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Tomado de desinformemonos

Por Silvia Ribeiro

Ustedes vienen a prometernos la riqueza de los vientos y de la gran estrella con una ingenuidad obscena y tirana, y no saben que los vientos nos guían la vida en todas las estaciones y que la estrella madre-padre es centro y norte de todos nuestros sures ancestrales

Ustedes los que quieren conectar los sures en nombre del progreso con sus adornos tristes de aparadores y soledades, nos enrabian y enrisan en su ingenuidad pueril cuando los vemos tan distantes, ausentes, tristes, desvinculados de sí, dándose al oasis del capital, los éxitos y el desarrollo. Y no saben que nosotros, aún en lo que creen ruinas, seguimos leyendo las señales de la tierra, de los animales, de los vientos, del agua vinculándonos a lo eterno.

No saben que somos semillas con los saberes de todos los mundos, de nuestras ancestras y ancestros y que eso no se mata o desaparece en una persona, que somos montes, trojes, milpas en lo rural y urbano y que germinamos con toda la fuerza, el amor y la rabia que este tiempo urge.

No se olviden que estamos, que somos muchos, que florecemos a pesar de todas las sequías.

Extracto de texto de Alika Santiago Trejo, de la Colectiva de Mujeres

K-luumit X’ko olelo’ob, Bacalar, Quintana Roo, ante amenazas a Pedro Uc.

En las últimas semanas, el gobierno de México realizó un simulacro de gran alcance. No para prevenirse ante sismos, sino para hacer creer a la población de todo el país, y especialmente a la del Sureste, que se realizaron consultas a los pueblos indígenas sobre el Tren Maya y que decenas de miles de personas -indígenas y otros- dieron su aprobación al proyecto, lo cual es un acto avanzado de manipulación y falseamiento de la realidad.

Lo brutalmente real, es que opositores indígenas al proyecto, como el poeta maya Pedro Uc y su familia, son acosados y amenazados de muerte para que se callen. Muchas redes y colectivos denunciaron estas amenazas, que también formaron parte de la nutrida lista de asesinatos, ataques y agresiones contra los defensores de los territorios, que denunciaron los pueblos en la Cuarta Asamblea conjunta del Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno, así como en el Foro en Defensa del Territorio y la Madre Tierra, que se realizaron con el EZLN en Chiapas en diciembre 2019.

El Tren Maya es uno de los proyectos a los que todas estas organizaciones y pueblos se oponen, pero que el gobierno de López Obrador considera clave y se propone llevar adelante a cualquier costo. Así lo estableció en su plan de gobierno desde antes de ser elegido presidente. El proyecto enlazaría con líneas de ferrocarril, cinco entidades: Chiapas, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Tabasco. El tren en sí mismo, como explican Samuel Rosado y Ramón Vera Herrera en Ojarasca, es apenas una parte del proyecto. Aunque el trazo y aumento de tráfico tendrá impactos ambientales, sociales y sobre la naturaleza, sobre todo en zonas donde no existe carretera u otras líneas ferroviarias anteriores, como Calakmul, los impactos más devastadores del proyecto serán en áreas que van mucho más allá de las zonas donde pasarán las vías.

Resume Heber Uc, del Consejo Indígena de Bacalar, “el Tren Maya es el inicio de una conexión de diferentes proyectos que se llevan a cabo desde hace algunos años en la península, como las celdas fotovoltaicas, los parques eólicos, la agroindustria, las megagranjas porcícolas y el llamado turismo “verde”, entre otros.” Todo esto, explica, será unido por el tren. La especulación de la tierra ya empezó y “desde el anuncio del proyecto mucha gente está llegando a la zona para apropiarse de la tierra, y en las orillas de la carretera del tramo de Bacalar a Cancún se está dando una serie de despojos mediante violencia”. (Derecho de réplica. Hablan los pueblos)

Estos son todos aspectos centrales del proyecto Tren Maya, pero que el gobierno no pone a discusión. Sobre el reciente proceso llamado de “consulta” que el gobierno realizó aceleradamente en noviembre y diciembre, el organismo de Derechos Humanos de la ONU, que fue convocado por el gobierno a asistir como observador y participó en la mitad de las “asambleas” consultivas, elaboró un informe crítico. Señaló que no se había cumplido con las condiciones que exigen los estándares internacionales a los que está sujeto México, según los cuales la consulta debiera ser para buscar el consentimiento, en forma “previa, libre, informada y culturalmente adecuada”.

