como la organización internacional Artículo 19. Por su parte el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero anunció la creación de una misión de observación internacional integrada por Front Line Defenders; Servicios y Asesoría para la Paz, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos.

Ante lo insostenible de las acusaciones y sobre todo la exigencia política, el 29 de enero fue liberado Miguel López Vega, pero aún no concluye el proceso; está obligado a firmar cada 15 días en el penal de San Miguel, en la capital de Puebla. La jueza fijó como límite el 29 de marzo para que se aporten pruebas y concluya el proceso penal por ataques a las vías de comunicación. La calidad jurídica de su defensa está garantizada, pues su abogado, Juan Carlos Flores Solís, también fue preso político en el gobierno an­terior, por la participación como parte de la oposición al gasoducto del Plan Integral Morelos y ha promovido y ganado amparos en ese caso. Informó que la Ceaspue no presentó licencias de construcción de la obra, manifestación de impacto ambiental o permiso de la Comisión Nacional del Agua para las descargas al afluente. Además de anomalías en las declaraciones acusatorias de trabajadores de la Ceaspue, por lo cual la juez determinó desecharlas.

En este contexto el proyecto de descarga de aguas industriales en el río Metlapanapa fue clausurado por el ayuntamiento de Juan C. Bonilla, con intervención del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, en lógica de control de daños, sin que se trate de una cancelación definitiva, pues se habla de realizar estudios de impacto ambiental, lo cual abre el margen para su manipulación. Sin embargo, quedó evidente que la comunidad de Santa María Zacatepec está unida y organizada y cuenta con un amplio respaldo social y político. Fue muy significativa la presencia de María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, con integrantes del CIG en el momento de la liberación del líder comunitario. La fuerza de los símbolos.

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