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Gilberto López y Rivas

Sin duda, se vive un momento histórico del México contemporáneo, porque por primera vez en muchas décadas se respetó la voluntad popular expresada en las urnas; no se impuso un fraude de Estado, ni la caída del sistema, ni el cínico “haiga sido como haiga sido” de Felipe Calderón; esta es una conquista trascendente del pueblo mexicano que, sin disminuir ni subestimar, es necesario analizar desde el pensamiento crítico y la lucha de los pueblos originarios en defensa de los territorios, la madre tierra y la vida.

Esta transición no se debe a una súbita vocación democrática del régimen priísta, sino a tres factores interrelacionados que impidieron la imposición del tradicional fraude de Estado: 1) La extraordinaria participación ciudadana de más de 60 por ciento del padrón electoral. 2) La fractura de la clase política de los principales partidos, el PRI y el PAN, que fueron a la elección separados, y con conflictos internos que se profundizaron durante la campaña. 3) El voto de castigo de millones de electores que se pronunciaron por un cambio.

No obstante, destaca la capacidad del Estado para reconstituirse: el triunfo de la masiva intervención de la ciudadanía, se trastocó rápidamente en una “victoria de las instituciones” y el “sistema democrático”. Atrás quedó la violencia desplegada a lo largo y durante el proceso electoral, y muy pronto fueron olvidados los 132 candidatos asesinados.

El reconocimiento del candidato oficialista la noche de la elección, y la tersa secuencia de eventos que culmina con el mensaje de Enrique Peña Nieto y el discurso conciliador del candidato ganador, hace pensar en una concertación a partir de la cual no habrá castigo por los crímenes de Estado y lesa humanidad del gobierno saliente, ni litigio penal sobre el visible saqueo del erario y la evidente complicidad de los tres niveles de gobierno con el crimen organizado.

Asimismo, es significativo que en su primer discurso como candidato ganador, López Obrador mande un mensaje a las corporaciones capitalistas para tranquilizarlas de que no tomará medidas “radicales”, “se respetarán los contratos”, “no habrá expropiaciones” y, en ese contexto, hay que entender su lema preferido: “Por el bien de todos, primero los pobres”, sobre el que cabe preguntar: ¿Quiénes son “todos”?

También, se reiteró la idea rectora-casi-única de toda la campaña de que la corrupción es la matriz de todos los males del país, negando AMLO que ésta sea inherente al capitalismo, cuya piedra angular es la expropiación del trabajo de la clase trabajadora y la desposesión de territorios-recursos-naturales-estratégicos por sus corporaciones. El presidente electo niega que la ley del valor-explotación-plusvalía-lucha-de-clases aplique para México, insistiendo en el factor de la corrupción. (https://www.facebook.com/morena.socialista /videos/632778547067850/.)

Esta peculiar perspectiva de López Obrador, que corrige a los “clásicos” del marxismo, es muy importante para el rumbo que siga la resistencia de los pueblos originarios frente al proceso de recolonización de los territorios por las trasnacionales capitalistas, la cual es visibilizada por el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y su vocera, Marichuy, durante toda la campaña. Mineras, corredor transístmico, refinerías, proyectos carreteros, trenes balas y una luna de miel con el empresariado, son malas señales para los pueblos originarios.

Por su parte, dirigentes de organizaciones indígenas en torno a AMLO presentaron un documento programático que, con la fraseología del zapatismo, incluso con el uso del “mandar obedeciendo”, propone, en suma, y como principal propuesta, un retorno al indigenismo ya superado desde el diálogo de San Andrés, ahora bajo la conducción de una burocracia indígena que conformaría una nueva secretaría de Estado.

Marichuy declaró que lo realmente significativo vendrá ahora y que lo trascendente es organizarse si se desea llevar al país hacia un cambio verdadero; se trata de resistir a las corporaciones capitalistas y a los gobiernos que las protejan, actuando desde donde se esté, en barrios, colonias, ciudades o pueblos indígenas.

El límite de la democracia representativa es que la participación ciudadana se concentra en un sólo día, a partir del cual, los asuntos públicos son monopolio de una clase de políticos profesionales que se desentiende del electorado. El EZLN y el CIG, en cambio, proponen una democracia de nuevo tipo, la democracia autonomista que se fundamenta en una construcción de poder y ciudadanía desde abajo; como forma de vida cotidiana, de control y ejercicio del poder desde el deber ser, esto es, con base en términos éticos. No es un medio o procedimiento de reproducción de estamentos burocráticos, sino un pacto social y político, un constituyente de todos los días que opera unitariamente en todas las esferas y órdenes de la vida.

Por esta democracia, la lucha seguirá, hombro con hombro con los pueblos, abajo y a la izquierda.

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