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Tomado de jornada

Luis Hernández Navarro

El cuerpo sin vida de Ignacio Pérez Girón apareció a un lado de la carretera libre Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal. Tenía signos de tortura. Dos días antes, el 4 de mayo de este año, su familia había reportado su desaparición.

Pérez Girón era síndico del municipio indígena de Aldama, en los Altos de Chiapas. Tenía 45 años de edad. Meses atrás, en enero de 2019, había denunciado el ataque armado a la comunidad por parte de paramilitares.

Desde febrero de 2018, los pobladores de Aldama viven una auténtica crisis humanitaria. Varias comunidades del municipio son víctimas constantes de ataques con armas de fuego por parte de grupos paramilitares. Han sido asesinadas 25 personas y herido varias decenas. Además, más de 2 mil han sido desplazadas violentamente de sus casas y pueblos. Quienes salen a trabajar a sus predios corren el peligro de ser asesinados. Los agresores provienen de los poblados de Santa Martha y Saklum, en el vecino municipio de Chenalhó.

En cinco diferentes ocasiones, Pérez Girón había solicitado al gobierno estatal instalar mesas de diálogo para desactivar el conflicto. Antes del asesinato, el periodista de Rompeviento Tv Ernesto Ledesma le preguntó en tres ocasiones al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las agresiones en esta región. Después del crimen de Pérez Girón, lo volvió a hacer. Desde el lugar de los hechos, elaboró cuatro reportajes con múltiples testimonios de primera mano (https://bit.ly/2wesaOn). Ni la presencia policiaca ni la militar han detenido los ataques. Quienes portan armas de fuego de uso exclusivo del Ejército se mueven a sus anchas ­libremente.

Este problema viene desde 1977. Surgió porque el gobierno entregó a Santa Martha 60 hectáreas propiedad de Aldama. Según la junta de buen gobierno del caracol de Oventik, «los tres niveles de gobierno pasados y presentes son responsables de la división, enfrentamiento, miedo y rompimiento de la vida comunitaria». Porque, «aparentaron acuerdos que no se cumplieron metiéndole más leña al fuego», para «dividir a las ­comunidades».

La violencia en Aldama y en Chalchihuitán es consecuencia de la liberación de los asesinos materiales de Acteal. El 22 de diciembre de 1997, en Acteal, Chenalhó, fueron salvajemente ejecutados por paramilitares 45 hombres, mujeres y niños que oraban por la paz en una ermita (https://bit.ly/2ELb9A8). A pesar de que fueron plenamente identificados por los deudos de las víctimas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación liberó a los homicidas a partir de 2009, argumentando que no se había seguido el debido proceso. Los criminales nunca entregaron las armas con las que perpetraron la masacre.

El principal promotor de la campaña para liberar a los asesinos de Acteal fue Hugo Eric Flores, ligado a la teología de la prosperidad neopentecostal, asociado en los inicios de su carrera política a Ernesto Zedillo, presidente de México cuando se cometió la matanza. Dirigente del partido Encuentro Social, actualmente es el superdelegado de la Cuarta Transformación en el estado de Morelos.

Los paramilitares de Chenalhó que a lo largo del último año han atacado a los pobladores de Aldama son los mismos que ultimaron a los integrantes de Las Abejas en Acteal hace casi 22 años, o los familiares de los asesinos. Rosa Pérez, la ex presidenta municipal de Chenalhó, figura clave en la reactivación de los grupos de civiles armados, es pariente de quienes perpetraron la masacre. Abraham Cruz, hasta hace poco tesorero municipal, es hijo del pastor que bendijo las armas de los ­homicidas.

Según declararon los desplazados de Aldama, Rosa Pérez y Abraham Cruz, actual alcalde de Chenalhó, reorganizaron el grupo paramilitar que existe en ese municipio desde hace años, creado por el Ejército, «aunque esta vez los atacados fuimos nosotros» (https://bit.ly/2Xle8q7).

Lo sucedido en Chenalhó, Chalchiuitán y Aldama no es un hecho aislado. Prácticamente en todos los rincones de la geografía chiapaneca viejos y nuevos cacicazgos (indígenas y mestizos) se disputan el control del territorio por medio de la violencia. Integrantes del pueblo chol de San José El Bascán, en el municipio de Salto de Agua, se encuentran en riesgo de ataque armado y desplazamiento forzado.

En lugar de servir para meter en orden a los demonios del paramilitarismo, la presencia del Ejército en el estado parece haberse concentrado en cercar y hostigar a los territorios zapatistas. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas registró que desde fines de 2018 se duplicó el número de incursiones del Ejército Mexicano a la sede de la junta de buen gobierno, en el caracol de La Realidad.

Lejos de enfrentar a los grupos de poder locales, el gobierno estatal, encabezado por el morenista Rutilio Escandón, los protege. Los hijos y nietos de la vieja oligarquía finquera ocupan ahora posiciones claves en la administración de la Cuarta Transformación chiapaneca. El mandatario estatal y sus funcionarios son parte del problema, no de la solución.

El fantasma de Acteal recorre el territorio chiapaneco. Los demonios están sueltos. Desde arriba les abrieron la puerta.

Twitter: @lhan55

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