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Tomado de jornada

Luis Hernández Navarro

Juan Alfonso Mejía López marcha en caballo de hacienda hacia la gubernatura de Sinaloa. Desde que fue nombrado secretario de Educación Pública en la entidad, su labor como funcionario tiene el inconfundible tufo de precampaña electoral. Pequeño detalle: antes de hacerse cargo de la enseñanza, fue director nacional y presidente estatal de la organización empresarial Mexicanos Primero.

Al igual que lo hace Claudio X. González, el doctor Mejía se define como «activista social». En octubre pasado, su sucesora al frente de la asociación, Jennifer O’Donoghue, encontró en la designación del nuevo secretario motivo de orgullo y de esperanza, ya que «implica un reconocimiento de la sociedad civil como semillero de activistas».

Desde hace años, Mexicanos Primero ha vociferado a viento y marea que el Estado mexicano debe recuperar la rectoría de la educación, amenazada, según ellos, por los maestros y sus sindicatos. Irónicamente, hoy que uno de sus más importantes funcionarios ocupa una posición de poder clave en el sistema educativo, lo justifica en nombre de la «sociedad civil».

El caso de Sinaloa dista de ser único. Grandes empresarios y sus asociaciones controlan las secretarías de Educación de buen número de estados. La titular de la dependencia en Nuevo León, María de los Ángeles Errisúriz Alarcón, es el vínculo entre el gobernador Jaime Rodíguez Calderón y el empresario ultraconservador Vicente Segú Marcos, «operador del conservadurismo» a escala mundial y presidente de Incluyendo México (https://bit.ly/2nZuqbj). En 2007, «durante el sexenio de Felipe Calderón, Segu Marcos fue vocero para una coalición ultraconservadora que exigió al gobierno modificar los libros de texto de biología para el primer año de secundaria» y canalizó millonarios recursos a organizaciones antiaborto, antihomosexuales y de evangelización (https://bit.ly/2wziUG2).

El secretario de Educación de Querétaro, José Alfredo Botello Montes, es un reconocido dirigente de la extrema derecha del Bajío, integrante del Yunque. Y el de Durango, Rubén Calderón Luján, no canta mal las rancheras: fue parte de Guardia Unificadora Iberoamericana (GUIA), también ligada al Yunque.

A pesar del mandato constitucional que establece que la educación pública debe ser laica, varios prohombres de asociaciones católicas conservadoras son titulares de la enseñanza estatal. Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Jalisco, fue director del Colegio Altamira, en Zapopan, institución de formación religiosa, que cuenta con la asistencia de la prelatura del Opus Dei, ‘‘para velar por el desarrollo espiritual de las personas’’.

Los intereses privados son muy claros en las biografías de varios secretarios. Higinio González Calderón, titular de Coahuila, es presidente de la Federación de Instituciones Mexicanas de Educación Superior (Fimpes), organismo que agrupa a las instituciones privadas de educación superior. Fue coordinador de asesores de la subsecretaría de Desarrollo Político, cuando Esteban Moctezuma era secretario de Gobernación.

Los secretarios de Educación estatales expresan los compromisos políticos y económicos de los gobernadores en turno. Muchos han pasado, indistintamente, por los más disímbolos puestos en la administración pública: Sedesol, Trabajo, Agricultura, más lo que se acumule. Antes de hacerse cargo de la enseñanza en Campeche, el policía Ricardo Miguel Medina Farfán fue agente del Ministerio Público, subdirector de Averiguaciones Previas y parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La lista de los secretarios acusados de corrupción dista de ser pequeña. Un par de botones de muestra. El del estado de México, Alejandro Fernández Campillo, provocó daños a la estructura arqueológica de Teotihuacán y fue suspendido de su puesto. En Huixquilucan fue acusado de autorizar desarrollos inmobiliarios saltándose las normas urbanas. Constructores oaxaqueños señalaron que canceló licitaciones públicas con un valor de 480 millones, para entregarla a empresas vinculadas a él. Al de Aguascalientes, Raúl Selva Pérezchica, la organización Cimientos del Magisterio lo denunció por participar en el desfalco de mil millones de pesos en el Instituto de Educación.

No están libres de pecado la mayoría de los titulares de los estados gobernados por Morena. A lo mejor porque lo suyo es enseñar, en Veracruz se designó para el puesto a Zenzayen Escobar García, un stripper cuyo nombre artístico era Tarzan Boy. Los maestros de la CNTE niegan relación con él. Rosa Aidé Domínguez Ochoa, la secretaria de Chiapas, posee como único mérito la de ser pieza de la esposa del gobernador en la entidad. Muchos de sus principales colaboradores son parte del grupo de Elba Esther Gordillo. Su incapacidad es tal que está a punto de provocar un paro indefinido. Como parte de la experiencia educativa del de Tabasco, Guillermo Nar­váez Osorio, está haber sido director de la escuela de cuadros del PRI. Ha sido también diputado, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, pero, sobre todo, cuenta con amigos poderosos.

Como los carteristas que huyen de sus fechorías gritando «¡al ladrón!», los empresarios, tecnócratas y políticos que acusan a la CNTE de controlar la educación lo hacen por una razón: ocultar que son ellos quienes usurpan la rectoría estatal de la enseñanza pública.

Twitter: @lhan55

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