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Tomado de jornada

Magdalena Gómez

Dentro de las más diversas antinomias que se viven en el país, entre el nuevo gobierno federal y los pueblos indígenas que se oponen a megaproyectos y defienden su autonomía y territorios, encontramos que el 10 de abril, al cumplirse 100 años del asesinato de Emiliano Zapata, se mostraron con claridad elementos que permiten preguntarse si de parte oficial hay en efecto ruptura con la trayectoria de apropiación de liderazgos históricos cuya raíz corresponde a los pueblos y cuyas demandas han heredado y reivindican en los tiempos actuales.

No es casual el nombre del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), como no lo es la reiterada consigna, para nada retórica, de «Zapata vive, vive, la lucha sigue y sigue». Emiliano Zapata permanece en vínculo estrecho y simbólico con las luchas y demandas de los pueblos de Morelos y otras regiones del país.

En el poco tiempo que lleva frente al nuevo gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha marcado una distancia insalvable con sus decisiones ante el Proyecto Integral Morelos (PIM), en abierta contradicción con el respaldo que había ofrecido a los pueblos opositores al mismo, en sus tiempos de aspirante. Como sabemos, ya investido de poder, el pasado 10 de febrero acusó en Cuautla a sus líderes de radicales conservadores y anunció para los días 23 y 24 de febrero una llamada consulta ciudadana para intentar validar la operación de la termoeléctrica Huexca. Muy significativo fue que la reafirmó sin considerar siquiera la necesidad de cancelarla, ante la noticia del asesinato en Amilcingo, tres días antes, de Samir Flores, líder y vocero de los opositores al PIM. Al contrario, su primera reacción fue confirmarla e insinuar que ese crimen buscaba la suspensión. Quiénes y por qué lo eliminaron sigue sin esclarecerse.

Ahí se encuentran las razones para el masivo rechazo a su presencia en Chinameca en el referido aniversario. La lideresa de Huexca Teresa Castellanos afirmó categórica: «Estamos contra López Obrador porque él está en contra de nosotros, pero nosotros no venimos a hacerle la guerra; él vino a hacernos la guerra». Ante tal evidencia, el Presidente trasladó la conmemoración a la Plaza de Armas de Cuernavaca, donde destacó los ideales del héroe revolucionario, en compañía de parte de su gabinete, el gobernador de Morelos y legisladores. Fue muy contrastante con la conmemoración popular, en Chinameca, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala; la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos; el Congreso Nacional Indígena; el Concejo Indígena de Gobierno y las redes de apoyo al CIG. Ahí se refrendó la ruptura con el nuevo gobierno federal, la oposición a la termoeléctrica de Huexca y al gasoducto que la acompañaría, así como la exigencia de justicia para Samir Flores. En ese acto, Marichuy, quien fue propuesta para aparecer en la boleta electoral de 2018 como candidata a la Presidencia, leyó un pronunciamiento del EZLN, firmado por el subcomandante Moisés, quien denunció que en su territorio se ha incrementado la presencia militar igual que se hacía en sexenios pasados, y señaló que el actual gobierno federal «quiere secuestrar la imagen de Emiliano Zapata Salazar para que, con su muerte, muera también la defensa de la tierra, que es como nosotros, los pueblos originarios, llamamos a la vida». Ante tal postura compartida por amplios sectores indígenas y campesinos que realizaron sus propios homenajes en otras regiones del país, muy pálido aparece el decreto presidencial que declaró 2019 el año de Zapata. Esta dispu­ta es no sólo por la historia, sus liderazgos y reinterpretaciones, sino por la vida misma de los pueblos, me evocó al texto clásico de Guillermo Bonfil sobre el control cultural que analizó lo propio y lo ajeno, y que bien podemos trasladarlo al control político cuando refiere que aunque los elementos culturales, e histórico-políticos, agrego, siguen siendo propios, «la decisión sobre ellos es expropiada. El bosque es de la comunidad, pero lo tala una compañía maderera de acuerdo con sus intereses, con sus obreros y sus máquinas». Bonfil anotó procesos básicos: la respuesta autónoma como resistencia en defensa a lo propio frente a imposición, ante la agresión, ante la dominación ajena. También dio cuenta de lo que llamó presión desproporcionada, que para el caso, se está expresando en los planes gubernamentales de imposición de megaproyectos aparte del PIM, el Tren Maya, el Corredor Transístmico, confiados en el respaldo al Presidente, electo con 30 millones de votos. Finalmente, poco juarista está resultando el actual gobierno con aquello de que el respeto al derecho ajeno es la paz. El de los pueblos no es propio del Estado. Ante amenazas de despojos, nada augura la paz.

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