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Tomado de jornada

Mauro Jarquín Ramírez*

En noviembre de 2017 se realizó en Casa Lamm la presentación del libro titulado El estallido del populismo, coordinado por Álvaro Vargas Llosa. El acto fue organizado por Caminos de la Libertad, una organización promercado perteneciente a Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego. Como presentadores se encontraban Pedro Aspe y Sergio Sarmiento. La discusión versó básicamente sobre la amenaza que representaba el avance del “populismo” para la libertad de emprendimiento, por lo cual tenía que ser combatido antes de que fuera demasiado tarde. Según los presentadores, el temido fantasma populista acechaba ya nuestro país, personificado en AMLO y su proyecto de nación. Consecuentemente, Salinas Pliego, de la mano de Grupo Salinas, llamaba a la unidad frente a la amenaza izquierdista, con el fin de proteger las libertades de empresa y la “democracia”.

De manera curiosa, un año después Salinas Pliego era presentado como integrante del Consejo Asesor Empresarial del “populista” AMLO. Con ello, el quinto hombre más rico del país se ubicaba en una posición privilegiada para discutir los problemas nacionales más importantes, acompañado de otros multimillonarios, como Miguel Alemán, Carlos Hank González y Daniel Chávez Morán, quienes de la noche a la mañana, pasaron de ser empresarios cercanos a los gobiernos neoliberales a importantísimos aliados del proyecto lopezobradorista. Días después del anuncio del Consejo Asesor –coordinado por Alfonso Romo– aparecería en los medios el empresario Javier Garza Calderón anunciando la creación de la Asociación de Empresarios por la Cuarta Transformación, dando paso con ello a un nuevo ciclo de acuerdos entre capital y gobierno.

Con la conformación del Consejo Asesor y la Asociación, los grandes empresarios mexicanos han demostrado una vez más gran capacidad de organización política en favor de sus intereses. Ellos saben bien que el inminente conflicto experimentado por el capitalismo nacional entre acumulación privada y legitimidad social se definió por muchos años a favor de un enriquecimiento oligárquico, favorecido abiertamente por los gobiernos del PRI y del PAN, lo cual generó un gran rechazo popular hacia quienes fueron los partidos del régimen, como pudo ser visto en los resultados electorales del pasado primero de julio. El gran capital es consciente de que sus negocios requieren revestirse de legitimidad más que nunca… y que no hay mejor instrumento que el bono democrático del gobierno de AMLO para tal efecto. Es necesario, pues, construir “alianzas estratégicas” (es decir, momentáneas) con el actual gobierno.

Llama la atención que a pesar de encontrarse en el centro de la problemática nacional, el empresariado ha salido paulatinamente de los grandes debates en medios. En parte, esto se debe a que en ciertos sectores de Morena la apreciación positiva de la alianza entre el lopezobradorismo y los empresarios “dependientes del mercado interno” ha echado raíces profundas, aun con sus posibles efectos desmovilizadores en las bases del partido, incluso en los sectores considerados más progresistas. Esta idea que identifica un presunto “interés común” entre ese empresariado nacional y el pueblo mexicano, pasa por alto que tales oligarquías lograron consolidarse como tales mediante la explotación del trabajo doméstico, de favores políticos de gobiernos pasados, de destrucción medioambiental y del sostenimiento de un régimen pluralista, pero antidemocrático.

La polémica desatada en semanas recientes sobre el Tren Maya nos deja ver hasta dónde ha permeado la aceptación acrítica de los intereses oligárquicos en el megaproyecto, el cual, entre otras cosas, incrementará los precios de los predios y la afluencia a complejos turísticos. No es fortuito que para los grandes hoteleros, el Tren “debió de haberse construido antes”, ni que los mismos hombres de negocios estén dispuestos a invertir en él. Una lista de empresarios cercanos al gobierno serán sumamente beneficiados con el proyecto, entre ellos, Javier Garza Calderón, ex salinista y presidente del Grupo Oneo (antes Domos) empresa dedicada a manejo de residuos, tratamiento de agua, telecomunicaciones y desarrollo de proyectos inmobiliarios. Desde 2009 se ha dedicado al tratamiento de los desechos sólidos en Cancún, gracias a una concesión otorgada originalmente por 20 años. El empresario también se beneficia del Parque Industrial IBC de Chetumal, ubicado a pocos kilómetros del aeropuerto, donde vende terrenos “con alta plusvalía”. Cerca de ahí, Oneo también tiene inversiones en Villa Manatí, complejo recreativo que brinda servicios turísticos e incluye una Plaza Comercial.

Daniel Chávez Morán, fundador de Grupo Vidantala, empresa turística y de entretenimimiento, tiene fuertes inversiones en Playa del Carmen, donde operan los hoteles de lujo The Grand Mayan y The Mayan Palace, ha declarado también estar interesado en invertir en la edificación del Tren Maya.

Carlos Hank González, presidente de Banorte y director general de Grupo Hermes, grupo empresarial entre cuyas actividades se encuentra la inversión en infraestructura y desarrollos turísticos. Los intereses de la familia Hank en el sureste comenzaron desde el gobierno de Salinas de Gortari, cuando Carlos Hank adquirió cientos de hectáreas de gran plusvalía en Cancún, en cuyo terreno se encuentra ubicado el Secrets Playa Mujeres. Desde 2012 tiene también inversiones en Mérida, cuando el gobierno de Yucatán adquirió una deuda multimillonaria con Hermes Infraestructura, propiedad de su padre, Carlos Hank Rhon, para la construcción del Gran Museo del Mundo Maya.

Ante las voces que apuntan a la concertación total entre empresarios y gobierno, vale la pena preguntar… ¿a quién se defiende cuando se defiende el Tren Maya?

* Politólogo e integrante del Seminario de Perspectivas Crí ticas en Educación en México y Latinoamérica

@MaurroJarquin

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