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IPS

El Comité de Derechos Humanos de la ONU sacudió este viernes al Estado mexicano con una serie de observaciones en el terreno del respeto a los derechos humanos. Al concluir su 98 periodo de sesiones, este grupo especializado de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), con sede en Nueva York y formado por 18 expertos independientes, mostró su inquietud en cuanto al uso del arraigo prolongado, la violación de derechos de las mujeres, la tortura y la seguridad de los periodistas y activistas humanitarios.

En su reporte de ocho páginas, expresó «su preocupación por la falta de progresos significativos» en la violencia contra las mujeres, el despliegue de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad pública y otras agresiones.

El Comité, que este viernes también difundió las sugerencias para Argentina, Nueva Zelanda y Uzbekistán, es el responsable de velar por el cumplimiento de los Estados parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente desde 1976 y ratificado por México en 1981.

Sus miembros evaluaron el caso mexicano los días 8 y 9 de este mes en una agenda que incluyó la violencia de género, la aplicación de tortura, los abusos del ejército en su lucha contra el narcotráfico, los derechos de los pueblos indígenas y las agresiones contra los defensores de derechos humanos y los periodistas.

«Aplaudimos las observaciones, pues diversas organizaciones de derechos humanos hemos venido denunciando casos como el arraigo, una figura que abre la puerta a que se cometan atropellos», dijo a IPS Mayra López, abogada de la no gubernamental Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Esta organización acudió a Nueva York a denunciar hechos de este tipo y abusos otros cometidos por soldados en el combate al narcotraficante.

La reforma penal de 2008 incluyó la extensión del periodo de detención preventiva hasta por 80 días, sin estar bajo un proceso judicial formal, lo cual, según las ONG de derechos humanos, viola el derecho al debido proceso y fomenta el uso de la tortura para obtener confesiones.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el más alto tribunal mexicano, declaró en 2005 inconstitucional la detención preventiva, pero eso no obstó para que el Congreso legislativo aprobara la reforma.

Además, en 2008 el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la detención arbitraria consideró como tal ese mecanismo legal.

El Comité señaló en su informe que «observa con preocupación la persistencia de la tortura y los malos tratos por parte de las autoridades policiales, el escaso número de condenas de los responsables y las sanciones leves impuestas a los autores».

Las recomendaciones del Comité ocurren en medio de un creciente clima de violencia atribuido a los embates de militares y policías contra las mafias que se disputan el lucrativo mercado de sustancias ilícitas.

Tras asumir el gobierno en diciembre de 2006, el conservador Felipe Calderón lanzó a las calles a miles de soldados para luchar contra el crimen y, desde entonces, la cifra de homicidios relacionados con el narcotráfico alcanza los 18.000, según estadísticas periodísticas.

Además, por esa campaña el ejército ha sido acusado de graves quebrantos a los derechos básicos.

En ese sentido, el Comité «observa con preocupación que los tribunales militares tienen jurisdicción para juzgar los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por personal militar cuando la víctima sea un civil».

El Código de Justicia Militar, que data de 1933, establece un fuero especial para los delitos civiles que cometan los soldados en el ejercicio de sus funciones.

Pero el Estado mexicano está obligado a reformar esa legislación, como lo conminó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el máximo tribunal continental, en su sentencia de noviembre por la desaparición forzada de un dirigente comunitario.

El Comité de la ONU analizó el informe presentado en agosto de 2008 por el gobierno de Calderón. La última vez que México fue sometido a examen en este ámbito fue en 1999.

En su reporte de 1999, el Comité señaló su preocupación en 16 asuntos, como la tortura, la desaparición forzada, la intervención de efectivos militares en tareas de seguridad pública, el asesinato de periodistas y la violencia de género, entre otros.

«El Estado necesita replantear su papel en el multilateralismo, porque no puede tener esta dicotomía de ir al Comité, recibir recomendaciones y luego no hacer nada a nivel interno», indicó a IPS Darío Ramírez, director para México y Centroamérica de la organización inglesa Artículo 19.

Ramírez estuvo presente en las audiencias de Nueva York para denunciar las amenazas contra la libertad de expresión y la creciente violencia en contra de los periodistas.

Cuatro periodistas ya fueron asesinados en lo que va de 2010 y 13 en 2009, lo cual ha convertido a México en el peor sitio latinoamericano para ejercer el oficio, delante de Colombia.

El Comité «lamenta la falta de medidas eficaces adoptadas por el Estado parte para proteger su derecho a la vida y la seguridad y sancionar a los autores de esas violaciones».

«El Estado debe atender las recomendaciones, que son eso, meras recomendaciones, pero vamos a insistir en que se acaten», enfatizó López.

El gobierno anunció que creará un mecanismo de protección para promotores de derechos humanos y periodistas.

Desde 2006 funciona la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, adscrita a la Procuraduría (fiscalía) General de la República, que ha sido criticada por sus resultados inocuos.

«Queda claro que las medidas que se han tomado para proteger la vida y la seguridad de los profesionales de la comunicación no han sido efectivas», destacó Ramírez.

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