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Tomado de jornada

Carlos Fazio

La realidad no se oculta, está ahí. Somos nosotros los que la negamos. En plena sociedad del espectáculo, lejos del sensacionalismo de los medios de difusión masiva bajo control monopólico privado, los grandes grupos de la economía criminal son el lado oscuro, subterráneo, de la globalización.

Desde sus orígenes el capitalismo ha sido amoral. Y como en otros momentos de la historia, vivimos en una era de capitalismo criminal exacerbado, en «democracias» criminales o mafiosas. El mundo del «crimen organizado» y de las mafias es el mundo del dinero y los intereses económicos, del poder y el secreto. Las mafias y los grupos de la economía criminal se han instalado en el corazón de nuestros sistemas políticos y económicos; no son un fenómeno aislado de la sociedad −una conspiración de maleantes en un Estado limpio−, sino más bien una especie de empresa, de carácter ilegal y a la vez informal y legal, con un pie bien implantado en los sectores cruciales de la sociedad y el Estado: el mundo financiero y el de los negocios, el aparato militar, el securitario y de vigilancia ubicua (Google) y el judicial, y hasta el mundo político. El objetivo de la economía criminal es blanquear (lavar) en la esfera legal (estado de derecho a modo) el dinero sucio y legitimar socialmente su lógica de acumulación de capital.

El caso del dimitente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, a la sazón ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, el servicio de espionaje político de los regímenes de PRI y PAN), ex secretario de Seguridad Pública federal, ex titular de la Procuraduría General de la República y ex embajador de México ante Gran Bretaña y Estados Unidos, exhibe los nexos entre el crimen, la política, las instituciones del Estado, la empresa y la economía regular, informal y criminal.

La meteórica carrera de Medina Mora se inició bajo el régimen de Carlos Salinas de Gortari en 1991, cuando formó parte del equipo negociador del Tratado de Li­bre Comercio de América del Norte ­(TLCAN) como coordinador del grupo jurídico del sector privado en la tarea de asesoría a los negociadores gubernamentales; luego fue director de planeación estratégica del corporativo Desc SA de CV, holding industrial del clan Senderos −y en cuyo directorio figuraban, entre otros, Alberto Baillères, Valentín Díez Morodo y los banqueros Rubén Aguilar Monteverde y Carlos Gómez−, periodo en que se desempeñó como consejero nacional del Consejo Coordinador Empresarial, además de ser accionista de Televisa y Ocesa.

En 2000, Vicente Fox lo nombró director del Cisen (donde tuvo acceso a información privilegiada), y tras la extraña muerte de Ramón Martín Huerta en septiembre de 2005, Medina Mora lo sustituyó como secretario de Seguridad Pública federal. Como titular de la SSP, ocupó el primer lugar en la cadena de mando de la Policía Federal Preventiva, cuyo jefe de Estado Mayor, general Ardelio Vargas Fosado, intervino en los hechos de San Salvador Atenco en mayo de 2006 (que incluyeron la muerte de dos personas y la tortura física, sicológica y sexual de 26 mujeres) y estuvo al frente del violento Operativo Oaxaca contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, entre julio y noviembre de ese año, que dejó una veintena de muertos.

En octubre de 2006, ya con Felipe Calderón como presidente electo, el secretario de Seguridad Pública Medina Mora acompañó al político michoacano a una reunión secreta en Cuernavaca, Morelos, donde estuvieron presentes, además, Genaro García Luna, entonces director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), la administradora general de la agencia antidrogas DEA, Karen Tandy, y su director general para América del Norte y Centroamérica, David Gaddis, uno de los operadores del Plan Colombia, quien había sido trasladado a México en junio de ese año.

Al asumir Calderón, Medina Mora fue nombrado procurador general de la República y García Luna asumió la titularidad de la SSP. Ambos participaron en las sesiones del Consejo de Seguridad Nacional donde se definió la estrategia castrense a seguir a partir del 11 de diciembre de 2006, cuando fue lanzado el Operativo Conjunto Michoacán, y fueron los alfiles de Estados Unidos en la implantación de la Iniciativa Mérida, mecanismo de asistencia militar y policial condicionada que desató una espiral de violencia, terror y muerte en todo el territorio nacional que llega hasta nuestros días.

Con ese historial represivo, que en algunos casos podrían configurar crímenes de Estado o de lesa humanidad, Medina Mora, quien llegó a la SCJN con Enrique Peña Nieto para garantizarle impunidad al ex presidente, podría sufrir ahora del síndrome de Al Capone y ser encarcelado por delitos perseguidos por la Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, que desde agosto pasado inició una carpeta de investigación que lo involucra en posibles actividades financieras consideradas «sospechosas» (eventualmente con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero) por 103 millones de pesos, según la información de la National Crime Agency del gobierno del Reino Unido y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos; por lo que podría ser indiciado, entre otras fechorías, por «actos masivos de corrupción».

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