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Tomado de jornada

Hugo Aboites*

No hay ambigüedad que dure 100 años y la del gobierno de López Obrador en el tema de la educación tardó exactamente cinco meses en disiparse. Por un lado, sus reiteradas declaraciones de que se abrogaría completa la reforma, y, por el otro, la SEP insistiendo en su evidente inclinación por la OCDE y ese instituto. Lo más reciente fue, por un lado, la aprobación en las comisiones unidas de la Cámara de un dictamen abrumadoramente rechazado por académicos en la UNAM y maestros, y por otro, el esperanzador memorándum en que el Presidente planteaba «lineamientos», “en tanto se alcanza un entendimiento con los padres de familia y los maestros sobre los cambios constitucionales requeridos…” (Pág. 2, primer párrafo). Esto último alentó la confianza de los maestros. Y, más todavía, cuando al memorándum del 16 de abril le siguió la convocatoria de la SEP a negociar el lunes 22. Sin embargo, sorpresivamente, el día 24 con la decisiva participación de la mayoría de diputados de Morena, el dictamen del paquete de modificaciones se lleva al pleno de la Cámara y en horas queda aprobado.

Es cierto que ya no se aplicarán evaluaciones punitivas a los maestros, pero seguirán excluidos del 123 y, con eso, indefensos, para empezar, ante un procedimiento de ingreso, promoción y reconocimiento de excepción que ya anuncian las modificaciones aprobadas. Pero, lo más grave, abre todavía más que en 2013 la conducción de la educación nacional a la representación local de la OCDE y de Mexicanos Primero. La SEP de Moctezuma Barragán justificó este despojo de conquistador, en «la necesidad de ceder en algo» a fin de conseguir la abrogación de la reforma. Pero era innecesario. Un gobierno con el respaldo popular al presidente que significan 30 millones de votos y, además, con el peso de uno de los movimientos sociales y magisteriales más poderosos de la historia reciente, pueden plantarse y empujar con fuerza extraordinaria una reforma de fondo. Si se quiere. Con lo aprobado queda claro que no se trataba de defender a la educación y al interés superior de niños, niñas, maestros y maestras, sino de darle un poco a los maestros sin alterar demasiado el proyecto de control de le educación de conservadores, empresarios y la OCDE.

Y los diputados sabían contra quien iban, si no, ¿por qué el presidente de la fracción de Morena, Mario Delgado, hablando al día siguiente en Aristegui noticias, llama a los maestros a tranquilizarse, a «tener confianza»? ¿Por qué anticipa que habrá resistencia aunque –usando las mismas fatuas palabras de Mexicanos Primero en 2012– espera que sólo durará «un tiempo»? Tal vez, pero también puede que, como en 2013, la molestia aumente, venga luego la resistencia focal, la campaña de la derecha exigiendo represión y un gobierno crecientemente entrampado en un tema que es de Peña Nieto.

En un aparente intento por ofrecer esperanza, el Presidente ahora reitera que debe darse prioridad a los normalistas y desde la Cámara se habla de que las demandas y rectificaciones se incluirían en la legislación secundaria. Viendo cómo se arrasó con las propuestas y reservas de las minorías y hasta con la propia iniciativa presidencial, sería ingenuo confiar de nuevo.

La votación en la Cámara muestra la reactivación del Pacto por México, ahora con la inclusión de la mayoría de los diputados de Morena. Usando el mismo método de «ceder para lograr», el PRI y el PAN elegirán a los integrantes del nuevo INEE con el mismo perfil del pasado (incluyendo a algún(os) progresista(s) pero, además, con una sustancial ampliación numérica. Ya no habrá sólo una Junta Directiva sino además un consejo técnico y otro más, consultivo. Decenas de integrantes más. Se busca así «democratizar» la imagen del nuevo organismo y legitimar más la presión empresarial y conservadora sobre la educación que comenzó a ejercer en 2013. Por eso mantiene su carácter de una entidad autónoma que desde fuera, desde «la sociedad civil» empresarial y de la OCDE, y por encima de una SEP que gusta de ceder, establece criterios, lineamientos, indicadores para normar, certificar, medir la excelencia (calidad) y, por tanto, asumir la conducción y el rumbo de la educación. Y esto incluye sobre todo el quehacer de millón y medio de maestros y maestras, además de estudiantes y comunidades que, una vez más, quedarán subordinados a las imposiciones pedagógicas de una cúpula privilegiada y conservadora y excluidos de la participación en la conducción nacional y regional de su propio trabajo educativo.

Sin embargo, los nuevos reformadores deben recordar que no se ha borrado el horizonte de una lucha larga, muy dura y que, por nacional y exitosa, puede ahora servir para unificar otras muchas resistencias. Las de comunidades y organizaciones sindicales contra los proyectos de despojo de sus derechos y de su patrimonio educativo, cultural y de territorio. Las que, cada vez más, sólo confían en la fuerza de su unidad.

*UAM-X

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