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Tomado de jornada

Gilberto López Y Rivas

No son suficientes consultas a modo, marcadas por un crimen político, como la llevada a cabo el 23 y 24 de febrero en algunos puntos arbitrariamente escogidos o vetados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, para doblegar la voluntad de los pueblos de oponerse a proyectos de muerte como el que se pretende imponer en estos tres estados con una termoeléctrica, un gasoducto y un acueducto, cuyo propósito fundamental es beneficiar los enclaves industriales existentes y por construir.

En los días posteriores, organizaciones representativas de la lucha contra el Proyecto Integral Morelos (PIM) hicieron pública su decisión de continuar su resistencia por las vías pacíficas, legales y políticas, como lo han hecho a lo largo de más de siete años, sufriendo las violencias institucionales y clandestinas del Estado, al servicio de las corporaciones capitalistas, cuya última víctima fue Samir Flores Soberanes, connotado comunicador y dirigente indígena asesinado el 20 de febrero, un día después de cuestionar al delegado federal, Éric Flores, en un evento de apoyo al PIM. El 19 de febrero, representantes de pueblos y ciudadanos de los tres estados, solicitaron a la CNDH medidas cautelares para opositores al PIM, en la ratificación de una queja por la violación del PIM a derechos humanos fundamentales y los colectivos de pueblos originarios. Nada detuvo a los esbirros.

El fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, a escasas horas del atentando, revictimizaba a Samir y su familia, al declarar que se trataba de un ajusticiamiento propio de la delincuencia organizada, y al aventurar una insólita línea de investigación que direcciona la responsabilidad de esta muerte, ¡en sus compañeros del movimiento!

El 28 de febrero, la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos da a conocer su palabra y decisión de lucha, dirigiéndose a los cerca de 20 mil habitantes de ese estado que votaron por el NO a la termoeléctrica de Huexca, enfrentando la desinformación y la manipulación de una consulta violatoria de la Constitución y la jurisprudencia internacional en materia de derechos indígenas, en la que el gobierno fue juez y parte, y sin una instancia independiente que monitoreara el ejercicio «democrático» en el que participó no más de 1 por ciento del padrón electoral.

Aún en estas condiciones, la asamblea destaca que: «Los resultados de la simulada, ilegal e ilegítima encuesta son claros, los municipios alrededor de la termoeléctrica, Yecapixtla, Ocuituco, Tetela del Volcán, Hueyapan, Zacualpan, Temoac, Jantetelco, Ayala y Cuautla, conscientes de que lo que está en juego es el futuro del territorio y la vida, dijeron un rotundo NO, 11 mil 409 contra la termo, y sólo 4 mil 975 por el sí. El pueblo digno y rebelde de Tepoztlán es contundente con su voto por el NO. Las comunidades indígenas de Huexca y el municipio de Hueyapan con sendas asambleas comunitarias se han sumado al NO, como es la forma que las comunidades y los pueblos indígenas tenemos para decidir el rumbo que queremos, que está reconocido en el Convenio 169 de la OIT, mismo que el gobierno desconoce.»

Por ello, la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos se dirige al presidente Andrés Manuel López Obrador para comunicarle que desconoce el «supuesto ejercicio democrático»; también señala que no confía en su delegado en Morelos, «por sus antecedentes derechistas y defensor de asesinos en el estado de Chiapas y hacia quien apuntan las líneas de investigación por el asesinato de nuestro hermano Samir Flores Soberanes»; se exige, además, que la fiscalía federal atraiga este crimen y se destituya al fiscal estatal. Con base en la votación de los municipios afectados, se demanda la cancelación definitiva de la termoeléctrica de Huexca y el fin de la criminalización de la lucha social.

Por su parte, el abogado Juan Carlos Flores Solís, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, preso diez meses por su activismo contra el PIM, dio a conocer los amparos interpuestos por las comunidades de Huexca y Anenecuilco, y otros ejidos de esta región morelense para que la Comisión Federal de Electricidad se abstenga de descargar aguas contaminadas en el río Cuautla, y para que no utilicen el agua de riego de sus cultivos. También se dan a conocer los amparos ganados en el estado de Puebla contra el gasoducto, y la interposición de nuevos amparos contra la consulta de febrero. Los pueblos originarios conocen muy bien los límites del ámbito jurídico si no va acompañado de movilizaciones políticas. Mañana, 9 de marzo, el pueblo de Amilcingo recibirá a delegados de todo el país, para acordar un plan de lucha contra los megaproyectos de la Cuarta Transformación capitalista, mientras el 10 de abril, habrá actos políticos en todo el país en defensa de la vida, la autonomía y los territorios, y contra la manipulación oficialista de Emiliano Zapata.

¡Zapata y Samir viven, la lucha sigue!

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