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Tomado de jornada

Magdalena Gómez

La obtención de firmas para Marichuy nos plantea una serie de problemáticas que se cruzan, algunas comunes al resto de aspirantes y otras que la distancian. Hasta hoy, una denuncia unánime ha sido contra la aplicación de apoyo ciudadano. Aun cuando para el caso de Marichuy, hemos de señalar que el impacto negativo es mayor. Ya la asociación civil Llegó la Hora del Florecimiento de los Pueblos acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de ser discriminatorio, clasista, de engañar a la sociedad y haber incumplido la ley con la aplicación informática para conseguir más de 800 mil firmas, para el registro de la vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), María de Jesús Patricio, Marichuy, como candidata independiente a la Presidencia de la República. Presentó un análisis detallado, donde dio cuenta de los factores clasistas y racistas, pues el costo promedio de los dispositivos es de 5 mil pesos, equivalente a los hasta tres salarios mínimos que gana 81.7 por ciento de la ­población.

Lejos queda la posibilidad de que las firmas para Marichuy se obtengan prioritariamente, ” ahí donde no llega ningún candidato, ahí donde no hay señal de celulares, ahí donde es imposible llevar una fotocopiadora, donde muchas veces no hay siquiera luz eléctrica, ahí donde desde el poder se corta la señal de telefonía”. Ahora el INE quiere dar oportunidad a todos los aspirantes para que recaben las firmas en papel, lo que dice la ley, en 283 municipios pobres del país, sin importar si presentaron la solicitud. Que se guarden la ironía los consejeros del INE, no es la curva de aprendizaje para manejar su app, estamos ante la evidencia del racismo imperante, del país imaginario donde nunca les pasó por la cabeza que una mujer indígena se registrara como aspirante independiente a la Presidencia de la República. Pero no sólo eso, una indígena que no aspira a mejorar las prácticas del sistema y promover políticas públicas de género, que son legítimas, pero no es ese el horizonte del Concejo Indígena de Gobierno y su vocera.

No es para eso que han iniciado un vasto movimiento para organizarse y unirse con otros que son igualmente afectados por el proyecto neoliberal, por el duopolio Estado-empresas. Aquí queda una diferencia radical con el resto de aspirantes que vienen de la misma cepa y prácticas de la clase política y de sus partidos, que su independencia es relativa y que con ellos tienen a una parte de la clientela, es mucho decir militancia, de sus casas matrices.

Como ya se ha dicho hasta el cansancio, todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Entre paréntesis, alguien debería aclarar al INE que no es lo mismo promover acciones afirmativas para personas indígenas, así sean mujeres, que promover y garantizar la representación política de los pueblos indígenas, que no es lo mismo reunir a uno o varios centenares de indígenas, que convocar a sus pueblos y respetar sus formas propias de organización. Vaya, que la autonomía y libre determinación no es un derecho de las personas, y no se cumple con personas sin aval de sus pueblos. La culpa no es del INE sino del Estado del que hace parte. Consciente de ello, la referida asociación señaló que desde el inicio se tuvo claro “que entrábamos a una forma de entender y hacer la política profundamente excluyente, discriminatoria y antidemocrática”.

Lejos está este reconocimiento de la mirada de consejeros como Marco Antonio Baños, quien refirió cifras sobre firmas recabadas, como evidencia de que la app sí sirve, y agregó que “han dramatizado un poco el asunto” (La Jornada, 8/11/17). En efecto, ya se logró que se modificara la aplicación de celular, para que si en un primer intento los auxiliares de los aspirantes no pueden tomar la fotografía del ciudadano, continúen el procedimiento de manera manual. Habrá que ver, además, si la ampliación del plazo para recabar firmas –hasta el 19 de febrero de 2018– modifica los problemas que se han denunciado. Pese a ello, no debemos perder de vista que el proyecto del CIG y su vocera tiene sus propios desafíos internos, uno es que en los hechos camine, como ya lo está haciendo por todo el país, en busca de ampliar la organización y el proceso de recabar firmas camine también, pero en paralelo y en espacios urbanos, sin un vínculo fuerte entre ambos.

El anhelo de echar a perder la fiesta a la clase política, como han señalado, ¿se cumplirá sólo con la aparición de la vocera Marichuy en la boleta electoral?, lo cual no sería menor, pero la cargada mediática, puede amortiguar ese impacto. Sin embargo, si los pueblos y sus organizaciones asumen como parte de su organización el sentido y tarea de recabar firmas en sus territorios y ahí donde encuentren obstáculos, los denuncian, como hicieron en Chiapas, en la gira del CIG por los caracoles zapatistas, otro será el horizonte, independientemente de su resultado inmediato.

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