Indican que si bien el ejercicio que hizo el gobierno –15 reuniones informativas y 15 llamadas asambleas– fue previo a la ejecución del proyecto, la búsqueda de consentimiento no se reflejó en la convocatoria y el protocolo de consulta en los que se describe “como uno de sus objetos establecer acuerdos con las comunidades respecto a su participación en la implementación y la distribución de beneficios, lo cual podría dar a entender que el proyecto se hará independientemente del resultado de la consulta.”

ONU-DH expresó que tampoco se cumplió con los otros requisitos, ya que la información solo describió los supuestos beneficios, sin informar de los impactos negativos, ni siquiera cuando se interrogó a los representantes gubernamentales al respecto, en las reuniones presenciales. Adicionalmente, no se organizaron los eventos junto a las comunidades, para respetar sus tiempos, usos y costumbres, sino que fueron programados por las autoridades, con apenas dos semanas entre las reuniones informativas y las llamadas asambleas. Pese al nombre, esas instancias no eran asambleas de las comunidades, sino que se citó a representantes municipales y agrarios, sin dar chance a que las propias comunidades discutieran, procesaran la información y eligieran, junto a sus autoridades tradicionales, quiénes serían las y los delegados a tales consultas. ONU-DH señaló también la baja participación de mujeres y que muchas personas no pudieron acudir por falta de recursos económicos.

Pero el mayor punto de preocupación del organismos fue que observó que para los participantes, la atención de derechos y necesidades básicas, como agua, saneamiento, salud, educación, trabajo, vivienda, aparecían condicionadas a la aceptación del proyecto. El organismo explicó que en algunos casos, representantes de gobierno manifestaron que los derechos económicos, sociales y culturales, no estaban condicionados, pero la forma en que se desarrolló la supuesta “consulta” dio a entender que con el Tren Maya, esos derechos se concretarían.

A este respecto, es ilustrativo el relato de Margarita Valdovinos, investigadora de la UNAM, que también participó como observadora en consultas. Reporta que la “información” que se entregó a las comunidades fue parcial y sesgada, tal como señaló la ONU, pero además, en la convocatoria se les exhortó a venir a plantear las demandas y peticiones de las comunidades, no específicamente sobre el proyecto. Esto provocó que en las reuniones, los asistentes vertieran una larga lista de necesidades, a lo que los representantes gubernamentales en forma directa o indirecta respondieron o implicaron que se podrían atender con el proyecto, por lo que al final de la reunión, interpretaron que los asistentes daban su aprobación al Tren Maya.

Ante las preocupaciones expresadas por la ONU_DH, el gobierno de México respondió, igual que tantos otros gobiernos, con descalificaciones al organismo, alegando que sus apreciaciones no eran ciertas –como si no hubieran estado allí en persona y no hubieran visto todo en primera fila– y les acusó de “asumir una línea de militancia social opositora”. Agregó además que el organismo desconocía “la voluntad expresada por las comunidades” a favor del proyecto.

Con el Proyecto Integral Morelos, el gobierno de AMLO acusó a las y los campesinos que defendían desde hace años su territorio de ser “radicales conservadores”, lo que dio el marco para el asesinato del comunero Samir Flores. Ahora la ONU-DH son “militantes sociales opositores”, porque señalan las severas deficiencias de estas llamadas consultas, dando el marco para nuevas agresiones en la región del proyecto Tren Maya. Pedro Uc recibió las amenazas apenas horas después de haberse expresado críticamente al proyecto en una reunión.

Son los propios pueblos los que saben qué desarrollo quieren, cómo y para qué. A ellos no se lo han preguntado, muchos menos en sus propias condiciones y formas políticas y culturales. Las consultas fraguadas desde el gobierno solamente pretenden vender y justificar el avance de un proyecto en el que ganarán las empresas y proyectos devastadores, despojando a las comunidades de sus territorios. Son tiempos aciagos. Como dice Alika Santiago, los pueblos seguirán floreciendo pese a todas las sequías.
Silvia Ribeiro

Periodista y activista uruguaya, directora para América Latina del Grupo ETC, con sede en México.
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