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Tomado de jornada

Carlos Fazio

El golpe de Estado cívico-policial-militar-mediático en Bolivia fue planificado desde la embajada de Estados Unidos en La Paz (como reconoció en entrevista con La Jornada el derrocado presidente constitucional y legítimo Evo Morales Ayma), y reúne todas las características de la guerra irregular o híbrida: la combinación de operaciones sicológicas y otras técnicas clandestinas de desestabilización social, con actividades paramilitares de tipo insurreccional de hordas urbanas que generaron un caótico desorden criminal –lo que incluyó fanáticos crímenes de odio clasista y de supremacismo racial contra personas identificadas con el «evismo»–, apoyadas por el terrorismo mediático y en las redes digitales (Twitter, Facebook) para generar una supuesta “unanimidad antigubernamental (propaganda golpista, desinformación, fake news, trolls, bots) y el accionar político-diplomático de Washington, con Donald Trump a la cabeza de un grupo de perritos falderos regionales, que coordinados desde la Organización de Estados Americanos (OEA) por el inefable Luis Almagro se sumaron al coro de la contrarrevolución, en particular, el brasileño Jair Bolsonaro, el colombiano Iván Duque y su mentor, el ex presidente Álvaro Uribe.

La secuencia sediciosa avalada públicamente desde Washington por los senadores ultraderechistas estadunidenses Marco Rubio, Bob Menéndez y Ted Cruz, que contó con el apoyo in situ de grupos religiosos evangélicos y agentes encubiertos del Pentágono y la CIA (Agencia Central de Inteligencia) bajo la fachada de los Cuerpos de Paz, tuvo como plataforma de lanzamiento convocatorias de la revanchista clase media urbana tradicional en las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, que a través de grupos de choque paramilitares armados salieron a «cazar», «escarmentar» y «matar collas» (indígenas de los barrios marginales) e infundir terror mediante la quema de sedes gubernamentales y casas privadas, y llamadas atemorizantes a ministros, parlamentarios y autoridades comunales del MAS (Movimiento al Socialismo) y dirigentes sindicales, operaciones que dada su extensión y magnitud, necesitaron para su coordinación datos de inteligencia y coordinación militar.

Como suele ocurrir en las distintas modalidades golpistas, el asalto al poder es precedido por el accionar terrorista de escuadrones de la muerte y grupos paramilitares, mientras aguardan en las sombras los factores reales de la asonada putchista: las fuerzas militares y policiales. El actual caso boliviano no fue la excepción. Primero apareció en escena el comandante general de la policía boliviana, Vladimir Yuri Calderón Mariscal, quien llevó a gran parte de la fuerza policial a la rebelión el 9 de noviembre, justo un día antes de la renuncia de Evo Morales. En 2018, Calderón Mariscal se desempeñó como presidente de Agregados Policiales de América Latina en Estados Unidos de América (Apala), con sede en Washington, DC, que mantiene reuniones de forma permanente con las agencias federales más importantes de Estados Unidos (Interpol, DEA, ICE y FBI) y está integrada de facto a las redes de la llamada «comunidad de inteligencia».

El otro funcionario clave que ayudó a consumar el golpe del 10 de noviembre fue el general William Kaliman, comandante en jefe de las fuerzas armadas de Bolivia, quien sirvió como agregado militar en la embajada de su país en Washington, DC, en 2013. Él fue quien «sugirió» a Evo Morales que renunciara, quebrando el orden constitucional. Una década atrás, Kaliman −el hombre que apareció en algunas fotos de la coyuntura con gafas negras al lado del presidente Evo Morales, en una emulación trágica del general Augusto Pinochet−, participó en los cursos de la escuela de entrenamiento militar en Fort Benning, Georgia, conocida en el pasado como la Escuela de las Américas (SOA, por sus siglas en inglés). El propio Kaliman asistió a un curso llamado Comando y Estado Mayor, en la SOA, en 2003.

El regreso al golpismo en América Latina de la mano de Washington, redita el papel tradicional de los oficiales militares y policiales entrenados por Estados Unidos como herramienta fundamental para forzar el cambio de régimen en Bolivia. Como dijo el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, la «profecía autocumplida» que exigía no reconocer el resultado electoral, se consumó tras el amotinamiento policial y el golpe militar, que concluyó con la investidura de una senadora, Jeanine Áñez, como presidenta del país a manos de un general del ejército, institución que tras desconocer la sucesión constitucional opera ahora de nueva cuenta como una fuerza de ocupación interna.

Otro actor en la emergencia golpista es el «líder cívico» Luis Fernando Camacho (el Bolsonaro boliviano), personaje histriónico y carismático de ultraderecha, desconocido hasta hace pocas semanas fuera de Santa Cruz. Al frente de las hordas neofascistas motorizadas 4×4 de limpieza étnica, el empresario gasero-financiero de 40 años, miembro de la logia Los Caballeros de Oriente y exhibido como narco-lavador en los Panama Papers, entró con su Biblia a un desierto Palacio Quemado –el viejo edificio del poder hoy trasladado a la Casa Grande del Pueblo– e imbuido de una ritualidad medieval se arrodilló en el piso para que «Dios vuelva al Palacio».

Bajo la arenga religiosa del Macho Camacho: «Bolivia para Cristo, la Pachamama nunca más volverá a entrar a este palacio», citadinos mestizos descendieron la Wiphala (bandera quechua-aymara símbolo de la identidad indígena) del frente del edificio y la quemaron públicamente, como parte de una contienda cultural que pretende la restauración del panteón del Estado criollo republicano y hacer escarnio de la simbología política indígena. Lo que en otros términos significa la destrucción del Estado plurinacional y de la ciudadanía intercultural alcanzada durante el mandato de Evo Morales; la anulación de los derechos indígenas consignados en las leyes. Es decir, devolver al indígena a la condición de No ciudadano, No sujeto, lo que no deja de tener cierta analogía con la colonización española, con la cruz y la espada sobre los indígenas.

Como declaró Evo Morales a La Jornada, «si el nombre del golpe está en la embajada de Estados Unidos, el apellido es litio». No es casual que poco antes de las elecciones presidenciales, Ivanka Trump, hija del inquilino de la Casa Blanca, visitara la localidad de Purmamarca, en el noroeste de Argentina y limítrofe con Bolivia, que con Chile conforman el «triángulo del litio». Allí se concentra 75 por ciento de las reservas globales de ese elemento motivo de la codicia geoestratégica de las dos superpotencias, Estados Unidos y China, en guerra económica. El litio se usa para las baterías de los autos eléctricos, las computadoras portátiles, los teléfonos móviles y las cámaras digitales, y Bolivia posee reservas de 21 millones de toneladas de litio, las mayores del mundo, entre el salar de Uyuni, los yacimientos de Coipasa y Pastos Grandes. Ese, pues, parece ser el motivo fundamental del golpe de Estado cívico-militar made in USA en Bolivia.

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